Tal como había prometido durante la campaña, Javier Milei le puso la firma al decreto que suspende la pauta publicitaria.

“Suspéndense por el plazo de UN (1) año, contado a partir de la publicación del presente decreto, las campañas institucionales de publicidad y de comunicación con carácter oneroso que realice la ADMINISTRACIÓN CENTRAL”, establece el artículo 1° de la medida que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

“La autoridad de aplicación podrá, por acto debidamente fundado y siempre que las circunstancias lo hagan oportuno, prorrogar la suspensión dispuesta por el presente”, aclaró el Gobierno Nacional.

El Decreto 89/2023, publicado esta madrugada, exceptúa de la suspensión a “los actos de publicidad oficial cuya obligatoriedad surja de la normativa vigente, así como a las campañas que resulten derivadas de casos de fuerza mayor o necesidades comunicacionales puntuales debidamente justificadas que pudieran sobrevenir”.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo justificó la decisión señalando que “en las actuales circunstancias resulta conveniente suspender la realización de campañas no esenciales con el doble objetivo de adecuar las estructuras y procedimientos y hacer más eficiente el gasto”.

“En consecuencia, corresponde discriminar, en lo relativo a la publicidad de los actos de gobierno, a aquellos en los que la misma resulte necesaria, de aquellos en los que puede ser omitida siguiendo criterios de oportunidad y conveniencia”, precisa el Decreto que lleva la firma del Presidente y de su jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Para dar sustento a la medida que afectará a los medios de comunicación, el Gobierno insistió con que “en la actual coyuntura resulta fundamental profundizar los criterios de austeridad y eficiencia en el uso de los escasos recursos públicos existentes, asignándose los mismos a cuestiones prioritarias, bajo las presentes condiciones”.

“El establecimiento de una suspensión temporal de la realización de campañas de publicidad oficial debe dejar a salvo aquella cuya obligatoriedad derive de la normativa vigente –publicación de leyes, decretos, decisiones administrativas y resoluciones, entre otros-, así como las excepciones derivadas de fuerza mayor o necesidades comunicacionales puntuales debidamente justificadas que pudieren sobrevenir”, concluyó.

La idea de ponerle fin a la pauta publicitaria había sido anunciada por Milei a lo largo de la campaña electoral y luego ratificada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a dos días de la asunción cuando comunicó la reducción de la estructura estatal y la decisión de dar de baja los contratos del personal que entró en funciones durante 2023.

La medida también había sido adelantada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Las erogaciones del Gobierno en este rubro representaron $34.000 millones en pauta publicitaria de la Presidencia y los ministerios durante 2023, según comunicó “Toto” Caputo en la presentación oficial del paquete de medidas económicas.

En la misma sintonía, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció la semana pasada el recorte de la pauta oficial en el Congreso. “En consonancia con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, iniciamos hoy un camino de austeridad. Se termina la pauta publicitaria a partir del día de la fecha”, informó el pasado viernes 15 de diciembre el dirigente riojano en sus redes sociales.

Según informó en su primer medida de recorte de gasto público, “durante todo el 2023 esta Cámara erogó en ese concepto 1.700 millones de pesos, equivalentes a más de 3 millones de dólares”.

El presupuesto más importante en lo que respecta a la publicidad oficial depende del Poder Ejecutivo. Se trata de partidas destinadas a la difusión de la gestión de la administración nacional, las empresas o sociedades del estado, los entes descentralizados del mismo u otros organismos donde la participación mayoritaria sea gubernamental. A cambio de estos fondos, se difunden campañas a través de distintos medios de comunicación gráficos, web o audiovisuales, como el anuncio de medidas económicas, pago de jubilaciones, campañas preventivas de salud, entre otras.

Solo son elegibles para recibir publicidad oficial los medios, productoras de contenidos y/o comercializadoras de espacios publicitarios que al momento de la asignación se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO).

La decisión del Gobierno generó el rechazo de sindicatos de prensa y entidades sectoriales. El presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Martín Etchevers, recordó días atrás que “hacer periodismo profesional es costoso” y que “la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema” señaló que “el Estado no puede desentenderse de la viabilidad de la prensa”. Además, indicó que la publicidad de los actos de gobierno es un principio derivado de la Constitución y forma parte de las políticas políticas públicas vinculadas a la sostenibilidad de los medios.

“Es algo que existe en todo el mundo y también aquí, desde el retorno de la democracia. Que hace a la rendición de cuentas de la gestión, a la transparencia de las contrataciones, a la necesidad de campañas sanitarias o de servicio al ciudadano. Una práctica que requiere ser canalizada a través de organizaciones empresarias formales y establecidas, que cumplan con la ley. La publicidad oficial no puede ser ni un subsidio ni un beneficio. Mucho menos un premio o un castigo. Y si hubiera casos en que lo fuera, deben ser corregidos”, subrayó el dirigente sectorial en su 61° Aniversario de la fundación de la entidad.