La gestión de Axel Kicillof salió a defender la ley fiscal impositiva 2024 que presentó la semana pasada en la Legislatura y que incluye una actualización que va del 140 al 300% en el pago de los impuestos inmobiliarios tanto urbano como rural, además de baldío. Si bien las negociaciones parecían encaminadas en el marco de un paquete de leyes que incluían, además, una ley tributaria, un pedido de endeudamiento -con algunos artículos que incluyen la creación de dos empresas del Estado- y la prórroga en emergencias en distintas áreas, en las últimas horas las conversaciones se plancharon. Podrían acelerarse si hay una exposición del titular de ARBA, Cristina Girard, y del ministro de Economía, Pablo López. Se especulaba con que podría ser este miércoles. Al cierre de esta nota, desde el Ejecutivo no tenían por confirmada esa versión. Mientras tanto, el ministro de Economía salió a remarcar que “el aumento promedio de los Inmobiliarios Rural y Urbano será de 200%”, un 10% abajo de la inflación interanual de diciembre 2022 a 2023 y que “la enorme mayoría tendrá aumentos por debajo, es decir, caída en términos reales”.
Las negociaciones con la oposición van por distintos carriles. Lo que hasta la semana pasada era un principio de entendimiento entre el Ejecutivo y Juntos para conseguir los votos, en las últimas horas las conversaciones se enfriaron. Este miércoles podrían acelerarse. En la oposición presionan para que el titular ARBA y el ministro de Economía asistan a la Legislatura. Aún resta saber cómo se van a mover los bloques libertarios que tanto en Diputados como en el Senado están fragmentados. Por ejemplo, los monobloques BA Libre -que tienen presencia en ambas cámaras y que responden a la ex candidata a la gobernación de Milei, la diputada nacional Carolina Píparo- adelantaron que rechazarán las iniciativas. “No vamos a ser cómplices del impuestazo que Axel Kicillof pretende imponer en la provincia de Buenos Aires. El aumento que proponen es exorbitante”, sostuvo por caso la senadora Betina Rivas
Juntos también está fragmentado en ambas cámaras y cada espacio -PRO-UCR-CC- tiene sus propios bloque. Sin embargo, hasta el momento, son con en el PRO y con la UCR con quien el oficialismo lleva adelante la negociación. Las conversaciones por el Ejecutivo las encabeza -además de López- la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila. Según pudo saber Infobae, hasta la tarde de este martes los tres bloques que integran Juntos en la Cámara de Diputados coincidían en que “así cómo está la ley fiscal”, no la acompañaban.
Para defender la ley impositiva, el ministro de Economía bonaerense remarcó en las últimas horas que “en 4 años no aumentamos impuestos y seguimos en esa línea. Los últimos montos se fijaron en diciembre de 2022, de ahí la inflación a hoy acumulará más del 210%.. Para cuando se empiecen a pagar estos impuestos en febrero/marzo de 2024, los privados estiman una inflación acumulada desde enero de 2023 de más de 300%”.
La disputa discursiva pasa por el aumento del 300% de impuestos. En el gobierno bonaerense aclaran que “sólo el 8% de las partidas, las propiedades más grandes y valiosas, pagará en línea con la inflación”; es decir ese incremento del 300% en discusión.
“Más allá de los aumentos, que no lo son en términos reales, los valores absolutos en el Urbano son: para el 31,6% de las partidas el impuesto anual no supera los $5.000, es decir, cuotas de menos de $1.000. Para el 49,1% de las partidas no superará los $10.000 anuales, es decir, cuotas de menos de $2.000. Y solo un 15% tendrá que pagar un valor anual mayor a $50.000″. detalló López en un mensaje en sus redes sociales que fue replicado por el gobernador y buena parte de su Gabinete.
En su argumentación en defensa de la ley fiscal impositiva, el funcionario encargado de administrar las finanzas provinciales también hizo hincapié en que en la Provincia vive el 44% “de las personas más vulnerables del país”, y que Buenos Aires es “la provincia más perjudicada por un sistema de coparticipación federal de impuestos que es a todas luces inconstitucional y que le impide contar con los recursos que necesita”. En la gestión de Kicillof repiten que Buenos Aires aporta el 37% de los recursos nacionales y recibe el 22%. Por eso, cuando entra en discusión el tema del recorte de las transferencias discrecionales de la Nación hacia las provincias, la administración bonaerense suele destacar este diferencial negativo.
En las últimas semanas el propio Kicillof también detalló que Buenos Aires es la provincia que menos gasta, poniendo como ejemplo la cantidad de empleados públicos por cada mil habitantes. Porcentualmente es la que menos tiene. 650.000 trabajadores para 17 millones de habitantes.
A la ley fiscal impositiva también se le suma un pedido de endeudamiento por una suma nominada en dólares y similar a US$ 1800 millones de la divisa estadounidense. El texto de ese pedido de deuda incluye además la creación de la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud y del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense. El plan del oficialismo es tratar todo el paquete de leyes el jueves en una maratónica sesión tanto en el Senado como en Diputados.
En lo que respecta a la creación de las dos empresas de atención en Salud, serán sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Kicillof le había adelantado a Infobae meses atrás que en caso de ganar la elección avanzaría con estas iniciativas. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, detalló en las últimas horas que estas iniciativas “son herramientas claves para profundizar la integración del sistema de salud”.
“El Centro de industria farmacéutica bonaerense busca fundar un laboratorio público. Es decir, insertarse en el mercado, producir, comercializar y distribuir medicamentos, vacunas e insumos con valores muy por debajo del mercado, ganando soberanía y generando trabajo”, detalló el titular del área sanitaria bonaerense. A la vez, lo que se busca con la empresa de Emergencias es -según Kreplak- “mejorar el sistema de emergencia de toda la provincia. Una solución en término de inversión , calidad, integración y sostenibilidad ayudando a mejorar los estándares de calidad y el financiamiento a la emergencia en salud”.