El Congreso se mantiene inactivo pese al llamado a sesiones extraordinarias: esperan el DNU y los 11 proyectos de ley

Los diputados y senadores aguardan el llamado a las comisiones para los primeros días de enero y es poco probable que empiecen los debates esta semana. Los legisladores creen que recién en marzo podría sea tratado el decreto de necesidad y urgencia

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Hay pocos legisladores en el
Hay pocos legisladores en el Congreso porque aún no se enviaron los proyectos

El Gobierno nacional llamó a sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero con un temario en donde se destacan tres leyes y varios acuerdos de doble imposición tributaria con diferentes países. Pero ese llamado todavía no se tradujo en un incremento de la actividad en el Palacio Legislativo porque aún no fueron girados los proyectos de ley.

“Es poco probable que vengan esta semana”, explicó un hombre del radicalismo respecto del bloque de diputados. “No llegaron los proyectos, una vez que lleguen tienen que ser girados a las comisiones que aún se tienen que conformar; que vengan esta semana los legisladores desde la provincia no tiene sentido”, agregó.

Cerca del mediodía, desde la presidencia de la Cámara de Diputados confirmaron que el Ejecutivo aún no había enviado los proyectos y eso mantenía paralizada la actividad en la Cámara Baja. Entre las iniciativas que el Gobierno nacional tiene que mandar al Congreso nacional para su tratamiento durante este período se incluyen una amplia ley sobre reforma del Estado, el establecimiento de la Boleta Única de Papel como método de votación en las elecciones nacionales, y la modificación en el régimen del impuesto a las Ganancias. En total son 11 iniciativas, tres de naturaleza política y ocho que tienen que ver con cuestiones administrativas y acuerdos vinculados con doble imposición.

Candidatos a ocupar la comisión
Candidatos a ocupar la comisión que debatirá el mega DNU

“Tienen que llamar a la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo para el DNU de desregularización de la economía pero como el mismo empieza a tener aplicación el 28 de diciembre lo más probable es que se tomen su tiempo y no llegue hasta ese día. En ese momento es poco probable que citen para el viernes a la Comisión, no van a poder llegar los legisladores”, señaló a Infobae un operador de la oposición.

Las fechas empiezan a jugar un rol muy importante y tanto los senadores y diputados las tienen muy presentes. Tanto es así que crece la idea de que el error de no poner fecha de aplicación del mega DNU en el momento de su publicación no fue una equivocación sino que forma parte de la estrategia del gobierno de La Libertad Avanza,

“El Ejecutivo tiene 10 días hábiles para enviar el decreto a la comisión bicameral, el 28 de diciembre es el día en que empieza a ser de aplicación, lo puede mandar hasta el viernes 12 de enero. A partir de ese momento, los diputados y senadores tienen otros 10 días hábiles para dictaminar o no, lo que deja como fecha límite el viernes 26 de enero. Las sesiones extraordinarias son hasta el 31 de enero, por lo que sólo quedan tres días hábiles para que ambas cámaras lo debatan en el recinto y dictaminen. Si no lo hacen, pasa todo hasta el regreso de las sesiones ordinarias el 1° de marzo y el DNU pasa a ser de aplicación durante enero y febrero y el tiempo que tome su tratamiento en marzo. Está claro que no fue un error sino una estrategia para dilatar el tratamiento”, señaló un senador de Unión por la Patria.

Respecto a los legisladores de la Cámara alta del bloque opositor, el presidente del interbloque José Mayans decidió citarlos a los 33 senadores para que estén esta tarde en el Palacio Legislativo para tener una reunión a la espera de que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, cite a la bicameral de DNU.

“Se reactivaron los grupos de WhatsApp. Luego de las fiestas y hoy que apareció el temario los diputados se activaron para intercambiar opiniones. La estrategia a aplicar durante el mes que viene es muy importante porque Ganancias y el mega DNU son temas muy importantes en donde nadie quiere pagar el costo político de la medida de Mieli”.

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