Omar Yasín: “La actitud de la CGT no tiene mucho que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores”

¿Habrá alguna salida al callejón oscuro e intrincado en el que se metieron el Gobierno y la CGT esta semana tras conocerse la reforma laboral? Apenas 11 días después de haber asumido, Javier Milei fue “bendecido” el jueves pasado por el anuncio de la primera protesta de la CGT en su gestión: una marcha a Tribunales para protestar contra las modificaciones laborales contenidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), a las que considera inconstitucionales y dañinas para los trabajadores, además de la amenaza de un paro general, algo que la CGT no practica desde mayo de 2019.

La cúpula de la CGT había estado conversando en secreto con el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero algo se rompió en esa incipiente relación. La iniciativa más dialoguista del Gobierno ahora pareció haber quedado del lado del secretario de Trabajo, Omar Yasín: reveló que el DNU no será modificado, pero que “en la reglamentación se aclararán algunas cosas que les dejan dudas a los dirigentes gremiales”. Aun así, criticó a la CGT por “una decisión que no tiene mucho que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores” y advirtió que “hay un gobierno que ganó con una importante cantidad de votos y tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que prometió en la campaña”. ¿Este funcionario será la llave que logrará pacificar al sindicalismo?

En una entrevista con Infobae, el responsable de la política laboral del Gobierno, que depende del Ministerio de Capital Humano, aseguró que el DNU es “perfectamente constitucional” y que “no disminuye ningún derecho de ningún trabajador”, mientras consideró que el rechazo cegetista a la reforma laboral de Milei se basa en “cuestiones no demasiado consistentes”.

Además, Yasín dijo que “de ninguna manera la Secretaría de Trabajo es pro-patronal sino pro-trabajador y pro-trabajo” y precisó cuál es la política salarial del Gobierno: “Cuidar el valor adquisitivo del salario del trabajador. Las paritarias son libres, o sea, las pactan libremente las partes. Vemos con buenos ojos que las partes decidan establecer un porcentaje de aumento y si ese porcentaje no es lo suficiente se ajuste a través de la cláusula gatillo que lo lleve a por lo menos el índice de costo de vida y que sean cortas, pueden ser de un mes, dos meses, tres meses”.

— Para protestar contra la reforma laboral, la CGT realizará una marcha a Tribunales y el jueves analizará un paro general. ¿Qué le parece la actitud de los sindicalistas?

— En primer lugar, me parece intempestivo el hecho de que a tan poco tiempo de que un gobierno empieza se tomen estas medidas cuando hubo un inmenso tiempo de inacción con respecto al gobierno anterior. Ese contraste hace que que uno tenga en cuenta que es una decisión que no tiene mucho que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores.

— ¿No hubo diálogo con la CGT para evitar esa decisión o el diálogo no fue muy eficiente?

— Una cosa es el diálogo y otra es el consenso para estas normas. Hay un gobierno que ganó con una importante cantidad de votos y tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que prometió en la campaña. Las demás formas se pueden dialogar. Pero todavía puede haber algún tipo de movimiento sobre este tema de la norma para aclarar ciertas cuestiones que que no están claras.

— ¿Cuando habla de “movimiento” se refiere a una modificación del DNU?

— Hasta donde yo sé, no habrá modificación, pero hay que reglamentarlo y quizás en la reglamentación se aclararán algunas cosas que les dejan dudas a los dirigentes gremiales.

— ¿Cree que la CGT podría cambiar de actitud si la reglamentación del DNU clarificara algunos aspectos de la reforma laboral?

— Exacto. Si verdaderamente entienden que algunas cosas no son claras y son confusas, el decreto reglamentario está para eso, para aclararlas. Por supuesto, un decreto reglamentario no puede decir lo contrario que la ley, pero sí puede aclarar ciertas cosas. Es una una función que tiene el Poder Ejecutivo,

— ¿El contenido del DNU no se negocia?

— Hasta donde yo sé, no.

— ¿Podría presentarse un proyecto laboral dentro de la ley ómnibus que ahora impulsará el Gobierno que clarifique algún aspecto del DNU?

— Hasta donde yo sé, no hay nada de eso.

— ¿Usted tuvo contacto con la CGT en todo este período?

— Hemos tenido contacto con algunos dirigentes que forman parte de la CGT. No con la CGT a nivel institucional, pero la CGT está compuesta de personas.

— En esos contactos, ¿cuál es la principal objeción que le plantearon sobre el DNU?

— No son cuestiones demasiado consistentes. No están referidas al contrato individual de trabajo sino quizás los convenios colectivos y la cuota solidaria (aportes extraordinarios a los gremios por parte de afiliados y no afiliados que son incluidos en los convenios). Pero son cosas que se van a aclarar.

— ¿La reglamentación del DNU podría llevar a que a que la CGT no haga la medida de fuerza?

— Más que eso, la cordura va a ser que no se haga la medida de fuerza.

— ¿Pero el Gobierno apuesta a que se levante la movilización y que no se haga el paro general?

— Por la Constitución Nacional, tienen todo el derecho del mundo a manifestarse y a hacer movilizaciones simbólicas a la Justicia. De ninguna forma vamos a impedirlo ni a persuadirlos de que no lo hagan. El tema de un paro sí es más consistente y para nosotros no tiene justificación.

— Para la CGT, el DNU es inconstitucional.

— El DNU es perfectamente constitucional. Es un mecanismo constitucional porque está en la Constitución y va a pasar por el mecanismo de su aprobación como marca la Constitución. Quiero que se recuerden un poquito los DNU que presentó el presidente Fernández hace poquito, uno en particular: declarar un feriado para recibir a la Selección Nacional. Ese DNU quedó firme.

— Ahora hablamos de un DNU que se mete en las relaciones laborales. No es igual.

— Entonces doy otro ejemplo, El 11 de diciembre de 2019, Fernández dictó un DNU que duplicó la indemnización por despido y nadie dijo que era inconstitucional. El 20 de marzo, otro que prohibió los despidos. Después hubo miles, se había terminado el aislamiento, se siguió gobernando por Decretos de Necesidad y Urgencia y no había nadie que plantee que son inconstitucionales y mucho menos que no hayan tenido efecto. Todos tuvieron efecto. No puede ser que se tome un temperamento distinto con un gobierno que con el otro. Las razones no son la constitucionalidad o no sino que son otras.

— ¿Cuál es la relación con el sindicalismo que tiene en mente el Presidente?

— No sé la idea del Presidente. Yo hablo como secretario de Trabajo y a mí me gusta el diálogo, pero cada uno en su rol. Ellos defienden los derechos de los trabajadores y nosotros gobernamos. Entonces el diálogo debe existir, pero después uno gobierna y toma las decisiones.

— La CGT dice que esta reforma laboral es contraria a los intereses de los trabajadores.

— No disminuye ningún derecho de ningún trabajador. Ellos tendrán que explicar por qué, pero acá no se reducen los derechos de los trabajadores. Permanecen todos los derechos que tenían los trabajadores consagrados por la Ley de Contrato de Trabajo del año 74, que es el estatuto más beneficioso para los trabajadores, creado por una persona llamada Norberto Centeno. No se reduce ningún derecho. Que ellos expliquen qué derechos se reducen.

— El sindicalismo es muy crítico, por ejemplo, de la reglamentación del derecho de huelga que contiene el DNU. Considera servicio esencial a la educación y al transporte, incluso con dos categorías del 75% y 50% de garantía mínima de trabajo normal. ¿No es demasiado estricta?

— No lo comparto. El ejercicio regular de un derecho tiene límites. Eso lo marca la doctrina, la Corte, con lo cual existe un límite, que es afectar a personas con una medida de acción directa como la huelga. Todo tiene un límite. Y ese es el límite. Son actividades que, por más que exista una medida de fuerza, deben ser sostenidas: está en juego la salud y un montón de cosas de la población.

— ¿El DNU está en sintonía con lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus convenios internacionales?

— No viola ningún ninguna disposición del marco internacional ni convención de la OIT. Estamos absolutamente a Derecho.

— Muchos dirigentes sindicales están en desacuerdo con el capítulo de la reforma laboral en el que se refiere a las asambleas, que afirma que “las autoridades de las distintas seccionales de las asociaciones sindicales tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”. ¿Esto se incluyó para evitar que las asambleas se conviertan en medidas de fuerza encubiertas?

— Lo que dice es que los trabajadores tienen derecho a reunirse en asambleas, pero no a obstruir el normal funcionamiento de la empresa. También tiene que ver el tiempo que duró la asamblea: si se hace una asamblea que duró ocho horas, ya se terminó la jornada, pero el Derecho es sentido común desarrollado: no se puede encubrir una medida de acción directa bajo la apariencia de una asamblea.

— Algunos critican que se haya dispuesto una reducción de las indemnizaciones al establecer que en el cálculo de su monto no se incluyan el aguinaldo, el teléfono celular o los bonos.

— En la Justicia Nacional del Trabajo, el aguinaldo nunca formó parte de la base del cálculo de la indemnización por despido. Siempre sin aguinaldo, aunque puede ser que en alguna jurisdicción lo hagan. Es bueno aclararlo ante ciertos rubros que en algún momento se discutían si formaban parte de la remuneración. Es una forma de de clarificar esto y evitar la litigiosidad: a un trabajador lo despiden y calculan la base del cálculo del sueldo, que que es el mejor sueldo normal y habitual percibido en el último año. Entonces, ¿cuál sueldo es? El mejor, normal y habitual. ¿Qué es lo normal y habitual? Que cobre un bono por año es normal y habitual? ¿Que haga horas extras una vez, por dos meses o por año es lo habitual? Todas esas cuestiones generan litigiosidad porque el empleador paga y entonces el trabajador dice que está mal, va a la justicia y después hay 7 años de juicio. Estos son medidas clarificadoras para que no haya conflicto y para que el empleador que pueda pagar, pague y se libere, no que pague y todavía tenga un problema de que le sigan reclamando. Además, este artículo incorpora la jurisprudencia del fallo “Vizzoti” de la Corte Suprema: el sueldo que se toma como base de cálculo no puede superar tres veces el salario promedio de convenio y el fallo dice que si ese techo que tiene reduce al salario a menos del 66%, se toma el 66% del salario, esto es para los sueldos grandes. Esto ya está incorporado acá, o sea que incorpora la doctrina del fallo “Vizzoti” al artículo 245 que se reformó (se refiere al artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que regula la indemnización por despido arbitrario y lo hace en función del salario y de la antigüedad del trabajador).

— La reforma laboral de Milei incluye otro punto polémico que es la posibilidad de crear un sistema de indemnización parecido al Fondo de Cese Laboral de la UOCRA, aunque es cierto que lo que se establece es que sea voluntario, acordado entre las partes.

— Esta es la gran novedad y creo que va a ser un éxito cuando los gremios lo apliquen. Este capítulo de la Ley de Contrato de trabajo, de extinción, es de orden público, quiere decir que no puede ser derogado por las partes, o sea, no se puede pactar otro. Con la reforma que que se está haciendo en el DNU se le da disponibilidad colectiva a los convenios colectivos de trabajo para establecer un sistema de extinción distinto que el que marca la ley, distinto de esta indemnización, y es un fondo de cese, de desempleo o seguro de desempleo que se constituye con un aporte sólo del empleador, nunca del trabajador, para que cuando se produce el despido el trabajador directamente cobre del fondo su indemnización. Eso le da inmediatez, por lo cual no hay mora, y le quita incobrabilidad, algo que sufren mucho los trabajadores porque hacen un juicio de 7 años y después quizá no está más el empleador y no cobra. Mediante este sistema, sin juicio, el trabajador cobra el 100% de su indemnización del fondo.

— ¿Con los mismos valores que se establecen para una indemnización común?

— Eso va a tener que determinarlo el convenio colectivo de trabajo porque tiene que ver la antigüedad de ese trabajador. Pero evidentemente va a contener como mínimo el 245. Puede ser más también. Eso lo va a determinar el convenio colectivo, o sea, los trabajadores junto con los empleadores, y ese convenio va a ser homologado por la Secretaría de Trabajo, que este le va a dar absoluta validez.

— ¿Se aplicará sólo a los nuevos trabajadores que se incorporen desde la firma del convenio?

— Eso sería la sintonía fina del sistema porque se pueden decidir distintas cosas. Obviamente que después de creado este sistema, los nuevos se van a regir por ese fondo, pero también puede pasar que los que ya estaban trabajando y empiezan a aportar al fondo va a haber una parte que lo tiene que pagar el empleador y otra parte lo tiene que sufragar el fondo, salvo que acuerden hacer un aporte inicial que cubra hasta determinada antigüedad de los que están trabajando. Eso es de libre realización y, por supuesto, la Secretaría de Trabajo va a revisar.

— ¿Este nuevo sistema indemnizatorio ayudará a crear más fuentes de trabajo?

— Sí, como sucede cuando se le da previsibilidad al al empresario. El derecho del trabajo siempre fue así. Por eso las indemnizaciones son tarifadas. En cualquier otro Derecho, como un accidente de tránsito, el juez fija daños y perjuicios, la lesión, las condiciones, El 99% de las indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo son una tarifa donde tiene que ver el sueldo con la antigüedad, por ejemplo. Entonces la existencia de una tarifa que es un poco técnica y no una indemnización integral, que sería la indemnización de perjuicios, hace que a priori la ley establezca el daño que puede producir un hecho en particular. O sea, a una persona la despiden y es un mes de sueldo por año de servicio, fracción mayor de tres meses. Si consigue un trabajo mejor al día siguiente, es lo mismo, y si no consigue trabajo en en un año, es lo mismo. O sea, el daño lo fijó la ley a través de la tarifa. Eso le da previsibilidad al empleador. O sea, si tiene 5 empleados con dos años de antigüedad, sabe cuánto tiene que pagar si los despide. Entonces si los despide sin causa, sabe que sale tanto. El problema es cuando no sabe cuánto le sale como era antes de esta norma, hasta esta norma y, sobre todo, si hubiera una deficiente registración puede salirle el equivalente a la indemnización del 245 o tres veces más. Entonces, hoy el empleador tiene personas trabajando que si las despide no tiene idea de cuánto va a pagar. Y si a eso le sumamos 5 a 7 años de juicio y algunas cuestiones como la aplicación de tasas activas y de capitalizaciones anuales, eso se va a montos exponenciales que funden empresas, sobre todo las pymes, que son las que por un motivo u otro incurren en la deficiente registración, son sancionadas terriblemente y terminan fundiéndose. Ese es el tema.

— Los sindicalistas critican que el DNU modifique la ultraactividad de los convenios colectivos, algo que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo.

— En realidad, no. Clarifica que en los convenios colectivos las cláusulas normativas son ultraactivas. Quiere decir que hasta que no se celebre un un nuevo convenio continúan vigentes.

— ¿Cuáles son las normativas?

— Las normativas son las que fijan condiciones laborales, como si fuera la ley. En cambio, las cláusulas obligacionales, que son las que rigen a los que celebraron ese convenio, terminan con la vigencia del convenio, como, por ejemplo, la de las cuotas solidarias. Vencido el convenio, se vence la cuota solidaria y tienen que sentarse a a negociar una nueva cuota solidaria.

— ¿Eso igual no sucede en la práctica?

— Sí, por eso no hay una variación sino que una clarificación respecto de qué es lo ultraactivo.

— En otro artículo del DNU se establece que las cuotas solidarias tienen que tener un consentimiento explícito del trabajador. ¿No es un golpe a la recaudación de los sindicatos?

— No lo sé. El sueldo del trabajador, según la ley, tiene una regla general: no tiene que tener retenciones, salvo las de obra social, previsionales y los aportes sindicales o a mutuales. Entonces la regla general no puede tener retenciones. La excepción, aportes sindicales o mutuales. El tema es que muchas veces ha pasado que a muchos trabajadores les descuentan y no tienen ni idea de lo que le están descontando. Hace poco hubo un fraude con jubilados a los que les descontaban una pequeña suma de dinero desde un organismo que tiene autorización para hacerlo. Porque la razón práctica de esto es que esos organismos tienen que pedir un código de descuento y con eso primero te descuentan y después tenés que averiguar qué fue lo que te descontaron. Atento a esto donde el trabajador puede no tener conocimiento, lo que se pide no cuestiona el derecho que tiene el sindicato de cobrarlo. El tema es cómo lo cobra. Si quiere descontar directamente tiene que tener la autorización del trabajador que no está afiliado. El otro ya tiene la autorización porque se afilió. Entonces es un modo de resguardar al trabajador de que no le descuenten algo sin que lo sepa. Y obviamente no quiere decir que eso no lo deba sino cómo lo va a pagar, ¿Lo va a pagar con el descuento de recibo o lo va a pagar este digamos de otra forma? Es simplemente para resguardar al trabajador. Se supone que todos, nosotros y ellos, queremos proteger al trabajador. En ese sentido fue puesto esto.

— Pero esa complicación es la que critican justamente los dirigentes gremiales.

— Eso se verá también en la reglamentación cómo lo vamos a hacer, si el consentimiento tiene que ser expreso o presunto, pero el sentido de la norma es proteger al trabajador de los descuentos de su recibo de sueldo.

— ¿Cuál fue la orientación que definió Milei con esta reforma laboral?

— Fundamentalmente es para generar empleo, y eso se logra con reglas claras y con previsibilidad para el empleador. Recordemos lo que le pasó al empleador durante la cuarentena. Primero hubo una duplicación de la indemnización, después una prohibición de trabajo, luego una prohibición de despido. Y después se mantuvieron las obligaciones dinerarias del empleador y al trabajador se lo eximió de prestar tareas. Ese es un cóctel explosivo. Después de todo eso, yo pensaba en ese momento, ¿quién va a tomar un trabajador? Y fíjense los empleadores que tuvieron paciencia y que hicieron aguantar al trabajador aun perdiendo mucha plata se fundieron. Y los que fueron intemperantes después de dos años pudieron abrir: por ejemplo, en gastronomía, a los 15 días el restaurante decía “no abrimos nunca más”. Si el restaurante no trabaja 15 días no le puede pagar el sueldo de los mozos. Después de todo eso hay que dar señales al empleador de que hay un derecho, reglas claras para que él pueda tomar empleados nuevamente. Esa es la función. El tema de las llamadas multas no le daban previsibilidad. Ahora van a tener la claridad de las reglas del juego y no se van a variar porque el empleador cuando sabe lo que cuesta cada cosa, fija su bien y su servicio respecto de eso. El tema es cuando fija un bien o un servicio y no sabe cuáles van a ser los costos.

— ¿Por qué va a salir bien esta reforma laboral? En la época de Carlos Menem y en la de Mauricio Macri se aplicaron medidas similares y no funcionaron. ¿Por qué ahora funcionarían?

— Nunca se aplicaron este tipo de medidas. Este es el cambio más importante de la Ley de Contrato de Trabajo del 74 hasta ahora, que también en algunos aspectos queda antigua. Las relaciones laborales y la tecnología han cambiado. A veces hay que pensar también en la modernización y el vínculo laboral se resignificó. Hay valores que ve el trabajador que antes no lo veía. El trabajo clásico cambió. Es una una receta novedosa y estoy confiado que que los resultados van a ser buenos.

— ¿No tiene temor de que la percepción sobre el gobierno de Milei haga que la gente piense e una Secretaría de Trabajo más favorable hacia el empresariado que hacia los trabajadores?

— No, de ninguna manera.

— ¿Buscará mantener el equilibrio?

— De ninguna manera es una Secretaría de Trabajo pro-patronal. Es pro-trabajador y pro-trabajo. Hay que proteger al trabajador y hay que proteger al trabajo. A eso estamos abocados.

— ¿Cuál es la el criterio que va a aplicar el Gobierno en las paritarias, que se están negociando en un contexto de muy elevada inflación?

— Precisamente es cuidar el valor adquisitivo del salario del trabajador. Las paritarias son libres, o sea, las pactan libremente las partes. Nosotros simplemente les brindamos las herramientas que nos da la ley para que ellos negocien. Vemos con buenos ojos que las partes decidan establecer un porcentaje de aumento y si ese porcentaje no es lo suficiente se ajuste a través de la llamada cláusula gatillo que lo lleve a por lo menos el índice IPC, o sea el índice de costo de vida y que sean cortas, pueden ser de un mes, dos meses, tres meses. Aconsejamos que sea así porque las condiciones así lo ameritan hasta que la economía se estabilice y empiece el camino de la estabilidad.

— ¿Los acuerdos mensuales con cláusula gatillo no favorecen el aumento de la inflación?

— No soy economista, pero sí me fijo en que el trabajador no pierda frente a la inflación. En eso sí está abocado el Gobierno, en que el trabajador en las paritarias se recupere ante el alza del costo de vida.

— ¿Realmente no hay tope para los aumentos? ¿Qué porcentajes de aumentos serían razonables en estos meses de alta inflación? ¿Se calcula no menos de un 20% mensual?

— Andá por la ventanilla de (Luis) Caputo (se ríe). Yo no tengo la menor idea.

— Entonces si un gremio quiere homologar un aumento del 50% mensual, ¿ustedes lo aprueban?

— En realidad, hay que ver si el empleador quiere o puede subir eso. Puede ser alguna circunstancia en donde hace dos años que no se actualizan (los acuerdos), pero es difícil que eso ocurra en todos.

— Todos los gobiernos fijaron alguna pauta salarial y un techo para los aumentos.

— Este gobierno no tiene esa premisa. El empleador y el trabajador saben y ellos solos buscan ese equilibrio. Nosotros convalidamos y les damos libertad. De eso se trata este gobierno. De libertad.

— ¿Al sector empresarial no lo complica este esquema salarial, con una cláusula gatillo que implica ajustar automáticamente los sueldos para compensarlos frente a la inflación?

— No, no los complica. Simplemente la cláusula gatillo corrige, no es un aumento. Los empresarios y los trabajadores conocen el tema. Nosotros somos como los referís.

— ¿Cómo van a lograr que se modernicen los convenios colectivos de trabajo, que en algunos casos vienen de la década del 70?

— Es algo que tienen que hacer las partes. No podemos obligarlos a modernizar, pero desde nuestra actuación aconsejamos a que revisen las categorías laborales y los plus laborales porque hay cosas que la tecnología introduce y que no estaban. Todavía sigue habiendo convenios donde existe un plus por atender el teléfono, por escribir a máquina o profesiones o categorías laborales que no existen más. Cuando se sientan las partes es momento de revisar esas cosas. Nosotros simplemente sugerimos.

— Usted se reunió esta semana con la UIA. ¿Están de acuerdo con la reforma laboral que impulsa el Gobierno o tienen alguna crítica, como el sindicalismo?

— En líneas generales están de acuerdo. No me ha llegado ninguna crítica. Siempre las partes quieren algo más, pero están están conformes y los sindicatos también están conformes.

— Por la reunión de la CGT del jueves, donde se decidió una marcha callejera y se abrieron las puertas a un paro general, no pareció que estuviera nada conforme.

— Bueno, pero no es por la reforma laboral. Hay uno o dos puntos que a ellos no les gustan. Después hay otros del DNU en materia de salud o cosas así en los que no están de acuerdo. Pero no es una reforma que les pega de lleno en todo el andamiaje. Casi no se tocó la Ley de Asociaciones Sindicales.

— ¿Y entonces por qué la reacción que tuvo la CGT? ¿A qué la atribuye?

— No lo sé. Hay que preguntarle a ellos.

— ¿Es una posición política?

— Es posible. No lo sé. Habría que preguntarle a ellos.

— Como secretario de Trabajo, ¿prevé recibir oficialmente a la CGT?

— No está previsto en los próximos días. Yo he tenido contactos con dirigentes gremiales. Todavía no está prevista una presentación oficial, pero por supuesto esta es la casa de todos los trabajadores y de los empresarios. Están invitados para venir este, y si me invitan voy a ir.

— ¿Y Milei tiene prevista una reunión con la CGT?

— Que yo sepa, no.

— ¿No sería bueno que la recibiera? El Presidente podría encarrilar la relación.

— No son muchos los casos donde el Presidente va a la CGT o la CGT va a ver al Presidente. No es muy común, pero veremos. Ahora parece que no. Las señales no apuntan en ese sentido.

— ¿Milei le pidió algo en particular en la relación con el sindicalismo?

— No.

— ¿La ministra de Capital Humano tampoco?

— Con la ministra hablamos minuto a minuto de todas las cuestiones, está absolutamente al tanto de todo esto, dándome directivas, y eso es lo que estamos haciendo.