El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmará la próxima semana un acuerdo con la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y la Uocra para ordenar la obra pública.
Dentro de los principales puntos del entendimiento figurará la “neutralización” (freno) y la “ralentización” (merma en el ritmo) de los proyectos en marcha durante 60 días. Además, no se licitarán nuevos emprendimientos.
Durante ese plazo, que podrá ampliarse durante otros dos meses, el Estado y las empresas renegociarán la deuda actual que se estima en 22 mil millones de pesos. Este fue un pedido que tanto la Cámara como la Unión Obrera de la Construcción (que cuenta en Entre Ríos con 8.400 personas en sus filas) le hicieron al mandatario en un encuentro realizado el último miércoles en la Casa de Gobierno provincial.
Según Friegerio el esquema de trabajo será por empresa. Cada una se sentará con los ministros que tengan obras en marcha o finalizadas y que registren deuda para encontrar una salida al atolladero actual. Es un “esquema de supervivencia” ante un escenario de escasez de recursos propios y de financiamiento nacional cortado, reconocen en el entorno del mandatario provincial.
Si las obras en ejecución se paralizan o si bajan la intensidad de trabajo dependerá de varios factores. El principal será el nivel de avance que registren.
“La caja está vacía”
El ministro de Infraestructura provincial, Darío Schneider, afirmó en conferencia de prensa que “no están los fondos para cumplir con los compromisos y dar continuidad”. Y aseguró: “La caja está vacía, de hecho, el Gobierno está pidiendo una asistencia de 30 mil millones de pesos para pagar sueldos”.
En la reunión, a cuyo lado estaba Laura Hereñú, presidenta de la Cámara de la Construcción de la provincia, y Walter Doronzoro, titular de Uocra Entre Ríos, el titular de Infraestructura agregó que la situación es “compleja” y se debe actuar “con responsabilidad”, señaló el funcionario. La respuesta “tiene que servir a todos: no debe generar más dificultades a las empresas, no tiene que incrementar la deuda del Estado y (debe permitir) que los trabajadores puedan encontrar una salida”,
Ayer, Frigerio los recibió a todos. Muchos licitaron obras que se financiaban con recursos federales que ahora están cortados. Por eso se los invitará a adherir al acuerdo que se firmará antes de fin de año.
Hereñú, por su parte, remarcó que lo relevante es que la deuda “se cobre” y que “frenar el gasto es importante para no seguir generando un mayor déficit en las obras”. Pero el funcionario advirtió que “esto trae consecuencias: los proveedores y trabajadores sufrirán esta gran parálisis”, advirtió.
Por eso, para él, la mejor solución “es parar, por más que tenga un gran impacto social”. “Por eso trabajamos con la Uocra para que los tiempos se acorten”, completó la empresaria.
“No toda la deuda está vencida”, es decir que no es exigible de inmediato, aclaró ella mientras subrayó ver “cómo la llevamos en este tiempo de negociación para que el Gobierno que acaba de asumir vea cuál es el estado de las obras, con qué financiamiento contará para poder continuar y qué es lo que seguirá”.
Y agregó que “existe un gran marco de incertidumbre, donde el Estado, las empresas y los trabajadores somos rehenes de una situación que no ha sido una decisión provincial sino que es del ámbito nacional y de condiciones macroeconómicas que no permitirían, por más que estuvieran los fondos, continuar una obra. La inflación impide que puedan seguir”, señaló.
Por último, Doronzoro consignó: “No queremos engrosar las filas de los desocupados, queremos trabajo digno y decente”