Las modificaciones en los registros del automotor: digitalización de trámites, pero sin reducción de impuestos

Los últimos 13 artículos del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que desregula la economía apuntan al funcionamiento de los registros del automotor, un tema que siempre está presente en todas las encuestas de opinión. La reforma apunta a una digitalización de todos los trámites, en línea con varios proyectos presentados en el Congreso, pero está lejos de un cambio profundo del sistema y por ahora no propone una reducción de impuestos.

Los artículos que van entre el 351 y el 364 modifican artículos e incisos de un decreto de 1958 que luego fue ratificado por una ley de 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, donde se regula el régimen jurídico del automotor.

La reforma apunta a los que trámites “puedan hacerse integralmente de manera digital y agilizar todos los procesos, eliminando etapas innecesarias y costos absolutamente desproporcionados que dificultan la circulación de este tipo de bienes”. Pero no todos los objetivos se cumplen.

Entre otras cosas, se modifica el artículo 8 de la ley original que determina que la Dirección Nacional controla el funcionamiento de los registros seccionales y dispone el archivo ordenado de copias de los instrumentos que se registren, autorizando además a realizar microfilms de los expedientes. Ahora se establece que ese registro deberá ser electrónico (digital) y de acceso público.

También se deroga el artículo 11, que establece que el lugar de radicación del vehículo es el correspondiente al domicilio del titular del dominio, y el artículo 21, que establece las condiciones para realizar un duplicado del título automotor en caso de que el original “resulte extraviado, dañado o destruido involuntariamente”.

“La digitalización de los registros del automotor planteados en el DNU por el presidente Milei va en línea con lo planteado en el proyecto que presenté. Sigo creyendo en que para terminar con este curro de la política es necesaria su ELIMINACIÓN. Por eso, voy a seguir adelante con mi proyecto. En línea con esta reforma del Estado y desburocratización, creo que es necesario ir a fondo y terminar de una vez por todas con estas cosas”, reaccionó la diputada Patricia Vásquez, una de las tres diputadas que ya había presentado un proyecto para reformar el sistema de los registros del automotor.

Esa iniciativa plantea directamente una eliminación de los registros automotor y reemplazarlos por un registro único digital, simple y con patente única de por vida.

“Es hora de que el ajuste, lo pague la política. Esto no es todo, también contemplamos la eliminación del grabado de autopartes y cristales y verificación policial. Y la simplificación del control técnico del auto. La VTV la van a poder hacer en cualquier taller habilitado. A los autos con menos de 60 mil kilómetros, alcanzará con el service oficial realizado”, dijo la diputada al momento de presentar su proyecto.

Actualmente se pagan $12.400 por el grabado de autopartes y $9.200 de la Verificación Técnica Vehicular.

“Coincido en el sentido de la mayoría de las medidas pero creo que legislar este tipo de normas a espaldas del Congreso es muy cuestionable. El DNU cumple con otorgar al Registro herramientas para trabajar en su rápida digitalización, me llama la atención que en ningún tramo del DNU se disminuyen impuestos a la sociedad, que era la principal promesa de Milei”, reaccionó el diputado Oscar Agost Carreño, otro de los que presentó un proyecto, ante una consulta de Infobae.

Agost Carreño, un especialista en el tema, planteó reducir el plazo de prescripción de las infracciones que llegan por fotomultas o radares, entre otras cosas. “Si bien existe tecnología que permite detectar infracciones en la vía pública, la misma no puede ser usada con fines recaudatorios, sino que debe usarse con fines preventivos y de concientización. Por ello, creo que la ley debe desincentivar la generación de multas sin disponer de agentes que detengan al infractor, se lo identifique debidamente, se le explique claramente que ha cometido determinada falta y como lo hizo, y se le notifique que por ello es multado”, dice su propuesta.

Esa iniciativa también propone que las multas vayan al DNI y no al dominio del vehículo, para simplificar la transferencia, y agilizar la confección de las fotomultas.

La reforma planteada a través del DNU no cayó bien en el sistema registral, pero además podría tener complicaciones en la Justicia. “Es una expresión de deseos que depende de una reglamentación. Mantiene los formularios, es decir, los entes cooperadores. Y dice que los aranceles los fija el Ministerio de Justicia. Pero no tiene en cuenta que la Corte Suprema ya declaró inconstitucional una regulación similar en una causa de la provincia de Entre Ríos contra el Estado Nacional”, dijo un experto consultado por este medio.

Otra fuente del sistema registral coincidió con el diagnóstico: “Es el fin de los registros tal cual los conocemos, nos van a ahogar financieramente, pero no le facilita nada al usuario”.

Actualmente funcionan 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180 mil transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola. Es una fortuna de dinero con escasos controles.

El manejo discrecional de los registros del automotor volvió a quedar expuesto en el recambio de gobierno. En los últimos dos meses, en pleno proceso electoral, la entonces directora nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, María Eugenia Doro Urquiza, una funcionaria cerca a la vicepresidenta Cristina Kirchner, designó a más de 40 encargados de todo el país, según un relevamiento al que tuvo acceso Infobae.