Javier Milei comenzó su programa de reformas con un fuerte ajuste del Estado y un mensaje a la oposición

A diez días de haber asumido en el cargo, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fue publicado unas horas después en el Boletín Oficial y que dio inicio a su programa de reformas, con un fuerte ajuste del Estado y una serie de medidas a favor de la apertura económica y la desregulación, el cual ya fue duramente cuestionado por una parte de la oposición.

En poco más de 15 minutos, el jefe de Estado precisó 30 de los principales cambios que se establecieron en el texto, que cuenta con un total de 366 artículos en 83 páginas, entre derogaciones, cambios en varias leyes y nuevas normativas.

El extenso DNU establece algunas políticas que ya habían sido anticipadas por el mandatario, pero también muchas otras que sorprendieron y en las que estuvieron trabajando sus funcionarios, principalmente el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, y Federico Sturzenegger, quien no forma parte aún del Gabinete, pero estuvo al lado de Milei en el mensaje grabado que se transmitió a las 21:00 del miércoles.

Junto a ellos dos y al resto de sus ministros, excepto la canciller, Diana Mondino, que se encuentra de viaje en Francia, el Presidente comunicó, por ejemplo, que a partir de este momento deja de regir la polémica ley de alquileres, muy debatida en el último tiempo.

De hecho, se remarcó que incluso esos acuerdos “podrán establecerse en moneda de curso legal o extranjera, al libre arbitrio de las partes”, por lo que autorizó el cobro en dólares y “el locatario no podrá exigir que se le acepte el pago” en pesos, si no figura en el contrato.

Asimismo, también se anunció la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, lo que abre la puerta para su posterior privatización, ya que también se eliminó la ley que prohibía la venta de las mismas.

En esta misma línea, el jefe de Estado autorizó la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas, para que la compañía pueda ser administrada por sus empleados, como había dicho durante la campaña.

En lo que respecta al comercio interno, Milei firmó un conjunto de duras desregulaciones, que incluye la derogación de las leyes de abastecimiento, de góndolas, de compre nacional, de promoción industrial y comercial y del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía.

Además, ratificó la “modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino”, modificó las normas existentes para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran, aprobó el ingreso de los servicios de internet satelital e impulsó una política de cielos abiertos.

Entre las iniciativas que no estaban previstas, se encuentran algunas vinculadas a las empresas de medicina prepaga, que pasarán a formar parte del régimen de obras sociales, pero ya no tendrán restricciones para determinar la cuota que pagarán sus afiliados.

Respecto de las exportaciones, el mandatario nacional reformó el Código Aduanero para facilitar el intercambio con otros países, además de dar una serie de beneficios a los sectores agroindustriales.

De acuerdo con el Presidente, todas estas reformas ayudarán a atraer inversiones y fomentar el crecimiento de la Argentina, pero, si bien ya entraron en vigencia al ser publicadas en el Boletín Oficial, deberán ser convalidadas por el Congreso.

Por esto, a través de un comunicado que se emitió inmediatamente después de la cadena nacional, el Gobierno le envió un mensaje directo a los diputados y senadores, al advertirles que “deberán enfrentar la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio u obstruir el proyecto de reformas más ambicioso de los últimos 40 años, que permitirán poner en marcha a las fuerzas productivas y comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial”.

No obstante, además de generar algunos cacerolazos en diferentes partes del país, el DNU ya fue duramente criticado por varios referentes de la oposición, tanto del kirchnerismo como de Juntos por el Cambio, que no solo rechazaron algunas medidas, sino que señalaron que los cambios deberían haber sido tratados en sesiones extraordinarias, en lugar de haberse decretado por el Poder Ejecutivo.

Incluso el antecesor de Milei, Alberto Fernández, lo calificó de “ilegal”, aseguró que provocará “graves efectos económicos y sociales”, ya que “abre indiscriminadamente las importaciones, pone en riesgo el ambiente y nuestros recursos naturales, desregula el sistema de salud, precariza el trabajo y restringe derechos” y manifestó que “la República está en riesgo”.

“En el día de ayer, los gobernadores de las 23 provincias fuimos convocados por el Presidente, que durante 45 minutos repitió el mismo discurso que dio al asumir, de espaldas al Congreso. Luego, nos pidió el apoyo para un paquete de leyes que no especificó, aunque se lo pedimos. Hoy, a espaldas de la división de poderes, anuncia un decreto que sin necesidad ni urgencia pretende derogar un conjunto de leyes de todo tipo. Así, se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de futbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir ‘democracia: ¡afuera!’”, escribió el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, en su cuenta de X.

Su par de La Pampa, Sergio Zilliotto, consideró que con la decisión de Milei, “a 40 años de su recuperación, la democracia vive hoy uno de los momentos más duros y tristes de su historia”.

“El presidente y su equipo de gobierno han decidido subvertir la Constitución Nacional para imponer un régimen que tiene como principal objetivo concentrar aún más la riqueza en los poderosos, y sin interesarle el avasallamiento de los derechos básicos y el empobrecimiento de la enorme mayoría del pueblo argentino. ¡La defensa de los derechos populares no se negocia, el respeto a las reglas democráticas menos aún!”, agregó.

En tanto, el interbloque de senadores de Unión por la Patria expresó su “profunda preocupación por el tenor de las medidas” y opinó que el jefe de Estado dio “un discurso de odio que busca dividir a la sociedad argentina y rompe de un plumazo, mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Estado de Derecho de la República Argentina”.

“Derogar por un DNU sinnúmero de leyes, que ni siquiera el mismo presidente pudo precisar, significa una clara actitud autoritaria, antidemocrática, inconstitucional y antirrepublicana, que vulnera la división de poderes, establecida por la Constitución Nacional. Este accionar nos retrotrae de forma irónica a los peores tiempos de nuestra historia, justo al haberse cumplido hace pocos días, cuarenta años de la recuperación democrática”, sostuvo este sector.

Los diputados de UxP, de igual manera, remarcaron que “avalar este decreto significa conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias, prohibidas en el art. 29 de la Constitución”, por lo que aquellos que lo hagan " serán infames traidores a la Patria”.

A su vez, Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica, explicó que “a través de un comité presidido por Elisa Carrió, realizará un informe sobre la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales”.

“Lo anunciado por el Presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º. Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada, ya que el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas”, subrayó.

En el plano gremial, uno de los líderes de la CGT, Héctor Daer, argumentó que la “inconstitucionalidad” de la medida “es manifiesta” y anticipó que la central obrera no va “a tolerar el ataque a los derechos laborales, sociales y a la seguridad social”, aunque por el momento no informó ninguna acción específica.

Por el contrario, el Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), encabezado por su secretario general, Rodolfo Aguiar, ya resolvió movilizarse el próximo viernes hacia la Jefatura de Gabinete de Ministros.