A pocas horas de la primera movilización desde la asunción de Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó hoy que se saturó el sistema implementado por el Gobierno para que beneficiarios de planes sociales denuncien por amenazas a dirigentes piqueteros, y que ya recibieron más de 5.000 llamados.
En ese sentido, contó que hay varios nombres identificados en esas denuncias, no solo de la provincia de Buenos Aires, y que en los próximos días harán las presentaciones judiciales correspondientes.
El lunes, el Gobierno habilitó la línea telefónica 134 para que beneficiarios de planes denuncien amenazas de los dirigentes sociales. Se trata de un contacto telefónico del Gobierno para realizar llamadas anónimas bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Según información oficial, los operadores de ese servicio recibieron en los últimos años denuncias de posibles situaciones de narcotráfico, personas extraviadas, ciberdelitos, trata de personas, crimen organizado, violencia institucional, tránsito aéreo irregular y desarmaderos ilegales, entre otros delitos. Durante la pandemia, se recibieron llamados sobre incumplimientos de la cuarentena obligatoria que el Estado dispuso para mitigar el impacto del coronavirus COVID-19.
Bullrich reveló hoy que desde que se habilitó para la denuncia de amenazas de dirigentes piqueteros recibieron más de 5.000 llamados, lo que superó la capacidad del sistema.
“Nosotros hemos recibido ya más de 5.000 mil denuncias en el 134, y no recibimos más porque el sistema no tiene mas capacidad. Tiene capacidad para 300 llamados por hora. Hemos estado recibiendo mensajes todo el tiempo que decían ‘si no voy a la marcha, al piquete, me cortan el plan Potenciar Trabajo’”, dijo la ministra esta mañana en diálogo con TN.
En sentido, destacó que eso no va a ocurrir. “Es exactamente al revés: si se quedan trabajando, haciendo lo que tienen que hacer, el plan Potenciar Trabajo lo van a tener. Si cortan la calle, y acepta que tiene un señor jefe que le dice que vaya a la manifestación, lo va a perder el plan, si toca la calle. Esto es sin vuelta atrás, es muy importante que la gente lo sepa”.
Bullrich también reveló que en las denuncias hay varios nombres de dirigentes mencionados, y que con el correr de los días llevarán esos casos a la Justicia. Además, contó que, incluso, en las llamadas recibieron el reporte de que algunas organizaciones les cobran multa a quienes no participen de los piquetes.
“Hay muchísimas denuncias de las que tenemos que tienen identificados al líder o al piquetero barrial que los obliga a ir, y además, un sistema de organización paralela al Estado. Tenemos denuncias de que les cobran $7.000 de multa al que no va a la marcha. Es un Estado paralelo, un Estado que le cobra una parte de ese dinero por no cumplir con la obligación que la misma organización les da. Tenemos muchísimos nombres que, una vez terminado el día de hoy, vamos a judicializar estas denuncias. Y es de todo el país. Hemos tenido del Chaco, de Santa Fe. Son nombres que se repiten en algunos casos a nivel nacional y en otros casos, en el barrio”, aseveró.
Bullrich insistió en el mensaje en que quienes no corten calles mantendrán los beneficios sociales. “Aquel que realmente entienda el mensaje de que esta no es más la forma de tener un beneficio, que ese beneficio lo pierden, que no hay más intermediarios. El que entiende el mensaje, va a ser inteligente y se va a quedar en su casa o en su trabajo, porque la gente que tiene un plan Potenciar Trabajo hoy tiene que ir a trabajar”.
Cómo se aplicará el protocolo antipiquetes
Entre otras cosas, Bullrich dio detalles de cómo aplicarán el protocolo antipiquetes en la marcha de este miércoles, en la que distintas organizaciones piqueteras y de izquierda conmemorarán un nuevo aniversario del 20 de diciembre de 2001, cuando cayó el Gobierno de Fernando De la Rúa, y protestarán contra las primeras medidas de la gestión Milei.
La ministra advirtió que los piquetes “se han convertido en la normalidad en Argentina”, y dijo que desde hace 20 años se registran “entre 8.000 y 12.000″ por año. Por eso, afirmó, el Gobierno busca que comience una nueva etapa sin manifestaciones que interrumpan el tránsito.
“La decisión del Gobierno es que se termine el corte de calle. Que se manifiesten las veces que quieran, vayan a las plazas, a los cordones de las calles. Pero las calles no se cortan. Hoy comienza. No hay que esperar hoy el 100% de éxito, hay que saber que hoy comienza un camino que es sin vuelta atrás”, dijo Bullrich.
La funcionaria dio detalles de cómo harán para identificar a aquellos manifestantes que corten calles, lo que implicará que dejen de cobrar planes sociales.
“Va a haber cámaras en toda la ciudad de Buenos Aires, en los ferrocarriles, en distintos lugares donde se pueden llegar a hacer un piquete. Va a haber fuerzas policiales con cámaras filmando, para luego generar un sistema de identificación. La Policía Federal tiene un sistema de identificación. El Renaper (Registro Nacional de las personas) está trabajando con nosotros. Aquellos que quieran cortar la calle sepan que tenemos la forma de identificarlos y van a perder el beneficio que tienen”, subrayó.
Bullrich también confió en que la Justicia acompañe la decisión del Gobierno de evitar los cortes de calles porque, dijo, los “los jueces tienen que cumplir la ley, el juez es el garante de la ley”.
La ministra afirmó que “el artículo 194 del Código Penal y el protocolo que hemos firmado, que ayer hubo un intento de frenarlo y no pudieron, dice claramente que el que corta puede estar cometiendo un delito”. Asimismo, advirtió que “la persona que corta va a ser detenida si no se sube a la vereda”, y dejó un claro mensaje a las organizaciones social: “Les pedimos que no lleven esto a una situación de violencia, que no generen situaciones de violencia extrema, que nosotros vamos a empezar a orden el país, y las formas de petición, cambian. No va a ser por medio de un piquete que la gente vaya a conseguir”.
En otra parte de la entrevista, Bullrich lamentó que la provincia de Buenos Aires no se haya plegado a la aplicación del protocolo, y cuestionó el argumento de que esa medida es “criminalizar la protesta”, tal como ayer explicó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Blanco.
“Hablé con el ministro (de Seguridad bonaerense, Javier Alonso). Quedamos en hablar el viernes. Nosotros vamos a tratar de convencerlos que la Argentina necesita paz y orden. Hoy lamentablemente no nos van a acompañar, han dicho que es criminalizar la protesta. Ayer despejamos el Tren Roca. ¿Eso es criminalizar las protestas? Despejamos, se fueron más al sur y allí actuaron en la provincia para despejar las vías. Esa colaboración que ayer se dio en el tren esperemos que comience a dar de manera colaborativa. Hasta ahora han tenido una palabra que para nosotros es totalmente contraria. No es criminalizar la protesta, hay que terminar con la extorsión de la gente y que la gente viva en libertad”, subrayó.
La movilización de hoy, impulsada por la Unidad Piquetera junto a organizaciones multisectoriales, partirá a las 16 horas desde el Congreso de la Nación a Plaza de Mayo. Se dividirán en tres columnas, la principal marchará por Avenida de Mayo; las otras dos por Diagonal Norte y Sur.
Será la primera prueba para el Protocolo de Orden Público que Bullrich presentó la semana pasada para impedir que los manifestantes interrumpan la libre circulación en calles, rutas, puentes y accesos.
El Protocolo Antipiquetes es de orden nacional y Bullrich -que ya desempeñó ese cargo entre 2015 y 2019- apunta a que haya una coordinación en todos los niveles de gobierno y provincias. Axel Kicillof ya anunció que la provincia de Buenos Aires no lo hará. Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y uno de los organizadores de la protesta, advirtió que las 50 mil personas que aspira a concentrar frente a Casa de Gobierno, no podrán marchar sobre la vereda, como planteó la funcionaria.