La estrategia de Bullrich para la marcha por el 20 de diciembre y el antecedente del “modelo Morales” frente a los piqueteros

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está decidida a revertir el descontrol callejero y la tortuosa rutina que viven los argentinos, con epicentro en el área metropolitana de Buenos Aires, de sufrir piquetes y manifestaciones que les impiden la libre circulación. Se trata de una política que busca modificar una cultura de la protesta social y el piquete que impera desde hace más de dos décadas de subordinar cualquier derecho al de manifestar y peticionar. Y que cumplirá una idea resumida con contundencia en su discurso inaugural por Javier Milei: “El que corta no cobra”.

Para poner en marcha esa decisión política fundamental, el propio Milei y Bullrich se reunieron para empezar a coordinar y afinar la estrategia frente a los grupos piqueteros y organizaciones políticas que gestionan la asistencia y los planes sociales y que vienen proclamando una confrontación contra el gobierno de La Libertad Avanza.

Entre las estrategias que se pusieron bajo análisis para contrarrestar el desafío de esas organizaciones -además de modificar de manera integral el sistema de subsidios- una llamó la atención y tuvo que ver con una metodología para reducir las movilizaciones e impedir que se conviertan en masivas. Se trata del modelo que el ex gobernador de Jujuy Gerardo Morales ejecutó en Jujuy durante su gobierno para debilitar las presiones de la Tupac Amaru de la kirchnerista Milagro Sala.

Fue una táctica que puso en marcha Morales después de la protesta que llevó adelante la Tupac Amaru apenas asumió en 2015, y que mantuvo rodeada durante semanas la Casa de Gobierno. Después de negociaciones, denuncias y la intervención de la Justicia de Jujuy que ordenó el desalojo, la Policía de la provincia y autoridades locales activaron una serie de controles que tuvieron el objetivo de contener las grandes aglomeraciones como las que se produjeron en el inicio de la administración.

Gerardo Morales está hoy en la vereda de enfrente de Javier Milei. Fue uno de los más encarnizados opositores a su llegada a la Casa Rosada y no dudó en pedir que no sea votado en la segunda vuelta. Aunque no expresó de manera concreta que había que votar por Sergio Massa, expresó una y otra vez su rechazo sin medias tintas al líder libertario. Pero así como su relación política con Milei es pésima, siempre mantuvo un buen vínculo con Patricia Bullrich, aún cuando él fue el compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, el rival en la interna de Juntos por el Cambio. En esa sintonía política se origina el conocimiento de una estrategia que a Morales le dio resultado para contener la ofensiva piquetera de los seguidores de Milagro Sala.

El ex gobernador de Jujuy, ex precandidato a vicepresidente y saliente presidente de la UCR decidió bajar el perfil y evitar las apariciones públicas como tampoco hacer declaraciones sobre ningún tema. “Gracias. No voy a hablar”, dijo Morales al ser contactado por Infobae para hablar sobre su experiencia en el enfrentamiento a organizaciones piqueteras.

Pero más allá del silencio del mandatario, y en base a trascendidos del gobierno de que aplicarán el “modelo Morales”, Infobae consultó a colaboradores del inicio de su gobierno y contaron los detalles y cómo empezó a gestarse esa metodología que le permitió al gobierno provincial, sin prohibir la protesta social, evitar manifestaciones que se terminaban convirtiendo en acciones directas y presiones contra el gobierno elegido por el pueblo jujeño.

“Nosotros con Milei no tenemos nada que ver. No impedimos ni prohibimos la protesta social”, aclaró un ex funcionario, quien de todas maneras admitió que durante los ochos años de gobierno de Morales se realizaron controles que, en los hechos, reducían las manifestaciones multitudinarias.

La estrategia no tenía, en los hechos, nada de sofisticado. Era más bien sentido común. Se establecieron controles rigurosos a los micros, generalmente de larga distancia o escolares, que las organizaciones pagaban para trasladar a los manifestantes que después realizaban actos políticos, marchaban y protestaban frente a una dependencia del gobierno.

“Se les pedía la VTV a los choferes, las patentes, el seguro al día, el registro profesional. Se controlaba que tuvieran todos los cinturones de seguridad, que funcionaran correctamente, y que no hubiera chicos solos. Si alguna de esas cosas no estaban en regla se procedía a secuestrar el vehículo o se le daba la opción de regresar”, contó a este medio uno ex funcionario.

Y agregó: “Era importante que los controles se realicen alejados del punto de reunión, de donde se iban a concentrar los manifestantes”.

Es una estrategia que fue efectiva, ya que en Jujuy hay tres legislaciones que reconocen el derecho a peticionar y a manifestarse de manera pacífica y sin armas -que no excluye a los palos- sin autorización previa, tanto en la Constitución de la provincia y el Código Contravencional y de Faltas, como así también en la Carta Municipal de San Salvador de Jujuy.

En el artículo 33 de la Carta provincial que se reformó en junio pasado se estableció que “queda asegurado el derecho de petición individual o colectiva ante las autoridades, como así también el de recurrir sus decisiones, quienes estarán obligadas a pronunciarse dentro del plazo que establezca la ley o en su defecto en el que fuere razonable. Es un deber de la administración pública la simplificación y agilización de trámites”.

En el Código Contravencional, en el artículo 113, se fijó que “serán sancionados con hasta nueve días de trabajo comunitario, multa de hasta cinco Unidades de Multa (5 UM) o arresto de hasta tres días, quienes permanezcan en espacios públicos alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”. La letra de ese artículo establece alternativas de negociación antes de tomar esa medida y le otorga a la Policía la “facultad de dispersar y restablecer el orden”.

Con esa legislación es que Morales enfrentó el desafío de los piqueteros de la Tupac Amaru. Estableció también la obligatoriedad de escolarización y capacitación para aquellos que tuvieran planes de ayuda social y le retiró a la organización política de Milagro Sala la potestad de hacer las viviendas y al mismo tiempo concederlas a su antojo.

Para la protesta del miércoles, independientemente que se vaya a poner en marcha el “modelo Morales” de controles de tránsito sobre el transporte público. El gobierno de Milei puso en juego a dos ministras que actúan en la misma sintonía. Sandra Pettovello, de Capital Humano, fue la responsable de anunciar que aquel que corte una calle quedará sin plan social y que los dirigentes que los fomenten serán denunciados. Patricia Bullrich tendrá a su cargo el control de la calle y evitar que el miércoles se repitan las escenas de fastidio de aquellos que quieren circular y son rehenes de los piquetes.

* El Gobierno habilitó la línea 134 para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros