20 de diciembre: el primer desafío callejero para Milei, el protocolo anti-piquetes de Bullrich y la coordinación con CABA

Cuando la invitó a formar parte de su gabinete, Javier Milei le dijo a Patricia Bullrich que necesitaba que se hiciera cargo del Ministerio de Seguridad para mostrar resultados y ordenar el espacio público. Además de las negociaciones políticas y los acuerdos previos al balotaje, la invitación implicaba un aspecto fundamental: la necesidad del presidente entrante de delegar un área tan sensible en una figura de alto perfil como la ministra y de brindar soluciones para contrarrestar la batería de pésimas noticias que la administración libertaria tiene previsto dar en el rubro económico en los próximos meses.

“Necesitamos buenas noticias”, fue el pedido que le hizo Milei a Bullrich en las negociaciones posteriores al triunfo, antes de desembarcar en Casa Rosada, según fuentes del entorno de la dirigente del PRO.

La ex candidata presidencial se encuadró rápidamente, aún cuando Mauricio Macri, por entonces mucho más furioso que ahora -a pesar de que, según trasciende, sigue con precaución los primeros días de gobierno-, no aprobaba el ofrecimiento y la aceptación, según él unilateral, de su ex ministra. Bullrich se desentendió del reclamo del ex presidente, siguió adelante con su desembarco y a fines de la semana pasada anunció la puesta en marcha del protocolo anti-piquetes que este miércoles pondrá a prueba, en el primer gran desafío callejero de Milei: la movilización del 20 de diciembre a 22 años de la crisis que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa.

“Patricia tiene que mostrar firmeza, pero tampoco se puede pasar de 0 a 100 de un día para el otro”, reconoció ayer una fuente del Ministerio de Seguridad nacional.

Es que ayer, mientras la ministra presentaba en Rosario, Santa Fe, el “Plan bandera” para reforzar la seguridad en esa ciudad y combatir la violencia narco, en la plana mayor del Ministerio de Seguridad porteño se intensificaban las reuniones para ultimar los detalles del operativo de este miércoles que, en CABA, corren por cuenta exclusiva de la policía local. Existía, en ese sentido, una solapada crítica a los anuncios de fines de la semana pasada de Bullrich, que oficializó la puesta en vigencia del nuevo protocolo que, según la ministra, prohíbe los cortes de calles cortar calles que coarten la libertad de circulación. Bullrich fue un paso más: dijo que los costos de los operativos policiales serán solventados por las organizaciones sociales que se movilicen.

Un homenaje literal al tema que publicitó durante su campaña: “El que las hace, las paga”.

“El protocolo es un cúmulo de declaraciones de principios, nada más”, resaltaron ayer fuentes de la administración porteña. La semana pasada, no cayó del todo bien que la ministra nacional anunciara primero el protocolo y que, recién después, recibiera en su oficina a las autoridades de la Ciudad. Lo cierto es que este martes, 24 horas antes de la movilización, las autoridades nacionales y porteñas prevén reunirse en las oficinas de la calle Juan Andrés Gelly y Obes de Bullrich para terminar de consensuar el operativo.

En ese contexto, la marcha de este miércoles pone a prueba no solo el desafío de las organizaciones sociales, el liderazgo de Bullrich y el orden del espacio callejero que Milei y la ministra pretenden para su gestión, si no también la coordinación entre Nación y Ciudad en un rubro caro a la demanda de buena parte del electorado que se inclinó por la propuesta libertaria. El Presidente tiene, en ese plano, un as bajo la manga: el fracaso de cualquier operativo conjunto, con Bullrich de ministra y Jorge Macri a cargo de la administración porteña, tendrá el sello del PRO.

En la Ciudad se percibe mucha más cautela que en Nación: dicen que Bullrich mantiene una postura “inflexible”. Después de algunos cortocircuitos internos por la difusión de la investigación en torno al hombre que le arrojó una botella al presidente durante el acto de asunción, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, bajó el perfil. Hoy debería reunirse con su par nacional junto a Diego Kravetz, secretario y jefe de la Policía de la Ciudad.

Más allá de la “inflexibilidad” de Bullrich, existen por debajo charlas informales entre las autoridades porteñas y las organizaciones sociales encabezadas por el bloque de Unidad Piquetera, con Eduardo Belliboni a la cabeza. Son conversaciones que existieron siempre. Sobrevuela en ese sentido la posibilidad de negociar un recorrido que le de previsibilidad al operativo porteño, que habilite la ocupación de algún carril con acompañamiento policial y que evite la aglomeración de manifestantes en un lugar fijo por tiempo indeterminado. Dependerá, en ese caso, de la cantidad de personas. No es lo mismo 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil o 100 mil.

Bullrich ya avisó que no dejaría, en principio, que se movilicen de manera masiva por el Puente Pueyrredón o cualquier otro puente de entrada a la Ciudad. Los accesos y las estaciones de trenes, por ejemplo, sí son potestad de las fuerzas federales.

La postura de la ministra tuvo este lunes un apuntalamiento y una cuota extra de tensión en la relación con los movimientos sociales más díscolos con el anuncio de la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, la única, según el propio Milei, con cierta flexibilidad en el gasto: la funcionaria debutó públicamente con el aviso de corte de los planes a aquellos que marchen y corten las calles el próximo miércoles. “Los únicos que no van a cobrar el plan serán quienes vayan a las marchas y corten las calles”, anunció Pettovello. La respuesta de Belliboni fue la ratificación de la movilización: “Todos a la calle”, sentenció.

Además de CABA, Bullrich entabló desde que asumió un canal de diálogo con la provincia de Buenos Aires, en particular con el ministro Javier Alonso, el reemplazo de Sergio Berni, que dejó ese lugar tras cuatro años de gestión y una sintonía ideológica con la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio: siempre coquetearon en conjunto. Alonso asumió esa responsabilidad después de que varios dirigentes intentaran quedarse con el puesto, entre ellos un intendente de la primera sección electoral y un ministro del gabinete bonaerense que mandó a negociar a su jefe político para fusionar su cartera con la de Seguridad.

Alonso y Bullrich intercambiaron mensajes. También Vicente “Tito” Ventura Barreiro, dos de la ministra, con colaboradores provinciales de Alonso. Se conversa por el traslado de los dirigentes piqueteros en los micros y la posición que tomaría la administración bonaerense en ese aspecto. También por los accesos, aunque en su mayoría son potestad federal. Este martes, el gobierno provincial confirmó, sin embargo, que no tiene previsto adherir al protocolo anunciado por Bullrich.

Fuentes bonaerenses resaltaron a Infobae que, en ese contexto, la colaboración de la Justicia es crucial. En estos días, por caso, hay una creciente preocupación por una usurpación de viviendas en un distrito del Gran Buenos Aires, una situación que puede empeorar aún más en los próximos meses con la suspensión de la obra pública y las obras que quedan sin ejecución, a medio terminar. “La gente se mete y sin orden de un fiscal no podes sacar a nadie”, explicaron fuentes provinciales. Lo mismo sucede con la ocupación de la vía pública: los policías no pueden actuar sin orden judicial.

Milei y Bullrich están decididos a ir a fondo, y mostrar dureza. “Está bien que Patricia vaya a fondo y no muestre fisuras en el relato: hay que mostrar resultados y demostrar que hay un cambio de políticas”, remarcaron ayer fuentes nacionales.

Tiempo atrás, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad, sus colaboradores argumentaban que debían ser cautos porque los resultados de los estudios focales mostraban que los porteños demandaban orden callejero y protestaban por la ocupación de calles pero que, cuando los investigadores se referían a la modalidad de liberación del espacio público, ponían reparos por la utilización de ciertas herramientas para cumplir ese objetivo. La ministra de Seguridad está convencida de que tiene sostén de buena parte de la sociedad para avanzar con su protocolo. El miércoles lo pone en marcha.

* El Gobierno habilitó la línea 134 para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros