El miércoles todas las miradas estarán puestas en dos hechos que serán clave en los primeros 10 días de gobierno de Javier Milei. Por un lado, la marcha piquetera contra las medidas anunciada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; por el otro la aplicación del protocolo antipiquete que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó que utilizará el 20 de diciembre.
Ni uno ni otro demostraron voluntad de ceder. De hecho, ante la consulta de Infobae, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, ratificó la marcha luego de que Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, dijera que los que cortes calles no cobrarán el plan social. “Más que nunca”, sentenció el piquetero.
Sin embargo, la Unidad Piquetera, para minimizar posibles focos de incidentes, resolvió ingresar a CABA por subterráneo y tren y en las principales estaciones, como Constitución, Pompeya, Once, y las tres líneas de Retiro del ferrocarril Mitre, San Martín y Belgrano instalar “un equipo multidisciplinario de organismos, dirigentes de Derechos Humanos y políticos; abogados laboralistas, la Gremial de Abogados y otras organizaciones de abogados”, según Belliboni, para “garantizar que Patricia Bullrich no pueda actuar sobre los ciudadanos comunes en las estaciones de trenes para defender el derecho de poder ingresar a la Capital”.
Este despliegue fue diseñado porque la ministra de Seguridad advirtió: “Habrá vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren reunirse. En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales serán incautadas: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”.
La funcionaria aclaró que las protestas en las veredas, sin cortes de calles, avenidas, rutas y accesos -parciales o totales- serán disueltas con la intervención de las cuatro fuerzas federales, PSA; Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Para eso, “emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia”. También aclaró que “se actuará hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación”.
Belliboni anticipó que eso no ocurrirá. En tono casi de burla, anticipó que es imposible que 50 mil personas caminen por la vereda, como pretende la ex ministra de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.
Las columnas intentarán llegar a la ciudad desde el mediodía. Se concentrarán en los alrededores del Congreso de la Nación y de allí, a partir de las 16, bajarán por Avenida Rivadavia y Avenida de Mayo; otras dos lo harán por Diagonal Norte y Diagonal Sur para desembocar en Plaza de Mayo. Se generará un caos de tránsito vehicular en pleno horario pico de regreso a casa.
Una de las estrategias que se maneja en Gelly y Obes 2289, sede del Ministerio de Seguridad, es evitar que los piqueteros lleguen al centro porteño. Habrá operativos de las fuerzas federales en los puentes Pueyrredón, Alsina y en estaciones de trenes.
Las organizaciones de izquierda afirman que, con el fin de evitar los incidentes que suelen ocurrir en ese punto, no cortarán el Puente Pueyrredón, el principal acceso a CABA desde la zona sur del conurbano. “Si quieren poner la ‘supervalla’ ahí que lo hagan, pero nosotros no vamos a ir por ese lugar”, le aseguraron a este medio integrantes de la organización de la protesta y aclararon: “Vamos a ir en tren y en subte”. Para coordinar esa respuesta, Bullrich se reunió con el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, su par de CABA, Waldo Wolff, y con el jefe civil de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, entre otros funcionarios nacionales como Federico Angelini, el subsecretario de Intervención Federal, área que depende de la Secretaría de Seguridad.
En la conferencia de prensa en la que Bullrich anunció su plan, al cerrar su exposición, dijo que el nuevo “Protocolo para el mantenimiento del orden público” deroga el “protocolo garantista de Nilda Garré”. Este último, de mayo de 2011, dice en sus primeros párrafos que fue elaborado para “incorporar los estándares de derechos humanos como guía y, a la vez, como límite infranqueable para las intervenciones del Estado” (por la actuación de las fuerzas de seguridad). La premisa, señala, es garantizar “la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades”; “no reprimir la protesta social”, sino activar canales de diálogo frente al derecho “a circular”.
La movilización coincide con los 22 años en memoria de las víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001, los días de protesta social previos a la caída de Fernando De la Rúa.
La ministra también hizo hincapié en el uso de micros escolares para aquellos que se trasladen hacia las marchas. “Haremos bajar a los manifestantes, está prohibido que un micro escolar lleve mayores”, afirmó. Y agregó que “el que vaya con un ómnibus y lleve mayores, se lo detendrá y se les hará bajar, así como también al que estacione ilegalmente, al que se tape la cara o vaya con palos”.
“Ahora basta con todo eso, no pueden manifestarse en donde quieran”, completó.
Esa fue la razón por la cual los piqueteros le aseguraron a este medio que llegarán en transporte público.
En caso de detenciones, Seguridad pedirá la intervención de la Justicia. “Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores serán remitidos a las autoridades competentes. Se dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina para el ambiente y para la gente”, explicó Bullrich.
Por otro lado, la legisladora porteña María Celeste Fierro y la abogada Mariana Chiacchio interpusieron esta tarde un recurso de inconstitucionalidad, contra el Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Seguridad- con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 943/2023 y que corresponde al “llamado PROTOCOLO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ANTE EL CORTE DE VÍAS DE CIRCULACIÓN lesiona derechos y garantías de carácter constitucional. Se requiere el dictado de una medida cautelar urgente para que, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, el PEN se abstenga de aplicar en las protestas callejeras tal protocolo”, se lee en el escrito anticipado por este medio. El recurso recayó en el Juzgado de María Romilda Servini. La jueza se declaró su incompetencia y mañana será sorteado un nuevo juzgado.
En ese mismo sentido se expresó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, a cargo de Juan Manuel Irrazábal organismo que emitió un comunicado crítico al protocolo Bullrich en el que sostiene que: “El derecho a la protesta surge del artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado la República Argentina, de jerarquía constitucional”. Entre otros puntos, las organizaciones firmantes, más de cincuenta, recuerdan que las fuerzas de seguridad que intervienen en situaciones de protestas sociales y las autoridades civiles responsables “deben prohibir taxativamente la portación de armas letales y municiones de plomo (...) así como el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes por sus efectos indiscriminados”.
Se precisa, además, que el protocolo firmado por Bullrich “no prevé tales prohibiciones y vulnera los límites que surgen del derecho internacional de derechos humanos y nuestra Constitución Nacional”.
* El Gobierno habilitó la línea 134 para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros