El traspaso de la justicia laboral a CABA anticipa una batalla política entre Milei, Jorge Macri y los sindicatos

La próxima batalla política que se está gestando con epicentro en la Justicia ya comenzó a delinearse: el gobierno de Javier Milei y el de Jorge Macri dan señales de que avanzará el traspaso de los juzgados laborales nacionales a la ciudad de Buenos Aires, en una jugada que oculta un objetivo: poner en jaque a un grupo de jueces que, en la visión libertaria y macrista, están alineados con el kirchnerismo y perjudican a las pymes con sus fallos siempre favorables a los trabajadores.

En el entorno del ministro de Justicia, lideradas por Mariano Cúneo Libarona, aseguraron a Infobae que “todavía no está en estudio” el traspaso, aunque en el mundo tribunalicio dan por seguro que existe una decisión política del Presidente de avanzar con esa modificación, en sintonía con la autonomía porteña establecida por la Constitución Nacional a partir de su reforma de 1994.

Parece difícil que Milei decida acelerar el traspaso de los juzgados nacionales del Trabajo en estos primeros días de gestión: aún negocia con la CGT medidas como el paquete de leyes laborales que impulsan los libertarios y habrá otro importante motivo para pelearse, además del ajuste económico, si toca el fuero judicial que es visualizado por los sindicalistas como más afín a los trabajadores.

En la Secretaría de Trabajo, que conduce Omar Yasín, coinciden en que el tema “no es prioritario” para esta etapa inicial del Gobierno, aunque tienen pendiente un encuentro con Cúneo Libarona para hablar sobre el traspaso. Después de todo, son conscientes de que probablemente la reforma laboral que quiere Milei, aunque no irá a fondo, hará que lluevan presentaciones judiciales para frenarla y si llegan a los actuales jueces del Trabajo estarán muchísimo más cerca de conseguir esa meta.

Desde el Gobierno de la Ciudad hay una decisión firme de tener bajo su órbita la justicia laboral, además de la civil y comercial. Hay más que meros indicios en ese sentido. Por un lado, el Consejo de la Magistratura porteño contempla en su presupuesto 2024 una partida específica para financiar el funcionamiento del fuero laboral en CABA. Por otro, en la reciente reforma ministerial que impulsó Jorge Macri, la subsecretaría de Trabajo que funcionaba dentro del Ministerio de Desarrollo Económico se convirtió en Secretaría y pasó a depender del Ministerio de Justicia, a cargo de Gabino Tapia, un abogado que fue funcionario de Vicente López y está especializado en Derecho laboral.

Que el área de Trabajo del distrito porteño haya pasado a la cartera de Justicia es obviamente por lo que se proyecta, que será inexorable. Es que si por algún motivo se siguiera trabando el traspaso judicial desde Nación, Jorge Macri ya tiene decidido un Plan B que no es un secreto porque lo anunció en su discurso de asunción como jefe de Gobierno: allí habló de “otro gran objetivo que es crear un fuero laboral propio, moderno y ágil” que favorezca la creación de empleo.

Al frente de la flamante Secretaría de Trabajo y Empleo fue ratificado Ezequiel Jarvis, el licenciado en ciencias políticas que durante 8 años piloteó las relaciones laborales de Horacio Rodríguez Larreta y diseñó la propuesta del ex alcalde porteño sobre ese tema en la Fundación Pensar y en Juntos por el Cambio. Es uno de los pocos larretistas que sobrevivió en el gabinete de la ciudad (junto con Clara Muzzio y Fernán Quirós) y fue el reconocimiento a una gestión eficaz en un área compleja.

El Poder Judicial de la ciudad hoy solamente tiene funciones en el fuero contencioso administrativo y tributario y el fuero penal contravencional y de faltas. Hasta ahora no se pudo concretar el traspaso de juzgados laborales y comerciales de la Nación para cumplir loi establecido en la Constitución Nacional en la reforma de 1994, que reconoció al distrito porteño “un régimen de gobierno autónomo” con atribuciones propias en el plano ejecutivo, legislativo y judicial.

Durante su gobierno, en 2017, Mauricio Macri firmó con Horacio Rodríguez Larreta un convenio Nación-Ciudad mediante el cual se formalizó el traspaso de la Justicia, pero se limitó al fuero penal y restringido a una treintena de delitos (sin las partidas presupuestarias correspondientes), como consecuencia de que ese cambio debía ser refrendado por la Legislatura porteña y el Congreso.

Para los defensores de que el distrito porteño tenga los juzgados laborales nacionales, los intentos fallidos fueron por las presiones del kirchnerismo, la CGT y los abogados que asesoran a los gremios, para quienes, más allá de los fundamentos legales, se trata de una maniobra para disciplinar políticamente a los jueces. No es un secreto que el empresariado tiene en la mira al fuero del Trabajo por su supuesta parcialidad en contra del sector patronal debido a la fuerte influencia que tuvo en la designación de los jueces Héctor Recalde, el ex abogado de la CGT y ex diputado kirchnerista.

Entre tantos motivos por los cuales demonizan al fuero laboral, los hombres de negocios mantienen su enorme cuota de suspicacias porque, aunque son dos abogadas de trayectoria, Graciela Craig, la esposa de Recalde, integra la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mientras que la mujer del sindicalista judicial Julio Piumato, Analía Viganó, es titular del juzgado del Trabajo N° 31.

Para Macri, la justicia laboral fue un fuero “maldito” de donde salieron muchos fallos judiciales que frenaron algunas decisiones que tomó durante su gobierno y que favorecieron a los sindicatos.

Por eso no fue casual que en 2017 Macri haya embestido contra “la mafia de los juicios laborales” que complican la generación de empleo y acusó a “un grupo de estudios de abogados y un grupo minoritario de jueces laboralistas conducido por Recalde”. En el caso de los abogados, se quejó de que “los estudios laboralistas convencen a un pibe de una pyme de que tiene que hacer ese juicio y dejan a 7, 8, 10 o 12 trabajadores en la calle porque la pyme cierra”. “Queda un montón de gente sin acceder a un trabajo porque el que tiene que tomar decisiones tiene miedo de que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos”, agregó el entonces presidente de la Nación.

Curiosamente, quien este año coincidió con el espíritu de las acusaciones de Macri fue el dirigente social Juan Grabois: en la campaña antes de las PASO, y como precandidato presidencial de Unión por la Patria, cuestionó que los abogados laboralistas reciban honorarios del 40%, 20 del trabajador y 20 de la empresa, y admitió que las pymes tienen “miedo” de quebrar por perder un juicio.

Ahora, si el gobierno de Milei sigue demorando el traspaso del fuero laboral y comercial a la ciudad y Jorge Macri avanza con sus propios juzgados del Trabajo, muchos imaginan que habrá un estallido de conflictos políticos y sindicales, aunque los libertarios y los macristas creen que es el precio que habrá que pagar para cumplir la Constitución. Y, de paso, “purificar” una justicia teñida de sospechas.