Tras los anuncios económicos y en medio de una fuerte expectativa por parte de los integrantes del oficialismo en el Congreso, el Gobierno trabaja en los últimos detalles del paquete de proyectos que pretende presentar y que se encuentra demorado.
Si bien el Poder Ejecutivo esperaba poder enviar las medidas para su tratamiento parlamentario durante la primera semana de la presidencia de Javier Milei, como una señal del rumbo que va a tener su gestión, los textos no pudieron estar listos a tiempo.
De la “ley ómnibus” de la que se hablaba al comienzo, en la cual iban a estar incluidas las principales reformas que el mandatario nacional piensa impulsar en el primer año de su administración, se pasó a hacer referencia a “tandas”, aunque luego se barajó nuevamente la primera opción.
El objetivo, en cualquier caso, es preparar un conjunto de iniciativas, que van desde lo económico hasta lo burocrático, pasando por lo impositivo, que marquen el inicio de la actividad legislativa, aunque todavía no se convocó a sesiones extraordinarias.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, los equipos técnicos y asesores del jefe de Estado detectaron ciertas complicaciones en algunos de los textos que se iban a enviar, por lo que están tratando de solucionarlas en un absoluto hermetismo, al punto de que no se sabe qué áreas son las más complejas.
Por el momento, los diputados y senadores de La Libertad Avanza no recibieron el paquete, por lo que desconocer también su contenido, lo cual retrasa además las negociaciones que puedan llevar adelante para tratar de conseguir los votos necesarios para aprobarlo.
Asimismo, el círculo íntimo del ministro del Interior, Guillermo Francos, asegura que no está entre las prioridades del funcionario el hacerse cargo de las conversaciones para resolver este asunto, algo que el bloque oficialista le reclama, por su contacto fluido con las provincias.
En este contexto, las autoridades nacionales aún no designaron a un responsable para hablar con la oposición y estarían analizando la posibilidad de convocar a algunos de los dirigentes que estuvieron al frente del armado de las listas durante la campaña.
No obstante, todos los integrantes del espacio fueron convocados a colaborar desde el lugar que puedan. Tal es el caso del senador bonaerense Sebastián Pareja, quien suele visitar la Casa Rosada y ayuda en el acercamiento con los referentes de otros partidos en la provincia de Buenos Aires.
El paquete de reformas es un tema que se suele tratar en cada una de las reuniones de Gabinete que se realizan por la mañana en la sede del Gobierno y de las que también participa la vicepresidenta Victoria Villarruel, que como titular del Senado tiene su pelea propia.
La compañera de fórmula de Milei consiguió recientemente la presidencia provisional de la Cámara alta para alguien de su espacio, el puntano Bartolomé Abdala, como así también varias de las comisiones, que serán importantes a la hora de tratar los proyectos.
En paralelo, el Gobierno también trabaja en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que contendrá medidas referidas a las áreas de seguridad y salud, el cual fue analizado este miércoles por los funcionarios y por Santiago Caputo, uno de los principales consejeros del jefe de Estado.
Otra figura que participa activamente tanto en el paquete de proyectos como en el DNU es Federico Sturzenegger, quien durante el comienzo de la gestión de Mauricio Macri fue titular del Banco Central y hasta ahora no tiene un cargo formal.
Aunque aún no se determinó si entrará por Diputados o por el Senado, el texto incluiría una modificación en la ley de movilidad jubilatoria que rige actualmente y la ampliación del Impuesto a las Ganancias, que en campaña Sergio Massa modificó para que alcanzara a menos personas.
“Cualquier corrección al alza de impuestos, como en este caso de Ganancias, va a ser primero de cortísimo plazo. Es el telón para lo que viene, y siempre vamos a hablar con la verdad y ser los primeros que cuando haya un aumento en algún impuesto, que en el cortísimo plazo lo corrijamos y volvamos al estado anterior”, aclaró el vocero presidencial el jueves pasado.
Al comienzo de esa semana, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció una serie de políticas que implementará su gestión, entre las cuales están la no renovación de contratos en el estado que tengan menos de un año de vigencia; la suspensión de la pauta publicitaria del Gobierno Nacional por un año; la reducción al mínimo de las transferencias discrecionales a provincias y la quita de subsidios a la energía y el transporte.
En tanto, su par de Infraestructura, Guillermo Ferraro, encabezó su primera reunión del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), en la que convocó a entidades empresariales y al gremio de la construcción para impulsar un nuevo esquema de inversión, “a fin de articular el sector público con el privado y lograr la participación de las empresas en la ejecución y financiamiento de grandes obras y proyectos”.