El Estado desembolsó más de $13.000 millones para pagar las boletas partidarias en las elecciones de este año

Entre las distintas reformas económicas y del Estado que busca impulsar el gobierno de Javier Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció esta semana que promoverá una reforma electoral que incluya el sistema de boleta única. “Es increíble que en 40 años de democracia no hayamos sido capaces de cambiar este sistema donde un elector llega a un cuarto oscuro y se encuentra con 500 boletas de partidos. El sistema de boleta única no solamente termina con este gasto de dinero, sino también con la confusión que muchas veces se genera”, sostuvo Francos el miércoles pasado en un acto que la Cámara Nacional Electoral organizó por los 40 años de democracia. Se refirió así al actual mecanismo de votación que prevé que cada partido financie la impresión de sus boletas con un subsidio que le da el Estado, más fondos que recaude en forma privada, en un operativo de logística y distribución de gran magnitud para que estén en las mesas el día de la votación.

La Boleta Única de Papel (BUP) es una sola por cada votante y la impresión la realiza el Estado, sin la participación de los partidos políticos. Su principal diferencia con el sistema actual de múltiple boletas partidarias es que el votante marca en una única papeleta, con una cruz, los candidatos que desee elegir en cada categoría. Mientras que con el sistema actual el elector puede tomar una boleta completa o cortarla y elegir el candidato a presidente de un partido y a diputado de otro, con la boleta única también se puede votar a distintas agrupaciones por categoría, pero usando un lápiz, en lugar de la tijera.

Según sus defensores, además de ponerle fin a picardías políticas como su robo o rotura, el sistema permitiría ahorrar fondos estatales y privados. Entre las PASO, las elecciones generales y la segunda vuelta, el Estado desembolsó un total de $13.208 millones en subsidiar a las agrupaciones políticas para que puedan imprimir sus boletas partidarias, según la información a la que accedió Infobae de la Dirección Nacional Electoral (DINE), a cargo de Marcos Schiavi en la anterior gestión. El dato no es menor en un momento en el que Milei y sus funcionarios vienen insistiendo en que “no hay plata” en las arcas públicas, y en el que se pusieron bajo la lupa “los gastos de la política”.

La ley prevé este aporte público que busca garantizar que la oferta electoral esté presente en el cuarto oscuro de los 17.000 establecimientos de votación que hubo en estas elecciones en el país. Los partidos chicos o los nuevos suelen depender de este subsidio para garantizar la impresión de un número de boletas que les alcance para cubrir las más de 100.000 mesas para emitir el voto que hubo en todo el territorio nacional. No así los más grandes, que suelen imprimir por su lado dos o tres padrones más para el reparto previo de boletas entre la ciudadanía. “El sistema actual es muy costoso para el Estado, que financia gran parte de la impresión de boletas, y para los partidos políticos. Ese adicional de boletas los partidos más grandes lo pagan con dinero que pueden recaudar, ya sea de manera legal por los aportes que pueden recibir de particulares y empresas con un tope, pero también puede venir de distintos lugares y no estar declarados, o tener un origen incluso ilegal”, advirtió Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica (CC).

Por un fallo de la Corte Suprema del 2015 luego ratificado en 2020, en las PASO, la DINE debe solventar la impresión de una boleta por elector a cada lista de precandidatos oficializada dentro de cada alianza que participe en las elecciones primarias. Esto dispara el gasto público, ya que como sucedió en estas PASO, hubo un número récord de listas - 380 en total para presidentes y cargos legislativos y parlamentarios -, en una época donde los recursos estatales, además, son escasos. Muchos de esos partidos sacaron muy pocos votos en las últimas elecciones, o son casi ignotos, y compitieron por primera vez con hasta 7 listas para las PASO de agosto.

La boleta única es una deuda que arrastra el Congreso desde hace 16 años, luego de un fallo de la Cámara Nacional Electoral en 2007 que le había ordenado al Congreso sancionar una norma en ese sentido, como la que se utiliza en nuestro país para los electores privados de libertad y para los argentinos residentes en el exterior.

El proyecto tuvo media sanción en diputados en 2016, a comienzos del gobierno de Mauricio Macri, pero perdió vigencia parlamentaria ya que no fue aprobado en el Senado, principalmente, por el rechazo del peronismo. En junio del año pasado, distintos sectores del arco opositor lograron nuevamente una media sanción en Diputados, por 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones. Apoyaron la iniciativa los legisladores de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, con el acompañamiento de Milei y Victoria Villarruel, entonces diputados de La Libertad Avanza, Juntos somos Río Negro, el Movimiento Popular Neuquino y SER. Se opusieron el Frente de Todos y el Frente de la Concordia Misionero, mientras que la izquierda se abstuvo. El texto establecía la implementación de la Boleta Única de Papel para cargos nacionales con un modelo que incluye un casillero de voto de lista completa para las elecciones generales, con el logo partidario al lado. Pero el debate de la iniciativa se frenó en el Senado bajo el mandato de Cristina Kirchner.

“Fue una tarea de mucho diálogo entre todas las fuerzas políticas que no eran el kirchnerismo ni la izquierda, que decidimos complementar los proyectos presentados y ponernos de acuerdo para sacar una media sanción después de la elección de medio término del 2021. Porque la Argentina tiene un sistema electoral muy precario en materia de instrumento de votación, no así en conteo de votos. Si bien es un sistema que refleja la voluntad popular, la mayor parte de las veces, han habido antecedentes de robo de boletas”, sostuvo López. Con el sistema de la BUP, las boletas son provistas por la Justicia Electoral y sólo están disponibles en los lugares de votación, de donde no pueden ser extraídas legalmente. Así, los votantes tienen garantizada la oferta electoral completa y los partidos, que sus candidatos estén disponibles en todas las mesas de votación durante toda la jornada electoral. Así, los fiscales no deben ir a chequear los posibles faltantes en el cuarto oscuro y se terminarían las prácticas de sustracción de boletas, rotura o las boletas truchas,

“A nosotros nos ocurrió en 2007, sobre todo en el Conurbano, donde empezaron a faltar boletas de (Elisa) Carrió, que era la candidata que salió segunda en esa elección. Hicimos una serie de denuncias y la Cámara Electoral sacó una resolución en aquella oportunidad pidiéndole al Congreso que dicte una ley de boleta única. Se logró una media sanción en 2016, que se venció, y otra media sanción el año pasado, a la que le queda un año más para ser tratada”.

En efecto, la aprobación de la Cámara de Diputados tiene vigencia hasta finales de 2024, el nuevo escenario político podría favorecer su aprobación definitiva para que se convierta en ley el año próximo. En ese sentido, el apoyo que le dio Francos a la boleta única -una de las principales voces políticas fuertes del actual gobierno- y el que ya le había dado el año pasado Juntos por el Cambio y otros sectores opositores, indicaría, que se abre la oportunidad de que la norma sea sancionada en la Cámara alta

“Debemos ir a la boleta única, que de hecho tiene media sanción en Diputados y está trabado en el Senado, porque de la misma manera que hoy votamos con un DNI moderno y práctico, tenemos que hacer lo mismo para que no haya esta inmensidad de boletas que lo único que hacen es complicarle la vida al ciudadano y hacer muy caro al sistema”, coincidió el diputado nacional peronista disidente Florencio Randazzo. El ex ministro del Interior fue miembro informante en esa sesión como legislador de Identidad Bonaerense y uno de los impulsores del cambio de sistema electoral.

“Además con la Boleta Única se producirá un ahorro importante en recursos, porque evitamos la impresión de miles de millones de boletas, el negocio de fiscales y la apropiación del dinero de algunos partidos que no las imprimen y se quedan con la plata”, agregó el ex candidato a vicepresidente de Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País).

López planteó, a su vez, la cuestión de la sustentabilidad ambiental y de la importación de papel requerida. “La boleta única permite no gastar tanto papel, algo que deberíamos valorar para no causar mayor daño al medio ambiente. Además es muy caro el papel en la Argentina y gran parte se importa. Hoy es un problema para nuestro país por la restricción de dólares que tenemos siempre”.

Históricamente, como regla política, no se modifican leyes electorales el mismo año en que hay comicios. Por eso, al no ser el 2024 un año electoral, habría más chances de que eso suceda. Esto permitiría que se pueda implementar la boleta única en las elecciones legislativas de 2025.

El miércoles, en la primera sesión especial en el Senado, la vicepresidencia Villarruel acordó con todos los bloques de la oposición para imponerse sobre el kirchnerismo -que tiene la bancada más numerosa- y así conseguir el quórum y los votos necesarios para imponer a las autoridades del Senado y retener el control de las comisiones.

“Debería poder lograrse el número para aprobarla, como se vio en la sesión de esta semana. Además, si bien hoy son más los senadores del peronismo, hay varios que han estado a favor de la boleta única. Incluso el ex ministro del Interior, que tuvo a cargo las elecciones, “Wado” de Pedro, es actualmente senador y dijo que había que poner en debate este tema, no para la elección del 2023, sino para la del 2025″, señaló el diputado de la CC.

La boleta única de papel funciona para cargos provinciales en 3 de los 24 distritos del país - Córdoba, Santa Fe y Mendoza- y es el sistema de votación de muchos países de América Latina y el mundo.

En Córdoba, la Boleta Única de Sufragio (BUS) concentra la oferta electoral total de la provincia en una misma papeleta. Se implementó por primera vez en 2011, cuando fue elegido José Manuel De la Sota. La promovió el entonces gobernador Schiaretti, después de las elecciones del 2007 en las que resultó electo. En esos comicios, Luis Juez denunció que hubo fraude, algo que no fue comprobado, y que él había sido el ganador. Esta situación llevó a Schiaretti a impulsar una reforma política electoral para la que se llamó a un grupo de expertos que estuvieron un año trabajando. Fue aprobada por la Legislatura en 2008, con los votos del oficialismo provincial.

La organización de las elecciones provinciales en Córdoba está a cargo del Juzgado Electoral, que es el que determina el gasto que implican. Según fuentes de ese Tribunal, cuya titular es la magistrada Marta Vidal, el costo en los comicios generales de este año - en este distrito no hay PASO - fue de $234.112.600. El monto corresponde a una boleta única para todas las categoría por la cantidad de electores, más un 10% de reposición. Además de esa cifra, se gastaron $13.930.367 adicionales para las plantillas en Braille ya que los electores ciegos votan en forma autónoma.

Realizadas el 25 de junio, cuando se impuso para gobernador Martín Llaryora, de Hacemos por Córdoba, las elecciones incluyeron legisladores provinciales, miembros del Tribunal de Cuentas y autoridades locales en 194 localidades que votaron en simultáneo con la provincia. Las fuentes de la Justicia Electoral aclararon que “la cantidad de BUS que se imprimen depende también de la cantidad de localidades que se adhieren a la simultaneidad, y en ese sentido también varían los costos”. En el caso de los municipios que eligieron autoridades en forma desdoblada, explicaron en la Justicia electoral cordobesa, “los costos los afrontaron ellos”.

En Santa Fe, se vota con boleta única también desde 2011. La propuesta fue impulsada un año antes por el entonces diputado Pablo Javkin, actual intendente de Rosario. El monto pagado por el Gobierno provincial para la impresión de las boletas únicas por el Tribunal Electoral fue $3.997.363.770, según los datos del Ministerio de Economía santafesino a los que tuvo acceso Infobae. El monto se calculó a partir de una boleta por votante, por cada categoría, con cinco impresiones de más por mesa por posibles eventualidades, tanto para las PASO del 16 de julio como para las generales del 10 de septiembre.

El costo incluyó las boletas únicas para cada una de las categorías que se eligieron en el distrito: gobernador y vice, senadores y diputados provinciales, intendentes, concejales y comisiones comunales. La cifra representó el 48% del costo total de las elecciones provinciales en las que se impuso el radical Maximiliano Pullaro.

En tanto, en Mendoza, el costo de la boleta única papel para las PASO y las generales provinciales y municipales, que tuvieron lugar el 13 de agosto y el 24 de septiembre respectivamente, ascendió a $751.625.002, según informaron fuentes de la gobernación a Infobae. Al igual que en Córdoba, fue la cuarta vez que se utilizó en este distrito con una única papeleta para todas las categorías. En los comicios donde se impuso Alfredo Cornejo con este sistema, también se eligieron con la boleta única senadores y diputados provinciales, intendentes y concejales.

Quienes se oponen a este sistema sostienen que favorece la personalización de la política, en detrimento de los partidos, y que la boleta por categoría debilita la solidaridad electoral entre miembros de una misma fuerza o alianza.

Los críticos sostienen, también, que genera confusión en los votantes por la cantidad de candidatos incluidos en ella y el tamaño que puede llegar a tener. En ese sentido, su impresión puede volverse más costosa por la menor disponibilidad de imprentas para su confección. Otro aspecto negativo de la boleta única - advierten- es que sólo muestra a los cabeza de lista y no a la lista completa de candidatos.

Durante la gestión de Alberto Fernández, el propio mandatario se manifestó en contra de la boleta única al sostener que el sistema actual, de boletas partidarias, “es una de las pocas cosas que anda bien en la Argentina” y que “nunca hubo cuestionamientos de fraude”, por lo cual se preguntó: “¿Para qué cambiar?”.

Visualización: Andrés Snitcofsky