La ofensiva de Patricia Bullrich contra los piquetes, una decisión política de alto riesgo en una Argentina pendular

La receta, en el fondo, es la misma: una política de shock. La decisión de la ministra Patricia Bullrich de establecer un rígido protocolo para regular las protestas sociales y garantizar el libre tránsito se inscribió en la misma lógica que instauró Javier Milei apenas asumió la Presidencia de la Nacional. La ofensiva contra los piquetes coincidió con otras medidas que el gobierno libertario tomó desde el mismo domingo del traspaso de mando.

En apenas seis días corridos, Milei borró la mitad de los Ministerios que tenía la gestión kirchnerista, subió el precio del dólar más del 100%, eliminó los controles de precios y le soltó la correa a las naftas y otros mercados que el gobierno pasado intentó sin éxito tener “pisados”. Rompió con los socios internacionales de la administración anterior, como Luiz Inacio Lula Da Silva, repudió los coqueteos con los dictadores Putin y Maduro y puso en el escenario de su discurso inaugural al ucraniano Volodomir Zelensky, al brasileño Jair Bolsonaro, y al español Santiago Abascal, líder de Vox, el mayor enemigo de Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno español. Y tuvo un contacto a solas con el canciller Eli Cohen, enviado del premier israelí Benjamin Netanyahu.

En ese registro pendular -de ir un de un extremo al otro- y a casi tres décadas de tolerancia absoluta a los piquetes, Bullrich volvió a anunciar un protocolo con medidas estrictas para erradicar los cortes de calles. No es la primera vez: en el mismo cargo pero en febrero de 2016 y en el inicio del gobierno de Mauricio Macri, anunció un régimen similar que, por impracticable, quedó en desuso. Hay diferencias entre ambos momentos, aparte de los casi 8 años que pasaron entre uno y otro: la sociedad argentina está agotada del caos, reclama orden y hay un presidente dispuesto a tomar medidas impopulares y asumir los riesgos.

El nuevo protocolo fue anunciado de cara a la marcha que está anunciada para el próximo miércoles en memoria de las víctimas del 19 y 20 de diciembre, los días de anarquía previos a la caída de Fernando De la Rúa. Los que motorizan esas manifestaciones son piqueteros de ultraizquierda, que hasta la conferencia de Bullrich no lograban convencer a otros movimientos sociales identificados con el peronismo de marchar juntos.

“Con el protocolo antipiquetes parece que estamos preparando la madre de todas las batallas. Todos van a estar mirando qué hacemos y qué hacen los piqueteros. Si el operativo sale bien, va a ser el primer round y van a volver a intentarlo con más gente. Ni quiero pensar si hay algún hecho desgraciado o algún infiltrado hace algo”, le decía anoche a Infobae un dirigente con responsabilidades de gobierno que estuvo ayer con Bullrich.

Del anuncio que hizo en la sede del Ministerio de Seguridad, en la calle Gelly y Obes, surgió que habrá el miércoles próximo operativos de las fuerzas federales para impedir que ingrese a la Capital Federal la movilización que van a encabezar organizaciones piqueteras como el Polo Obrero y otros sellos que tienen conexiones subterráneas con el mundo kirchnerista. El despliegue lo harán en los puentes Pueyrredón, Alsina y estaciones de trenes, para impedir que los manifestantes ingresen a la ciudad de Buenos Aires.

Para coordinar esa respuesta, Patricia Bullrich después de la conferencia que anunció el protocolo antipiquetes recibió al jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, a su homólogo de CABA, Waldo Wolff, y al jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, junto a los funcionarios nacionales entre los que se destacaron Federico Angelini.

El protocolo no sólo alarmó a los piqueteros, habituados a los roces con la Policía de todos los gobiernos. También puso en alerta a gremios de la CGT que después de cuatro años de inexplicable parálisis -por primera vez en 40 años no hicieron siquiera un solo paro, un trato que no le dieron a Néstor Kirchner- ahora están precalentando para volver a protestar, con bombos y todo. Más aún, cuando el gobierno se resiste a hablar de reabrir paritarias en medio de una disparada inflacionaria, que más que fogonazo, se convirtió en un incendio descontrolado.

“No sé específicamente a qué te referís”, respondió anteayer el vocero Manuel Adorni, cuando en la conferencia de prensa matutina fue consultado por Infobae sobre si tenían previsto alguna medida para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, después del mini plan Caputo, que aceleró la carrera de los precios, ya lanzada por las medidas electoralistas que aplicó el anterior gobierno kirchnerista. Hay economistas, como Martín Redrado, que hablan de una inflación en diciembre de no menos del 30%. Y el propio ministro Caputo confirma que el cálculo está, de piso, en un 1% diario.

El anuncio de los límites a las manifestaciones ocurre a horas de que se conozca un decreto de desregulación económica que le dará motivos a gremios que están en alerta y movilización para poner en marcha sus planes de lucha. Los empleados públicos están primeros en esa fila imaginaria: porque les aumentarán los sueldos por debajo de la inflación o por los despidos y suspensiones de contratos derivados del ajuste, o al decir de Federico Sturzenegger, la “modernización del Estado”.

Hay también en gateras los demorados proyectos de ley de reformas -que surgieron del fraccionamiento de la idea original de llevar al Congreso una “ley ómnibus” de dimensiones bíblicas- que podrían incluir medidas que generen más rechazo.

El DNU que entre hoy y el lunes se publicará en el Boletín Oficial deberá ser analizado este año por la Comisión Bicameral que analiza los decretos de necesidad y urgencia. En la Cámara baja no se pusieron de acuerdo en cómo la conformarán y está la posibilidad de que el peronismo con el PRO le arrebaten a los diputados de Milei la mayoría que, tradicionalmente, le corresponde y que por su importancia se la conoce como “comisión de Gobierno”. El peronismo descansa, porque por el protocolo de Bullrich los libertarios no podrán marchar contra la casta.

Pero además de la batalla en la calle y en el Congreso, hay otra que aparece en el horizonte y que tiene, como común denominador a los gobernadores. Radicales, del PRO y, sobre todo, peronistas se sobresaltaron anoche cuando escucharon al ministro Caputo decir que “de ninguna manera” va aceptar coparticipar el impuesto al cheque. Se trata de un compromiso que firmaron 22 mandatarios en el final de la gestión de Sergio Massa para llevar al Congreso un proyecto que compartiera ese tributo. Lo hicieron por sugerencia de Guillermo Francos, que era el enviado de Milei ante el peronismo.

El presidente les cambió a los gobernadores el interlocutor que, casualmente, es el que tiene la chequera. Los mandatarios provinciales ya le dijeron a Francos que si reducen las transferencias, demoran la reversión del impuesto a las Ganancias y se niegan a compartir el impuesto al cheque -con una economía en estanflación- lo más seguro es que tengan dificultades para pagar los sueldos.

Carlos Bianco, mano derecha de Axel Kicillof recordó que la provincia está habilitada por la Constitución Nacional para imprimir su propio dinero. “La Constitución Nacional y Provincial nos permiten emitir una moneda propia. En su momento el Banco Provincia lo hizo. Hoy no estamos pensando en eso pero llegado el caso, de ser necesario, se evaluará”, dijo. Recuerdos del Patacón, año 2001. No fue el único que habló de cuasimonedas. El otro fue el riojano Ricardo Quintela. Dos de cinco gobernadores peronistas.

* El Gobierno habilitó la línea 134 para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros