Los pases a planta permanente en los últimos dos meses de Alberto Fernández duplicaron los del final del gobierno de Macri

Unas horas antes de que el ministro de Economía Luis Caputo anunciara el martes las primeras 10 medidas del ajuste que pondrá en marcha Javier Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni había adelantado que el Gobierno revisará todos los contratos y nombramientos en el Estado del último año. “Es relevante entender que el Estado tiene que achicarse”, sostuvo en su segunda conferencia de prensa matutina el martes pasado.

Según el relevamiento realizado por Infobae del Boletín Oficial de la República Argentina (BOAR) desde el 1 de octubre pasado hasta el 7 diciembre, hubo al menos 1.227 pases a planta permanente en la gestión de Alberto Fernández. La cifra es más del doble que las 504 designaciones producidas en los últimos dos meses del gobierno de Mauricio Macri, de acuerdo a lo publicado en el BOAR en ese mismo período de finales de 2019.

Desde varios de los organismos estatales involucrados explicaron a este medio que los pases a planta sobre el final de la gestión saliente fueron de personas que ya estaban trabajando como contratadas desde hacía tiempo, y que se presentaron a concursos internos, por lo que no habría aumentado la dotación total de personal. El pedido para que los contratados en el Estado con determinada antigüedad pasen a planta permanente de la Administración Pública Nacional es un reclamo gremial histórico de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de las Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

La cartera que más designaciones hizo en los dos meses previos al final de la gestión fue el Ministerio de Desarrollo Social: 782 designaciones en total. Fueron 24 resoluciones firmadas por la titular de esa cartera Victoria Tolosa Paz, entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre último, a pocos días de dejar esa cartera y asumir su banca como diputada nacional. El número no es el definitivo ya que hubo una resolución, la Nro 2313/2023, publicada en el BOAR del 28 de noviembre que no incluyó el Anexo con el listado de los nombramientos, por lo que el número es aún mayor. El Boletín Oficial depende de la Secretaría Legal y Técnica, en ese momento a cargo de Vilma Ibarra.

Ante la consulta de Infobae, en su entorno explicaron que “los pases a planta se materializaron en función del descongelamiento de vacantes dispuesto por la Jefatura de Gabinete de Ministros en una decisión administrativa del año 2020, donde se sustanciaron concursos internos para que los agentes pudiesen probar y comprobar sus aptitudes a través de un proceso de selección donde se evalúa de manera teórica y práctica su formación, su capacidad técnica y su antigüedad”. Aseguraron que “son personas que, de base, tienen 5 años como contratados y en base a dicha evaluación se le reconoce el derecho a la estabilidad que está reconocido por la Constitución Nacional”. Por último, justificaron esas decisiones en el hecho de que “las personas que se incorporan ya estaban dentro de la estructura y lo único que cambia es su modalidad de contratación”.

Este medio consultó al constitucionalista Félix Lonigro sobre lo establecido en la Carta Magna: “Hay un precepto constitucional previsto en el artículo 14 bis en el que se le asegura a todos los empleados públicos estabilidad. Esto genera en la sociedad la percepción de que no se los puede echar. Y la verdad es que ese derecho de tener estabilidad, como cualquier otro, tiene sus limitaciones. Ningún derecho se ejerce en forma absoluta y las limitaciones a la estabilidad del empleo público están establecidas por la Ley de Empleo Público y sus decretos reglamentarios”.

Según el relevamiento del Boletín Oficial, en segundo lugar en cantidad de designaciones en los últimos dos meses aparece la Jefatura de Gabinete con 96 pases a planta, seguida de la Junta de Seguridad en el Transporte, con 75. Desde la dependencia que estaba a cargo de Agustín Rossi en el gobierno del Frente de Todos, explicaron que “no son un pase a planta automático”, sino que se trata de “concursos que se iniciaron a mediados de 2022″ durante la gestión de Juan Manzur, y que “se cumplió con todo el proceso administrativo” en forma “transparente”. Según detallaron, “el concurso se hizo a mediados de año, luego se hizo el orden de mérito y se informaron quienes habían logrado completar satisfactoriamente el concurso y todos los demás requisitos. Los trabajadores tenían que tener como mínimo 5 años de antigüedad para los profesionales y 10 para los no profesionales”.

En tanto, voceros del área de Transporte de la anterior gestión, señalaron que Junta de Seguridad en el Transporte es un organismo descentralizado que reemplazó, a partir de una ley sancionada en 2019, a la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), y amplió sus funciones al transporte no sólo aéreo, sino también marítimo, fluvial, ferroviario y automotor en todo el país. Aclararon a Infobae que el ex ministro Diego Giuliano no firmó las designaciones, sino que lo hizo el presidente de la JST. Y a su vez explicaron que el organismo “sumó profesionales para poder dar respuesta a los sucesos que ocurren en el territorio nacional, de esta manera incorporó a técnicos, profesionales y especialistas en todos los modos de transporte en las distintas regiones argentinas”. También destacaron que la JIACC contaba con solo 120 empleados originalmente, y que la JST pasó a tener 533 trabajadores este año “para afrontar las necesidades técnicas e investigativas del interior del país”.

El titula de UPCN, Andrés Rodríguez, en declaraciones a Radio Mitre señaló que la existencia de los trabajadores de la planta transitoria no es de “ahora” sino que lleva más de una década. “La mayoría de los que están todavía en planta transitoria tienen más de cinco años de antigüedad. O sea, ni siquiera entraron con este último gobierno, entraron con gobiernos anteriores y fueron renovándose los contratos y tienen un derecho jurídico para permanecer en el empleo. Porque además, tiene una lógica que esa planta transitoria pase a planta permanente con un concurso previo, con jurados. Esto se viene haciendo desde hace bastante, no se inventó este año. El personal de planta transitoria que tiene años de antigüedad merece pasar a planta permanente. Pero no se pueden pasar de golpe porque se necesita en cada gestión presupuestaria cubrir las vacantes que están”.

En el ranking de designaciones de última hora en planta permanente siguen el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que estaba a cargo de Santiago Maggiotti, con 73 nombramientos; el Ministerio de Justicia, cuyo último titular era Martín Soria, con 63; el Ministerio de Educación, manejado hasta el 9 de diciembre por Jaime Perczyk, con 51; y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, dependiente de la Secretaría de Agricultura, con 47.

Con menos de 20 designaciones en planta en los últimos dos meses aparecen la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad con 15; la Dirección Nacional de Migraciones con 14; el Ministerio de Obras Públicas con 6; y el de Turismo y Deportes con 5.

Lonigro distinguió tres categorías de empleados públicos: los que tienen un cargo político como asesores de un funcionario jerárquico y se supone que se van con el cambio de gestión; los contratados por tiempo determinado; y los que están sujetos al régimen de estabilidad. Sin embargo, advirtió que esta estabilidad es “relativa” en una primera etapa, ya que deben cumplir un período de prueba que puede extenderse hasta 14 meses. “Cuando un empleado ingresa a trabajar en alguna dependencia pública nacional, tiene un período de prueba, además de cumplir los requisitos de aptitud psicofísica y técnica. Y después de un año, para poder ingresar a planta permanente, necesita un acto administrativo expreso de la autoridad del área donde trabaja. Ese acto administrativo se puede producir dentro de los 30 días de terminado ese año de prueba. Si dentro de esos 30 días, no llega la ratificación expresa, cumplidos otros 30 días, la incorporación se produce de manera tácita”, señaló.

“Después de esos 14 meses -prosiguió-, aún cuando el empleado ya esté incorporado, la estabilidad también es relativa. Porque si hay, por ejemplo, un plan de reestructuración como el que está habiendo ahora, a esos empleados públicos - así tengan un año, 10, 20 o 30 en la administración pública-, se los puede poner en disponibilidad. Disponibilidad significa que se le sigue pagando el sueldo de su misma categoría durante seis, nueve o 12 meses, dependiendo de la antigüedad del empleado público. Según el nivel que tenía, se trata de reubicarlo dentro del esquema de reestructuración. Y si no hay posibilidad de reubicarlo al cabo de esos seis, nueve o 12 meses, se lo indemniza y ahí el trabajador no tiene la la facultad de decir que no quiere la indemnización. De modo que los empleados públicos tienen estabilidad pero no es absoluta”.

Este profesor de Derecho Constitucional de la UBA aclaró que “al igual que un empleado privado, al empleado público se lo puede despedir con una causa comprobable. No hay diferencia entre el empleo público y el privado, porque a los dos se los puede echar. La única diferencia formal con el empleado privado es que se requiere un sumario previo”.

Agregó que en el sector privado, el empleador puede echar sin causa a un trabajador, en la medida que lo indemnice conforme lo establece la ley, sin derecho a reclamo alguno. “Ese despido es válido porque falta de causa está cubierta por la indemnización. En el empleo público, en principio, al trabajador de planta únicamente se lo puede echar con causa. Esto es así porque funciona, de algún modo, como una protección porque tiene cada cuatro años una autoridad distinta. Entonces, si dentro de cuatro años no sabe si el que viene lo va a echar, tal como pasa con un privado, ni siquiera puede sacar un crédito porque no tiene ningún tipo de seguridad laboral”.

Además de los pases a planta permanente del Estado a poco de terminar la gestión de Fernández, también hubo renovaciones de contratos de empleados públicos que trabajan en la planta transitoria por un año, de enero a diciembre de 2024. Fue el caso de la hoy ex ministra de Salud, Carla Vizzotti, que emitió la resolución 3966/2023 con su firma para disponer la renovación de contratos “con el objeto de desarrollar diferentes actividades en el ámbito de las distintas Secretarías y Subsecretarías”. Sin embargo, la decisión fechada el 28 de noviembre no fue publicada en el Boletín Oficial, ni tampoco el Anexo con el listado de los beneficiarios por la medida, sino emitida directamente desde su cartera. Llamativamente, tampoco aparece publicada en el sitio web del Ministerio, en la sección donde están las leyes, decretos y resoluciones vinculadas al área.

La resolución fue celebrada por la rama de Salud del gremio estatal ATE en su página de Facebook: “Tal como lo venimos exigiendo desde ATE SALUD, en el día de hoy la Ministra Carla Vizzoti (sic) firmó la renovación de los contratos que se encuentran en el marco del dec 214/06 y 1109. Creemos que la renovación para el ejercicio 2024 es un paso necesario para enfrentar la etapa que se viene”, escribió el gremio. El decreto 214/056 homologa el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. En tanto, el 1109 del 2017 autoriza a funcionarios jerárquicos a contratar profesionales autónomos -usualmente bajo la modalidad de locaciones de servicios -, “necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas especiales” por un plazo que no exceda los 12 meses “siempre que no exceda el período presupuestario en curso”. El plazo de renovación de esos contratos excedía largamente el 2023.

Ayer, desde ATE Capital informaron que ayer se reunieron con Guillermo Francos, Ministro del Interior, tras los anuncios de Caputo para planterale “el problema de la pérdida de salario de las y los estatales” y su preocupación ante posibles despidos. “Le solicitamos que se conforme una mesa de trabajo. Mucho de lo que ellos llaman contratos políticos son compañeros con antigüedad que cambiaron de sistema de contratación, cupos de discapacidad y cupo travesti trans. Nuestro rol es defender el trabajo estatal, no pensamos ceder en eso. El ajuste no lo pueden pagar los trabajadores”, señalaron tras el encuentro.

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