Dirigentes, diputados y ciudadanos en general repudiaron el último decreto que firmó el presidente Alberto Fernández que se asignó una custodia policial de por vida para él y para su círculo familiar, tanto dentro como fuera del país. Además, reclamaron que el próximo gobierno de Javier Milei que asume mañana derogue de manera inmediata esa norma.
El diputado y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, calificó en diálogo con Infobae de “disparate” la medida y resaltó que en caso de ponerse en marcha demandará “un gasto enorme, porque implica que se financie el lugar para que la custodia esté junto Alberto Fernández, la alimentación, el traslado”. “No se puede entender”, dijo el legislador y planteó que el futuro presidente debería dejar sin efecto la medida.
Por su parte, Florencio Randazzo advirtió en declaraciones a Infobae: “Es una decisión más de las que tomó este Gobierno totalmente fuera de sintonía con los problemas de la sociedad. Lo hemos padecido a lo largo de estos 4 años, con la fiesta en Olivos, el vacunatorio vip o la compra de un avión presidencial nuevo, mientras en la Argentina real la inflación destruía el salario de los trabajadores, la pobreza aumentaba cada mes y la inseguridad nos ha robado la tranquilidad”.
En la misma sintonía se expresó otros integrantes de la Cámara baja: Graciela Ocaña publicó un mensaje como comentario a la noticia del cambio en la custodia: “Primera medida del próximo Presidente: derogarlo”. Mientras que Tito Stefani aseguró que “por estos actos la clase política es considerada casta. Espero que la motosierra pase en primera medida por los privilegios del poder. Terminemos con los que utilizaron los recursos del Estado como su billetera personal sin rendir cuentas a nadie. Hoy es su último día. Se terminó”.
Pero no sólo fue de la dirigencia la reacción en contra de la medida, en las redes sociales las palabras “decreto” se posicionó entre las primeras tendencias, debido a la indignación que generó la decisión del Presidente de pasarle la cuenta al Estado de la seguridad para él, su familia y que, también hizo extensiva a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
“De regalo de despedida, Alberto firmó un decreto para que los argentinos tengamos que pagarle custodia en todo el mundo de por vida. El que quiere que Javier Milei derogue este decreto, ponga like”, propuso Miguel Boggiano, economista e influencer desde su cuenta de X, antes Twitter. Del mismo rubro, el economista Juani Fernández escribió: “Apenas se asuma, hay que derogar este decreto. Nos toman el pelo hasta el ultimo dia. No falla NO HAY PLATA”.
Otra vez fue la de Eduardo Gerome, ex juez y reconocido abogado penalista: “Así como se firmó un decreto ordenando custodia eterna por el mundo a los ex presidentes, así se tiene que derogar urgente tremendo disparate”.
Decreto y polémica
El decreto 735/2023, publicado hoy en el Boletín Oficial, incorpora un cambio en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, el organismo que está a cargo de la seguridad del Presidente. Hasta este sábado, en términos reglamentarios, la Policía Federal Argentina tenía la misión de custodiar a todos los ex mandatarios únicamente sobre el territorio nacional. De acuerdo con el texto firmado por Alberto Fernández, esa obligación se ampliará ahora a todos los países en los que residan quienes hayan ejercido la presidencia y la vicepresidencia.
La decisión lleva las firmas de Fernández y del jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Modifica los objetivos de Casa Militar, al reemplazar el artículo 2 del decreto 50/2019 firmado a pocos días de comenzar su gestión. La redacción de la norma suma como misión a los funcionarios del Poder Ejecutivo que ya cumplieron mandato. “Proveer la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”, indica el texto.
Desde la Casa Rosada explicaron que la novedad obedece a una modificación de organigrama y que la custodia siempre incluyó “el acompañamiento al lugar donde se encuentre el ex presidente o ex vice”. “El cambio se hizo para que las custodias no dependan del Ministerio de Seguridad y pasen a Casa Militar. Lo de fuera del país ya estaba vigente”, dieron como explicación a Infobae fuentes de Presidencia.
En un comunicado oficial, difundido cuando ya la polémica estaba instalada, indicó: “Ante las versiones periodísticas erróneas acerca de asignarse un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los ex presidentes de la Nación por la normativa vigente, es necesario dejar en claro que no se ha modificado ninguna de las disposiciones sobre custodia que poseen los ex mandatarios”.
“La única modificación normativa realizada por el decreto 735/23 sólo obedece a concentrar en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional”, estableció el documento.