Alberto Fernández y el sindicalismo: cuatro años de altibajos, con demasiada inflación y sin ningún paro general

Hace más de cuatro años, el 19 de noviembre de 2019, Alberto Fernández visitó la sede de la CGT y les hizo una promesa a los sindicalistas: “El movimiento obrero organizado es parte del Gobierno que se va a instalar en Argentina desde el 10 de diciembre”. Hoy, el presidente que le dejará el lugar a Javier Milei no sólo dejará el poder sin haber cumplido esa promesa. También se irá con niveles récord de inflación y de pobreza, pese a lo cual su gobierno no sufrió ningún paro general de la CGT.

Raúl Alfonsín soportó 13 paros generales; Carlos Menem, 8; Fernando De la Rúa, 8; Eduardo Duhalde, 2; Néstor Kirchner, 1; Cristina Kirchner, 5; Mauricio Macri, 5, y si Alberto Fernández es el que tuvo menos huelgas generales en 40 años de democracia no es por ausencia de motivos sino por una CGT que se mostró dócil y alineada con una administración del mismo signo político que la marginó de todas las formas posibles. Ayudó mucho a esa pasividad cegetista una profunda atomización del sindicalismo que le quitó fuerza para presionar, sumada a una debilidad objetiva de la central obrera: el alza explosiva del empleo no registrado, que supera el 45% del mercado laboral, hace que hoy represente a muchos menos trabajadores formales que hace 10 años.

Hubo un problema de origen para la CGT: Alberto Fernández nunca se animó a conformar el “albertismo” para disputar el poder interno en el Frente de Todos. La mayoría cegetista estaba dispuesta a sumarse a la pelea para desplazar a Cristina Kirchner del liderazgo de la coalición oficialista. La falta de voluntad del Presidente en dar esa batalla, pese a los continuos desaires del kirchnerismo, redundó en la exclusión de sus sindicalistas más leales de los espacios de poder para no irritar a La Cámpora e incluso en la nula incidencia del gremialismo en las medidas de gobierno.

La CGT se enteró por los diarios de muchas decisiones oficiales. Nunca fue consultada sobre las designaciones de los ministros de Trabajo ni de los responsables de administrar los fondos de las obras sociales. Mucho menos de las medidas económicas. El primer mandatario escenificó una participación sindical en su gestión que nunca fue real. Y el equilibrio que trató de mantener entre los distintos sectores gremiales se convirtió en una formalidad llena de fisuras. En la CGT, por ejemplo, miraron de reojo su acercamiento a la CTA kirchnerista de Hugo Yasky, que siempre compitió con la dirigencia cegetista mediante sindicatos paralelos y la creación de agrupaciones opositoras. Y causó escozor hasta la sobreactuación del Presidente en su apoyo hacia Hugo Moyano, a quien calificó de “dirigente ejemplar” sin ponerse colorado e invitó con su familia a la Quinta de Olivos en plena cuarentena obligatoria, mientras sus aliados más fieles nunca tuvieron un trato similar.

Claudio Moroni fue el primer ministro de Trabajo de Alberto Fernández. Se trataba de una figura de extrema confianza del Presidente, equidistante en la pelea interna del sindicalismo peronista, que se convirtió en el blanco predilecto del kirchnerismo (y de socios como Pablo Moyano).

El titular de Trabajo fue acusado de blandura ante el empresariado y de privilegiar al sector dialoguista que maneja la CGT. También fue hostigado por haber sido el cerebro de una iniciativa que permitió amortiguar el impacto negativo de la cuarentena obligatoria en las fuentes de trabajo: el acuerdo con la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA) para suspender al personal sin tareas con una asignación económica equivalente al 75% del sueldo neto. Cansado de las presiones, Moroni renunció a su cargo y el Presidente designó a Kelly Olmos en Trabajo sin siquiera informarle a la CGT.

Alberto Fernández utilizó a la CGT y al empresariado del Grupo de los 6 para mostrar una voluntad de concertación socioeconómica que nunca avanzó en concreto. Lo mismo sucedió con el pomposo lanzamiento del Consejo Económico y Social para discutir políticas de mediano y largo plazo. Para el sindicalismo, fueron instancias fallidas de acuerdo tripartito, atribuidas a un gobierno que, en realidad, no quería consensuar medidas económicas sino hacer una mera exhibición de apoyos ante la fuerte presión del kirchnerismo, que batallaba contra el ministro Martín Guzmán y el acuerdo con el FMI.

Las paritarias, pese a todo, funcionaron dentro de los mismos parámetros de todos los gobiernos: con topes sugeridos para los aumentos salariales con el fin de no contribuir al alza inflacionaria, que se fueron diluyendo en la medida en que el costo de vida se disparó. Los incrementos pactados en forma anual pasaron a una actualización semestral y terminaron en muchos casos con una frecuencia bimensual o trimestral. Ya no hay “techos” salariales que sean acatados, mientras los dirigentes gremiales se quejan porque pactan un aumento y al poco tiempo queda atrás de la inflación.

Alberto Fernández se despedirá con una inflación que superaría el 185% anual. En sus cuatro años de gestión, donde se inauguró la categoría de trabajadores formales pobres (es decir, con salarios en blanco y condiciones laborales que no garantizan evitar la pobreza), se acumuló una evolución de los precios que alcanzará el 744%, casi el triple de la que hubo con Mauricio Macri (que no tuvo la suerte del presidente saliente: por mucho menos, la CGT lo castigó con 5 paros generales).

“Hay un proceso virtuoso evolutivo”, fue la explicación de un directivo de la CGT para explicar el porqué de tanta tolerancia ante un gobierno que tuvo pésimos resultados económicos. La inacción cegetista no puede atribuirse a las divisiones internas: luego de un largo proceso de fractura, la conducción de la central obrera se unificó en noviembre de 2021. En realidad, la unidad arrancó mal porque Pablo Moyano faltó al congreso en que fue elegido uno de sus tres secretarios generales, junto con Héctor Daer (Sanidad), del sector de “los Gordos”, y Carlos Acuña (estaciones de servicio), del barrionuevismo. El triunvirato pasó largos meses de intrigas y tironeos, con el dirigente camionero, muy cercano al kirchnerismo, excluido de reuniones y negociaciones por parte de sus pares-rivales.

Pese a todo, el hijo mayor de Hugo Moyano también fue marginado, al igual que toda su familia, cuando Cristina Kirchner y La Cámpora armaron las listas de candidatos para las elecciones legislativas de 2021. En esas nóminas, los únicos privilegiados fueron dirigentes ultra-K como Sergio Palazzo (bancarios), Vanesa Siley (judiciales), Walter Correa (cuero) y Hugo Yasky (CTA kirchnerista).

En esos comicios y en los que se realizaron este año se formalizó un escenario que marca la pérdida de poder del sindicalismo: tendrá la menor representación de los últimos 50 años en el Congreso, ya que retuvo sólo 5 de las 10 bancas de diputado que mantenía desde 2021 y sólo sumó la del kirchnerista Mario Manrique (SMATA), aliado de Pablo Moyano, que fue en la lista bonaerense de Unión por la Patria. El retroceso del gremialismo en el Parlamento tiene números impactantes: entre 1973 y 1976 llegó a tener 39 legisladores; entre 1983 y 1993, 23; entre 1993 y 2003, 17; entre 2003 y 2011, 13; entre 2011 y 2019, 12, y entre 2019 y 2023, 10, de los cuales 5 ya finalizaron su mandato.

Mientras, la escena sindical se agitó por algunos conflictos virulentos, como el que protagonizó en 2022 el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), liderado por Alejandro Crespo, del Partido Obrero, que trastornó a las empresas del sector y complicó a los consumidores. Un precedente político complejo se produjo cuando el Gobierno toleró sin reacción alguna que los militantes del sindicato ocuparan por la fuerza una dependencia del Ministerio de Trabajo.

La misma falta de reacción por parte de la administración de Alberto Fernández signó la ola de bloqueos sindicales que complicaron a las empresas. En gran parte fueron impulsadas por el Sindicato de Camioneros, con protestas extorsivas en Mercado Libre y Walmart, entre otras, aunque afectaron en particular a pymes de todo el país, algunas de las cuales cerraron porque no podían trabajar. Pese a un contexto general de permisividad gubernamental, policial y judicial, hubo magistrados que condenaron y detuvieron a quienes bloquearon empresas. La indefensión de las pymes motivó que un grupo se organizara para crear el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), cuya estrategia permitió que la Justicia considerara que el bloqueo es un delito.

Mientras, el sindicalismo tampoco se olvidará que Alberto Fernández incumplió otra de sus promesas apenas asumió su cargo: aceptar el candidato del sector para que lidere la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que maneja los fondos de las obras sociales. Los dirigentes gremiales le pidieron que nombre a David Aruachán, un médico que había presidido la obra social y la prepaga de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), del independiente Andrés Rodríguez. Pero el Presidente terminó eligiendo para ese cargo a Eugenio Zanarini, que respondía a Ginés González García. La pandemia profundizó la crisis financiera de las obras sociales y el primer mandatario nunca tomó en cuenta las distintas medidas que propuso la CGT para superar esa situación.

Cuando Zanarini falleció de un infarto, en 2021, el Presidente volvió a decepcionar a los sindicalistas porque ni los consultó para reemplazarlo por Daniel López, también cercano a González García. Tampoco Sergio Massa, como ministro de Economía, les dio los fondos prometidos para compensar el déficit de las obras sociales, que podría superar los 130 mil millones de pesos en 2023. Al menos quedó frenada la reformulación del sistema de salud que impulsaba Cristina Kirchner y que, según temía la CGT, ocultaba la apropiación de los fondos de las obras sociales por parte del Estado.

La familia Moyano se dividió más que nunca en el mandato de Alberto Fernández. Hugo se hizo muy amigo del Presidente, mientras Pablo estrechó lazos con Máximo Kirchner y Facundo renunció a su banca de diputado nacional en 2021 en desacuerdo con las políticas oficiales y, sobre todo, con el rumbo que quería imponer La Cámpora en el Congreso. Las diferencias políticas se sumaron a una fuerte pelea entre Hugo y Pablo Moyano por el manejo de la obra social camionera, con serios problemas financieros que llevan a cortes de prestaciones médicas, pero una situación próspera de la empresa que la gerencia y que pertenece a Liliana Zulet, la esposa del líder del sindicato.

El enfrentamiento llevó a que Pablo quedara afuera de la secretaría adjunta de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros cuando renovó sus autoridades, en diciembre de 2021, mientras otros de los miembros del clan familiar, como Jerónimo, Karina y “Huguito”, fueron premiados con cargos en el secretariado. Pablo dejó de ir a su oficina en el gremio y a la que tenía en la Mutual de Trabajadores Camioneros, que preside, e incluso se alejó de la obra social. No hubo reconciliación personal, pero sí gremial: Hugo Moyano volvió a incluir a Pablo como su secretario adjunto en la lista única que presentó para las elecciones del Sindicato de Camioneros, el 25 de septiembre pasado.

Aun así, el gremio ya no tiene el inmenso poder de antes. Los sueldos de la actividad ya no son los más altos de la Argentina, por lo que la paritaria de Camioneros dejó de marcar la pauta salarial para el resto de las organizaciones gremiales. Y Hugo Moyano no tiene el olfato político que lo caracterizaba: este año, sin reelección de Alberto Fernández, apostó a la candidatura presidencial de Daniel Scioli, e incluso iba a liderar la nómina de candidatos a diputado nacional por el distrito bonaerense, pero duró poco: al día siguiente de lanzar su postulación se produjo el sorpresivo acuerdo interno en el oficialismo que convirtió a Massa en el candidato único del espacio. La figura del líder del Frente Renovador volvió a unir a la familia Moyano (Pablo había apoyado a Eduardo “Wado” de Pedro). El triunfo de Javier Milei dejó desacomodados a todos sus integrantes.

No fueron los únicos. Lo mismo le pasó al sector mayoritario que maneja la CGT (”Gordos” e independientes) y al sindicalismo kirchnerista, cuyos referentes jugaron todas sus fichas a Massa. Las necesidades electorales del ministro-candidato lo llevaron a impulsar la eliminación del Impuesto a las Ganancias, un viejo reclamo gremial que chocó contra la negativa de Cristina Kirchner durante su gobierno y más tarde contra la promesa incumplida de Mauricio Macri.

En una posición distinta quedó Luis Barrionuevo (gastronómicos): pasó de haber sido el gran sostén sindical de la candidatura presidencial de “Wado” de Pedro a cerrar un acuerdo con Milei, que se rompió cuando el libertario eligió el pacto con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. }

El presidente electo, que también se reunió en secreto con Gerardo Martínez, líder de la UOCRA y dirigente de la CGT, carece de aliados sindicales, aunque en las últimas semanas, a través de Guillermo Francos, designado ministro del Interior, está tendiendo puentes para asegurarse la paz social. Ofrece una “mini-reforma laboral”, mientras le entregó la Secretaría de Trabajo y la Superintendencia de Servicios de Salud a dos bullrichistas como Omar Yasín y Enrique Rodríguez Chiantore.

La CGT no sólo no hizo paros generales contra Alberto Fernández. También tuvo un período récord de inactividad: en todo 2022, tuvo sólo 5 reuniones y sus miembros pasaron unos 8 meses sin verse las caras hasta marzo pasado, en que comenzaron a organizar el acto en la cancha de Defensores de Belgrano para conmemorar el Día del Trabajador (que curiosamente no se hizo el 1° de mayo sino el 2, otro símbolo de una central obrera que se sigue moviendo a destiempo).

Ahora, la dirigencia cegetista amenaza activarse para resistir el ajuste de Milei, aliada incluso con las organizaciones piqueteras peronistas, mientras tiene contactos secretos con los libertarios. ¿Cuánto tendrá de tolerancia sindical el nuevo gobierno antes de sufrir el primer paro general? El gremialismo no es el mismo de antes, pero la mayoría tiene los problemas de siempre. Uno es dividirse entre dialoguistas a ultranza y opositores a todo presidente no peronista. Milei buscará desactivar todos los frentes sindicales de conflicto. Si no, habrá que ver si su motosierra tiene suficiente filo.