Una auditoría externa del BID terminó de verificar las irregularidades denunciadas sobre las obras del basural de Luján

En un hecho que resulta inédito para la Argentina, una auditoría externa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), llegó al país para inspeccionar las obras que se han estado realizando en el mayor basural a cielo abierto ubicado en el partido bonaerense de Luján y, luego, regresó a Washington. La misión se realizó entre el lunes y jueves de esta semana. De esta manera, y contra la negativa que hasta ahora venían sosteniendo las autoridades nacionales y municipales, los expertos de esa entidad entendieron que eran válidos los reclamos de los vecinos sobre los posibles daños ambientales y sociales derivados de ese proyecto que financia el Grupo BID.

El propio MICI, en su página web, hizo públicas las tareas que desarrollarían en el país y poniendo en relieve los cuestionamientos que se presentaron sobre la calidad y el lugar elegido por la intendencia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para levantar un centro ambiental y de reciclado, además del cierre técnico del vertedero y relleno sanitario. A diferencia de las opiniones públicas dadas por el ministro Juan Cabandié y Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, que desestimaban las denuncias civiles y penales que realizaron los vecinos y organizaciones ambientalistas de la zona, y hasta los llegaron a descalificar, el MICI destacó en su comunicado oficial que una delegación de ese organismo que trabaja de manera independiente al BID continúa investigando el “reclamo presentado por 60 residentes de Luján respecto a potenciales daños sobre afectaciones ambientales, la calidad de vida, salud, patrimonio y patrimonio cultural vinculados con el proyecto de saneamiento del mayor basural del país” y destaca: “La investigación se limita, exclusivamente, a evaluar si el BID aplicó correctamente sus salvaguardias sociales y ambientales y sus propias políticas operativas en el marco del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (caso MICI-BID-AR-2022-0182)″.

Como informó este medio, el MICI no tiene poder de policía ni facultades para paralizar las obras - como ya hizo la Justicia Federal de Mercedes- solo se encarga de evaluar si la Argentina cumplió con las normas que exige el Banco Interamericano de Desarrollo que deben cumplirse en los proyectos motorizados con sus préstamos.

Entre lunes y jueves, y a pesar de las inclemencias del tiempo, los delegados del MICI se entrevistaron con Federovisky, pero de manera virtual porque no estaba en su oficina; con el intendente de Luján, Leonardo Luis Boto; con los denunciantes y sus peritos; y con los recicladores del basural, parte de ellos trabajadores de una cooperativa que depende del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); y un numeroso grupo de vecinos reunidos en la Sociedad de Fomento San Pedro. De hecho, la foto que eligió el MICI para ilustrar su comunicación oficial fue la de ese encuentro.

Entre otras quejas, la delegación del MICI escuchó por parte de vecinos y denunciantes que “la obra esta mal diseñada”; “que no hay espacio de seguridad”; “que el lugar elegido para el relleno sanitario es escaso para los 20 años que está proyectado y que por eso las autoridades amenazan con expropiar campos a los propietarios lindantes”; “que el saneamiento no tiene proyecto porque no fue aprobado por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires”.

Al recorrer la zona Sucre, dónde se construye la planta de saneamiento los vecinos recordaron que allí se talaron árboles, que es un lugar declarado patrimonio histórico, y que linda con emprendimientos agropecuarios con certificación orgánica protegida por ley.

Por la tormenta y el estado de las calles no pudieron llegar hasta el basural a cielo abierto de Luján. Por esa razón volvieron ayer. Sucede que la municipalidad no asfaltó los accesos, el peso de los camiones con los residuos urbanos generaron enormes surcos en los caminos de tierra y hasta se debieron suspender las clases en la escuela Justo José María de Urquiza N°3 que está frente al vertedero.

Cada uno de los relevamientos fueron minuciosamente registrados por los expertos del MICI para ser analizados y volcados en un informe final.

“El panel de investigación, integrado por la coordinadora de la Fase y dos expertos internacionales, visitará las zonas de influencia del proyecto y entrevistará a las personas reclamantes, a asociaciones de vecinos y de recuperadores, partidarias el proyecto, a representantes de la empresa responsable del proyecto y a consultores y funcionarios de diversas entidades e instituciones públicas”; reseña el organismo en su página oficial y recuerda: “La verificación de cumplimiento evaluará las acciones de debida diligencia y supervisión del BID en tres ámbitos centrales: los procesos de consultas y acceso a la información; identificación de posibles impactos ambientales y sus medidas de gestión”.

Las autoridades del MICI recuerdan también que “tanto el ámbito de la investigación como el cronograma de las actividades programadas, incluyendo esta visita a terreno, están definidos en los términos de referencia que el Directorio Ejecutivo del BID aprobó el pasado mes de abril”.

“El proyecto no tiene ninguna objeción técnica, ninguna. Salvo que a estos catorce vecinos no les gusta. Son catorce vecinos que no viven en Luján, son productores que tienen tierras productivas próximas tanto a este terreno, como al basural, y del basural no se quejaban. Catorce vecinos que no son de Luján, pesan más que 120.000 habitantes de Luján”, sostenía Federovisky en mayo pasado. Durante la investigación de este medio sobre las posibles irregularidades cometidas en la construcción del centro ambiental y los reclamos de los sectores afectados por la obra, se consultó en abril pasado a Juan Cabandie, uno de los responsables de la iniciativa.

— ¿Está al tanto de las denuncias que los Vecinos Autoconvocados de Luján realizaron ante el MICI?

— En las obras no existen irregularidades. Cuando mucho esta gente, estos vecinos con mucho poder económico, objeta cuestiones técnicas, sin sustento, porque no quiere la planta de tratamiento cerca de sus campos donde crían caballos de polo. La más molesta con todo esto es Viviana Karina Novelle, porque tiene temor que la planta se abandone y quede parte del basural al lado de sus campos.

— Sin embargo, la oficina externa que realiza las auditorias para el BID tomó el caso y está investigando.

— Nos quieren ensuciar porque no quieren la planta de tratamiento al lado de sus caballos de polo. Tienen múltiples negocios familiares, tienen uno de producción de alimentos orgánicos. Estas familias tienen un gran poder de lobby. El MICI no tiene poder para detener la obra. Nosotros ya nos reunimos con los vecinos y representantes del BID para llegar a un acuerdo, pero ellos se levantaron de la mesa de negociación. Estos son fondos del BID. El BID está chocho con nuestra gestión. Son más de 350 millones de dólares que ya los utilizamos. Repito, esta gente nos vuelve locos por sus intereses personales. Nosotros estamos dispuestos a eliminar el mayor basural de la Argentina. Ellos no quieren que afecte su producción de caballos de polo y de carrera, respondió el ministro que prefirió cuestionar a los denunciantes por su supuesto poder económico en vez de intentar buscar una solución sostenible para todos los habitantes del municipio.

El equipo internacional coordinado por la abogada costarricense Kattya Araya, que realizó las inspecciones y consultas para evaluar si la construcción del Centro Ambiental “Laudato Sí”, “ha cumplido con sus políticas y estándares sociales y ambientales”, impuestos por el propio BID tendrá seis meses para emitir su dictamen y entre sus facultades puede recomendarle al Grupo BID medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de sus políticas, o aconsejar la paralización de la obra ya interrumpida por un recurso extraordinario interpuesto por los vecinos y organizaciones ambientalistas que llegó a la Corte Suprema de la Nación. Allí se denuncian “deficiencias técnicas y riesgo para la salud por la presencia de desechos tóxicos y líquidos contaminantes” en las obras de saneamiento, construcción del Ecoparque y Centro Ambiental y cierre técnico del basurero que, según denuncian los vecinos amparistas, no fueron aprobadas por la autoridad ambiental.

Durante los encuentros realizados por la misión del MICI se expuso que el relleno sanitario tiene nueve metros de profundidad supuestamente, si el Gobierno retoma las obras hoy detenidas por la justicia, a los 30 centímetros encontrarán la napa freática, es decir, el agua, por lo que se mezclarán residuos, líquidos tóxicos y agua que van a tomar los habitantes del lugar.

El Gobierno plantea que va a haber una laguna de evaporización, algo que no es posible que ocurra, por lo que tampoco habrá un saneamiento total del basural como planean desde la mirada oficial y tal como se puede observar a simple vista. También quedó explicitado que “tampoco hay espacio para la zona de amortiguación en el noroeste del terreno” y se detalló que según la resolución 1143/02 de la Provincia de Buenos Aires y la resolución 202/20 del Ministerio que encabeza Juan Cabandie, debería ser de 80 metros. Sin embargo, las dimensiones del predio no permiten alcanzar esta medida (el problema principal se produce en el lateral noroeste que tendría entre los 2,5 y 5,7 metros). Es decir que se incumplirían las medidas exigidas.

Las obras que fiscalizaron los expertos del MICI están paralizadas por un recurso extraordinario que llegó al máximo tribunal de justicia del país. Tuvo su puntapié inicial en la acción de amparo ambiental colectivo, presentada, entre otros, por la Asociación Civil Nuevo Ambiente. Allí se alega que “existe una amenaza de mantener y agravar la contaminación derivada del mayor basural a cielo abierto del país, mediante el proyecto adjudicado, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la empresa EVASA”.

Los vecinos de Luján, también le solicitaron a la Justicia federal de Mercedes “adoptar las medidas necesarias y suficientes para la recomposición del daño ambiental que se habría generado por la gestión negligente del basural a cielo abierto mediante la implementación de un plan viable, sostenible y eficiente que asegure el saneamiento de dicho basural y cumpla con los requerimientos técnicos y legales aplicables”.

El juez federal de primera instancia de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, ordenó detener los trabajos “ante la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”. Pero la Cámara Federal de San Martín revirtió parcialmente la medida, que finalmente llegó a la Corte.

En el amparo se advierte sobre la existencia de “diversas irregularidades en la adjudicación de la obra” y que “no se realizaron los estudios necesarios para determinar la viabilidad técnica y legal ni los verdaderos impactos ambientales del Proyecto”, siendo esa una de las fallas principales del proyecto.

La misión del MICI que terminó ayer su labor recibieron la primera denuncia de un grupo de vecinos el 31 de enero de 2022. En el escrito sostuvieron que las obras que forman parte del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto -adjudicada la empresa Evasa- podían producir “potenciales daños a la calidad de vida, salud y patrimonio aunado a afectaciones ambientales y al patrimonio cultural para la comunidad, por el saneamiento de un basural (actualmente en operación) y la apertura de un nuevo relleno sanitario en la zona, que hacen parte del Programa”. Las actuaciones están identificadas como “MICI-BID[1]AR-2022-0182″.

Ante el MICI, los denunciantes también mencionaron los “potenciales incumplimientos con las Políticas Operativas Pertinentes al Banco (por el BID) ante la falta de información pública del proyecto y de consultas públicas adecuadas para dar consentimiento, por parte de la población afectada”. Es lo que vinieron a verificar.

Ante una consulta realizada por Infobae al MICI, con sede en Washington, recordaron que el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación es una oficina del Grupo BID, independiente de la gerencia de BID y de sus equipos de proyecto y que “atiende las reclamaciones ambientales y sociales de comunidades potencialmente afectadas por las operaciones del Grupo”. Es justamente esta independencia la que le “permite trabajar de forma imparcial y objetiva con todas las partes implicadas (las comunidades que presentaron el reclamo; el Grupo BID, como financiador de la operación; y la empresa o gobierno prestatario que ejecuta el proyecto) para buscar soluciones a las problemáticas planteadas”. Por último, explicaron: “El análisis de las quejas recibidas y los hallazgos de las investigaciones del MICI generan lecciones relevantes en cuestiones de sostenibilidad ambiental y social que han permitido al Grupo BID implementar mejoras, evitar que las incidencias se repitan en el futuro y promover cambios institucionales para continuar mejorando vidas en América Latina y el Caribe”