La justicia paralizó las cuestionadas obras de la mega feria La Gran Dulce que se levanta sobre un gasoducto en el predio del Mercado Central

La Cámara Federal de San Martín ratificó la clausura de La Gran Dulce. Se trata de la mega feria que se construye en el predio el Mercado Central ubicado en el partido bonaerense de La Matanza. Tal como informó este medio, el principal motivo es que se parte de la estructura se encuentra en las cercanías de un gasoducto. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) había solicitado la paralización de los trabajos, porque “implicaría un serio riesgo de afectación a la seguridad pública, con potenciales efectos dañinos sobre la vida y salud de las personas”.

De esta manera, el tribunal de alzada no hizo lugar a la apelación que había realizado la empresa que construye el emprendimiento en el predio del Mercado Central y dejó vigente la clausura establecida oportunamente por una medida interpuesta por el Municipio que conduce Fernando Espinoza.

La Gran Dulce también había sido objetada por la Inspección General de Justicia de la Nación, por inconsistencias e irregularidades en su conformación societaria y en sus aportes de capital. El fallo judicial faculta al municipio de La Matanza a impedir, “mediante instrumentos legales y en el uso de sus atribuciones, avances para la terminación de las obras, además de dejar vigente la inhabilitación establecida”.

La Gran Dulce S.A.S es una ignota firma creada en 2019. Con un capital inicial de apenas $25.000, construye en el predio de la Corporación del Mercado Central una mega feria que pretende competir con La Salada, la reina de la informalidad. Tendrá 2.500 puestos, patio de comidas, de juegos, estacionamiento, banco, casa de cambio y una financiera.

La inversión reconocida es de 700 millones de pesos. Pero el monto sería varias veces superior. Ocupa una superficie de 73.523,70 metros cuadrados, de los cuales 46.198, están cubiertos. Lo grave de esta situación ya no son las posibles ventas en negro, el presunto blanqueo de dinero o los “verdaderos dueños” del emprendimiento que estarían detrás de esa Sociedad de Acciones Simplificadas, sino que parte de esa estructura fue construida sobre el gasoducto que alimenta al Mercado Central. Y en ese punto se centró el tribunal de alzada. Un hecho que no tomó en cuenta la instancia inferior.

La medida judicial no parece haber tomado por sorpresa a los desarrolladores: en simultáneo anunciaron que postergaban la “gran inauguración” prevista para el 1 de diciembre. Lo hicieron a través de un comunicado en su muy activa cuenta de Instagram, y en una reunión presencial, que también subieron a la red social.

Es como mínimo curioso que en ninguna de esas dos instancias los representantes de La Gran Dulce S.A.S. hicieron mención de la decisión judicial. Apelaron a la “escasez de insumos necesario para el adecuado funcionamiento de sus locales, así como la ausencia de precios de referencia y la falta de mercadería”, por esas razones los responsables de la que sería la feria más grande del país “hemos decidido posponer la apertura de nuestro centro comercial has el 1 de marzo”.

Curiosos argumento, la feria de La Salada, ubicada en Lomas de Zamora y contra la que pretenden competir, sigue abierta, y también las miles de “saladitas” a lo largo y ancho del país, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires y CABA.

El comunicado de La Gran Dulce también sostiene: " Entendemos que este es un esfuerzo conjunto y, en señal de apoyo especialmente al esfuerzo de todos los trabajadores, hemos decidido bonificar los alquileres, expensas y todos los gastos relacionados hasta la mencionada fecha”.

Finaliza agradeciendo “su comprensión” y reitera su “compromiso con el bienestar de todos los trabajadores y familias que forman parte de La Gran Dulce”.

Ni una sola mención a los tropiezos judiciales y a las denuncia que cursan en los tribunales federales de San Martín.

Infobae tuvo acceso exclusivo a documentación judicial y del Ente Nacional de Regulador del Gas, a cargo de Osvaldo Felipe Pitrau, en la que se afirma que la construcción de la feria, o parte de ella, “se ubica sobre la traza del Gasoducto”, que alimenta a la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, por el cual transitan cientos de miles de personas por día, lo cual “implicaría un serio riesgo de afectación a la seguridad pública, con potenciales efectos dañinos sobre la vida y salud de las personas”.

Así se desprende de la “Medida Cautelar Genérica”, que el interventor Pitrau presentó a mediados de mayo ante la justicia federal de San Martín.

El juzgado de primera instancia tomó como propios los argumentos del Enargas al pedir “el cese inmediato de las obras, actividades y construcciones y el cese a futuro de toda actividad que implique un peligro para la seguridad pública”.

La empresa, a través de quien se presenta como su dueño, Rubén Eduardo Gómez, pero que ante los tribunales dijo ser el “apoderado de la Gran Dulce S.A.S.”, apeló la medida ante la Cámara de Apelación Federal de San Martín el 5 de junio pasado. Seis meses después, los magistrados de alzada decidieron paralizar las obras.

En la resolución de los magistrados que paralizaron las obras destacaron que los emprendedores “no se han presentado ante la Distribuidora las planimetrías, altimetrías y detalles en un plano de interferencias que permitan el análisis pormenorizado para dar conformidad de cualquier actividad cercana a cañerías o indicar las remociones a efectuar”, así como “no se han respetado los límites y restricciones para las instalaciones de superficie y cañerías subterráneas que establece el plano de mensura para afectación, ni se cumplimentaron en todas las etapas hasta ahora desarrolladas las disposiciones de la normativa vigente”, acentuando que se había acreditado que las anomalías denunciadas no sólo afectan la seguridad e integridad de la Estación Reguladora de Presión allí instalada, sino que también se ubican sobre la traza del Gasoducto RC17 (Gasoducto NEUBA II), “de vital importancia para el sistema de distribución en el área metropolitana”, lo que exigía un mayor cuidado en cuanto a su operación.

La referencia de los magistrados están en línea con lo denunciado por el Ente Nacional de Regulador del Gas quien alertó la justicia sobre los peligros que implica la construcción del gigantesco emprendimiento construido “a partir de bloques de hormigón prefabricado tipo ‘lego’ con estructura de perfiles y chapa galvanizados”, por una presentación que ante el organismo realizó MetroGas S.A. el 5 de mayo pasado solicitando se dicte una “Medida Cautelar Genérica”, para que “la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires y su aparente concesionaria La Gran Dulce cesen inmediatamente las obras, actividades y construcciones que se están desarrollando en el inmueble ubicado en Av. General Paz y 27 de Febrero, Villa Celina, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires”.

Los representantes legales de la alcaldía a cargo del peronista Fernando Espinoza, que transitaban de manera paralela en los tribunales de San Martín, tenían que ver con que el flujo comercial que allí se concentrará, sobre el que el municipio no recauda porque no tiene jurisdicción sobre el Mercado, iba a perjudicar al comercio tradicional de la zona, generando un quebranto importante. También cuestionaban que La Gran Dulce no había presentado los planos de obra, un paso necesario para recibir la autorización de obra.

Según la documentación judicial que presento Enargas a la justicia, la Gran Dulce tampoco presentó “las planimetrías, altimetrías y detalles en un plano de interferencias que permita el análisis pormenorizado para dar conformidad de cualquier actividad cercana a sus cañerías o indicar las remociones a efectuar”. Según la empresa distribuidora de gas tampoco “se han respetado los límites y restricciones para las instalaciones de superficie y cañerías subterráneas que establece el plano de mensura para afectación, ni se cumplimentaron en todas las etapas hasta ahora desarrolladas (según) la normativa vigente”.

El texto es extenso y muy técnico, pero hay palabras que no hacen falta que sean traducidas por un experto en energía. “Las obras presentan violaciones a las franjas de seguridad establecidas y graves defectos en el muro de contención (en tanto el mismo se realizó sin cimientos y con piezas de descarte), extremos que afectan de manera directa la operación, integridad y mantenimiento de la Estación Reguladora de Presión, máxime frente al terraplén que eleva el terreno sobre la Estación Reguladora de Presión de manera temeraria.”.

Ante la justicia de San Martín, el Enargas dijo que: “La seriedad y gravedad de los hechos “implicarían un serio riesgo de afectación a la seguridad pública, con potenciales efectos dañinos sobre la vida y salud de las personas, y sobre bienes afectados a la prestación de un servicio público” y le recuerda a los magistrados que “el peligro en la demora, que se derivaría del aplazamiento del dictado de una medida urgente”.

Los jueces, en su decisión, tomaron cada una de esas decisiones para fallar en contra de las intereses del emprendimiento que fue cuestionado en duros términos por la Inspección General de Justicia (IGJ). Un dictamen fechado el 1° de agosto de 2023 sostuvo que: “La Gran Dulce S.A.S. carece de recursos genuinos ya que con tan solo $25.000 de capital declarado en su conformación se ha embarcado en la construcción de un complejo dentro de las tierras asignadas a la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, con un valor aproximado de setecientos millones de pesos”, sostiene la “resolución particular”. Y describe: “Esta sociedad tiene todo el aspecto de ser una ‘sociedad vehículo’, creada para ser utilizada para el ocultamiento del verdadero dueño del negocio, como negocio indirecto, en el margen de la legalidad o lisa y llanamente, para su violación”.

Por su parte, La Municipalidad de La Matanza también denunció ante la justicia de San Martín que “la sociedad se obligó a pagar a la Corporación Mercado Central de Buenos Aires las sumas de $ 588.190 mensuales a partir del mes 13 de la concesión y la de $ 1.176.380 a partir del mes 25 previo a generar recurso, una suma desproporcionada con su capital de inicio, de $25.000 el cual no puede ser ampliado a más de cinco veces”. También radicaron una denuncia para paralizar las obras en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2, Secretaría Nº 2, de San Martín en la que se afirmó que: “la Municipalidad labró tres infracciones por la obra que se encuentra llevando adelante La Gran Dulce S.A.S. en un predio cuya administración le corresponde a la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires”.

Infobae llamó en reiteradas oportunidades a Rubén Eduardo Gómez, el hombre fuerte del emprendimiento ferial y quien aparece en los expedientes judiciales para conocer su posición sobre cada uno de los cuestionamientos sobre e l mega emprendimiento, pero su respuesta fue escueta.

-Lo llamo para hacerle algunas preguntas sobre La Gran Dulce ¿Me puede decir quien o quienes son los inversores?

Con voz de pocos amigos, imperativa y amenazante, respondió: “Me hubiesen llamado antes. Ya van a recibir una carta documento. No voy a responder de ninguna manera. Gracias, buenos día”.