Luego de las elecciones, a la CGT y al sindicalismo en general le está pasando lo peor que podría haber imaginado, además de la derrota de Sergio Massa: no encuentran interlocutores válidos en el futuro gobierno de Javier Milei. Por ahora, la dirigencia gremial se mueve sin éxito en la búsqueda de precisiones sobre las medidas que se aplicarán desde el 10 de diciembre y tampoco logra mantener contacto con los funcionarios que llegarán. Un escenario al que “la corpo” sindical no está acostumbrada: mucha incertidumbre que a veces se convierte en pánico por lo que puede venir.
Omar Yasín, futuro secretario de Trabajo, está recluido definiendo su equipo y sus planes. Muchos sindicalistas lo conocen porque fue funcionario de Jorge Triaca en el gobierno de Cambiemos, pero todavía no arrancaron las reuniones extraoficiales para presentarse y hablar de lo que sucederá cuando asuma Milei. “A Yasín le pidieron frenar los contactos que iba a empezar con nosotros para que no se filtren las medidas; por eso no sabemos nada”, afirmó el líder de un sindicato industrial.
Uno de sus colegas, en cambio, desliza que no habrá ninguna reforma laboral a fondo, sino una apuesta inicial a dos iniciativas que podrían formar parte de la “Ley Omnibus” que Milei impulsará para que se apruebe en las sesiones extraordinarias del Congreso: una es la modificación del sistema de multas laborales por trabajo mal registrado o no registrado y otra, el sistema indemnizatorio para los nuevos trabajadores, basado en el Fondo de Cese Laboral que tiene la UOCRA. “Si fuera así, sería una mini-reforma laboral y va a ser difícil oponernos”, reconoció un directivo de la CGT.
La clave que tranquilizará al gremialismo es que Milei quiere sostener a rajatabla la discusión salarial a través de las paritarias y no pondrá en peligro el modelo sindical argentino, ideado por Juan Domingo Perón, que le otorga al Estado la facultad de determinar qué gremio es más representativo y recibir así la personería, una decisiva figura que le otorga el “poder de lapicera” para firmar convenios colectivos y administrar sus propias obras sociales, entre otros privilegios.
Aun así, los sindicalistas saben que habrá frentes de conflicto garantizados si Milei avanza con un fuerte ajuste en el Estado y deja empleados públicos sin trabajo, aunque confían en que para garantizar la gobernabilidad los libertarios deberán buscar una alianza con el peronismo. Y en ese esquema, por supuesto, la CGT será una herramienta clave para habilitar la protesta o sellar una tregua.
Milei hizo algunos anuncios después del balotaje que pusieron en alerta a la dirigencia gremial, como cuando habló de paralizar la obra pública y los empresarios del sector advirtieron que eso había disparado telegramas de despido en la construcción. Quien se movió rápidamente para evitar una crisis de empleo en su sector fue el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien se puso en contacto con Guillermo Ferraro, el designado ministro de Infraestructura, con lazos políticos y sindicales al igual que su futuro colega de la cartera de Interior, Guillermo Francos, otro nexo al que apuesta la CGT.
En el área de Transporte, que estará bajo la órbita de Ferraro, los dirigentes gremiales armaron una red de información propia para compartir los datos acerca de los planes de Milei. Algunos tienen ventaja porque conocen al futuro titular de Infraestructura por su paso en la consultora KPMG y por haber trabajado para los gobiernos de Mauricio Macri, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.
En el área de Salud, sin embargo, rige el desconcierto: aún no hay un responsable de la secretaría que funcionará dentro del nuevo Ministerio de Capital Humano, que dirigirá Sandra Pettovello. Eduardo Filgueira Lima, el referente de Salud de La Libertad Avanza que ya se manejaba como el secretario del área, tuvo una discusión hace una semana con Pettovello, que le reprochó la información sobre el nuevo organigrama de Salud que se publicó en Infobae. Allí se contemplaba la eliminación de la Superintendencia de Servicios de Salud, ente autárquico que administra los fondos de las obras sociales, y en el esquema oficial que se analiza quedaría como una dirección nacional.
La noticia pone en pie de guerra a los dirigentes sindicales, que todavía tienen problemas para que el Estado compense el fuerte déficit financiero del sistema de obras sociales. Si a eso le suman la desaparición del organismo que maneja esos fondos y una mayor desregulación de la actividad al estilo de la que dispuso Carlos Menem durante su gobierno, los gremialistas temen que todo el esquema de prestaciones médicas que hoy manejan quede como rehén del sector privado.
Algunos ya lo llamaron a un viejo conocido de la era menemista como Rodolfo Barra para felicitarlo por su anunciada designación como procurador del Tesoro y, de paso, preguntarle qué hará Milei en el área laboral, sindical y sanitaria. Tampoco lo sabe. El estilo libertario es, para los gremialistas, sinónimo de improvisación, inexperiencia, cerrojo informativo y tironeos internos para repartirse espacios.
Hace una semana, la CGT deliberó por primera vez desde el balotaje y, con preocupación por los primeros anuncios del presidente electo, decidió abrir un compás de espera hasta que asuma el nuevo gobierno. El 55,65% de los votos que obtuvo Milei tienen un efecto disuasivo entre los dirigentes que hasta hace poco amenazaban con salir a la calle ante un triunfo libertario. Hoy, ni siquiera se lo escucha a Pablo Moyano, el autoproclamado combatiente “contra la derecha”. Héctor Daer, cotitular de la CGT, advirtió tras la reunión: “Si avanzan sobre los derechos sindicales, vamos a tomar medidas”.
Hoy, a casi dos semanas de la victoria de Milei, los sindicalistas no tienen certezas acerca de sus medidas. Algunos sospechan que a veces no hay información porque hoy tampoco existe tanta claridad sobre qué van a hacer en el gobierno. “Con Alberto (Fernández) a veces nos pasaba lo mismo, pero lo bancamos porque es peronista”, confesó un jefe cegetista en un acto de “sincericidio”.