El líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, fue internado en el Hospital de Esquel, ciudad donde permanece detenido, tras mantener durante más de 10 días la huelga de hambre que inició para intentar frenar su extradición a Chile.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición del revolucionario mapuche y de esa forma se agotaron los recursos legales para tratar de evitar que sea enviado a Chile, que lo reclama para que siga purgando una condena de 9 años de prisión, de la que le restan pocos meses de cumplimiento efectivo.
Con esa resolución, Jones Huala quedó a un paso de ser extraditado nuevamente a Chile. Sin embargo, es el presidente Alberto Fernández quien tiene la última palabra sobre el futuro del líder mapuche.
Para intentar torcer su destino inminente, Huala inició una huelga de hambre seca que le trajo serios problemas de salud, motivo por el que las autoridades penitenciarias de la Unidad Federal 14 de Esquel dispusieron un operativo para trasladarlo al Hospital de Esquel, donde permanece internado.
“Su estado es crítico”, aseguran desde su entorno. A diferencia de otras medidas de fuerza similares que implementó con anterioridad, ahora optó por restringir la ingesta de sólidos y líquidos, por lo que a poco de iniciarla experimentó deshidratación y otras complicaciones en su estado de salud.
El “lonko” no sólo busca evitar su traslado a Chile, donde debería continuar detenido hasta junio de 2024, sino que además exige su libertad. “Como miembro de nuestra orgánica y en su carácter de lonko respetamos su decisión política, así también como herramienta de lucha esta huelga seca que ha asumido hasta las últimas consecuencias”, difundieron las comunidades mapuches que acompañan a Jones Huala en el proceso judicial que lo involucra.
Eduardo Soares, abogado patrocinante de Huala, confirmó a Infobae que el estado de salud del dirigente mapuche es delicado. “Está internado compulsivamente en el Hospital. No está bien”, resumió el defensor.
La huelga de hambre la mantendrá “por tiempo indefinido”. En caso de no ser liberado, allegados a Jones Huala confían en que pueda seguir cumpliendo la condena en la cárcel federal de Esquel, donde permanece detenido desde fines de enero de 2023.
Se trata de la segunda medida de fuerza similar que inicia el convicto desde su última detención y ambas fueron implementadas con el mismo objetivo de evitar su traslado a Chile.
En aquel entonces, el activista mantuvo la medida durante 49 días, durante los cuales experimentó varias complicaciones en su estado de salud. Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo “Línea Fundadora”, lo visitó en esa unidad penitenciaria y le suplicó que abandone la medida de fuerza. “Norita lo fue a visitar, estaba muy débil y había sufrido algunos desmayos, lo vio muy desmejorado”, contó Soares.
En 2018, cuando permanecía detenido en la misma dependencia penitenciaria y aguardando como ahora su extradición a Chile, el “lonko” inició otra huelga de hambre que mantuvo durante 23 días. En ese momento quería que le permitan celebrar el “We tripantu” o año nuevo mapuche y finalmente logró la autorización del Servicio Penitenciario Federal.
Una vez extraditado, cuando ya estaba instalado en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, inició otros reclamos idénticos por distintos motivos. El primero de ellos fue con un objetivo similar al que había realizado en Esquel ya que buscaba autorización para realizar una celebración mapuche dentro del centro de reclusión.
La confirmación sobre el futuro del detenido será informada por la Cancillería Argentina a partir de lo que resuelva el primer mandatario.
Los abogados de Jones Huala buscan respaldarse en el artículo 3 de la Ley de Extradición, asegurando que el líder y único integrante de la RAM “es un perseguido político”. La norma menciona que el Gobierno podría rechazar la extradición “si el delito cometido tuviese un carácter político o fueren conexos con delitos políticos”, dato que también forma parte del discurso habitual de Jones Huala.
Sin embargo, en Chile sostienen que la condena está vinculada a un acontecimiento delictual, como fue el incendio a un fundo, y a la portación ilegal de armas de fuego, sin tener en consideración su pertenencia a los pueblos ancestrales.
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