La investigación por espionaje ilegal a jueces, funcionarios y políticos tuvo un impacto inesperado en la Cámara de Diputados: mientras el oficialismo denuncia que se trata de una maniobra para frenar el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, desde Juntos por el Cambio buscan avanzar con el desafuero y la expulsión del diputado Rodolfo Tailhade a raíz de sus contactos con Ariel Zanchetta, el agente de inteligencia inorgánico que decía ser periodista y que hoy está detenido.
Esta mañana, la Coalición Cívica le exigió a la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, que aparte “preventivamente” a Tailhade de la comisión de Juicio Político y de la bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. “Resulta sumamente grave que un diputado haya tenido conversaciones telefónicas con quien se encuentra acusado de haber formado parte de la red de espionaje que obtuvo ilegalmente comunicaciones de magistrados y políticos, entre otros”, señalaron.
Por otro lado, tanto el PRO como la CC presentaron proyectos para expulsar a Tailhade de la Cámara baja por “inhabilidad moral”. Se trata de un proceso que tiene pocos antecedentes históricos debido a que se necesita una mayoría de dos tercios de los votos muy difícil de conseguir. De hecho, el propio Tailhade ya enfrentó otros pedidos de expulsión impulsados por Karina Banfi (2022), Jorge Enríquez (2021) y Gustavo Menna (2018).
Solo tres diputados fueron expulsados desde el retorno de la democracia. El catamarqueño Ángel Luque por defender a su hijo Guillermo, que había sido detenido por el asesinato de la joven María Soledad Morales. “Yo tengo el suficiente poder y la estructura como para que ese cadáver, si lo hubiera matado mi hijo, no apareciera nunca más”, fueron algunas de sus declaraciones que generaron indignación social. Por su parte, Norma Ancari de Godoy fue denunciada por el programa Punto Doc, que exhibió imágenes en las que se observaba a la legisladora amenazando de muerte a un productor del ciclo televisivo. En 1995, el diputado Eduardo Varela Cid fue suspendido hasta el final de su mandato por “desórdenes de conducta”, tras haber admitido haber requerido colaboraciones a empresarios postales, a través de un bono, en el momento en que se oponía a la controvertida ley de Correos.
En las filas de Juntos por el Cambio descartan que Tailhade sea apartado por Cecilia Moreau de Juicio Político e incluso creen que Leopoldo Moreau, presidente de la Bicameral de Inteligencia, no convocará a esa comisión para que no se pueda constituir la subcomisión investigadora que reclama la oposición.
Por eso, solo resta esperar a que la investigación judicial les permita abrir un proceso de desafuero. Pero para eso se necesita el pedido de un juez, como ocurrió con Julio De Vido en 2017.
En aquel entonces la Cámara Federal porteña había requerido el desafuero del ex ministro de Planificación Federal por irregularidades en la asignación de fondos a la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. El Frente para la Victoria no bajó al recinto pero Cambiemos logró la mayoría necesaria junto al Frente Renovador, el Partido Socialista, el Bloque Justicialista y el Frente de Izquierda.
Los fueros de los diputados impiden que sean arrestados. Tampoco no se les puede allanar el domicilio ni interceptar su correspondencia o conversaciones telefónicas.
Otro antecedente de alto perfil es el de Luis Patti, que había sido electo diputado en 2005 aunque no pudo asumir por el rechazo de sus pares. En 2008 el ex represor fue condenado por crímenes de lesa humanidad pero la Cámara Federal de San Martín ordenó su liberación tras reconocer sus fueros parlamentarios. Una semana después el juez federal Alberto Suárez Araujo pidió su desafuero, que fue aprobado y permitió que Patti vuelva a la cárcel.
Por su parte, en el oficialismo aseguran que toda la causa se trata de una maniobra para enturbiar la campaña electoral y desacreditar el proceso de juicio político contra la Corte Suprema. Por ese motivo, también esperan una resolución de la Justicia.
Si bien en el entorno de Tailhade confirman que el espía Zanchetta le envió mensajes, aseguran que nunca le dio importancia al contenido ni contestó solicitando material. “Hay mucha gente que me manda cosas, información, hechos que pasaron y yo los analizo; este hombre me mandó esas tres comunicaciones, pero en ningún momento hay una vinculación más allá de eso”, argumentó el propio Tailhade en diálogo con Radio Con Vos.
Ayer, el diputado también presentó un escrito ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi porque busca saber si su nombre figura en la lista con cerca de 2.000 búsquedas que hizo el espía Ariel Zanchetta. En caso de que sea así, Tailhade pedirá ser querellante en la causa como víctima de espionaje ilegal.
Ante la consulta de Infobae, cerca del diputado kirchnerista explicaron que su nombre no aparece en el dictamen donde el fiscal Gerardo Pollicita ordenó medidas de prueba, entre ellas el allanamiento de las oficinas de Fabián “Conu” Rodríguez, el Subdirector General de Servicio Al Contribuyente de la AFIP, que hablaba con Ariel Zanchetta.
“El fiscal hace una ‘trampita’ y no dice que Tailhade está entre los espiados. Entonces pudieron hacer parecer como que era el jefe de la banda, en cuanto reconozca que Tailhade era uno de los espiados se cae toda esta ‘opereta’”, explicaron.
En esa línea, recordaron que el diputado ya se había presentado ante el juez Martínez de Giorgi para que lo cite a declarar, incluso dijeron que estaría dispuesto a mostrar sus mensajes con Zanchetta. “No borró nada ni los va a borrar, pero nunca lo citaron a declarar”, remarcan.
Para el oficialismo no es más que una maniobra orquestada para “tirar abajo” el proceso de juicio político contra la Corte Suprema bajo el argumento de que toda la prueba reunida es ilegal por ser fruto de espionaje ilegal.
Hoy por la tarde el fiscal Pollicita pidió la detención e indagatoria de Fabián “Conu” Rodríguez. Por el momento, no respondió al escrito presentado por Tailhade.