El fiscal federal Guillermo Marijuan ordenó nuevos entrecruzamientos con la base de datos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, el mayor programa del ministerio de Desarrollo Social que funciona en la órbita de la Secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita. La investigación, aun en gestación, involucraría a gobernadores e intendentes bonaerenses, entre otros. Una de las preguntas que se hacen los pesquisas es ¿cuántos empleados de las gobernaciones e intendencias cobran todos los meses el Potenciar Trabajo? Un hecho que de corroborarse sería irregular porque, según se describe en las normativas del plan, solo deben acceder “personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”.
A tres semanas de la segunda vuelta electoral entre el ministro de Economía Sergio Massa y el libertario Javier Milei, la información que surja del entrecruzamiento de esos datos será explosiva.
Infobae pudo saber de fuentes cercanas a la investigación que Guillermo Marijuan trabaja en esta nueva línea de investigación en la cual no quedarían afuera los poderosos “barones del conurbano bonaerense”, tanto oficialistas como opositores y de otras provincias.
La semana pasada el funcionario judicial le solicitó a la ministra Victoria Tolosa Paz la baja a 159.919 personas que cobran el Potenciar Trabajo y salieron del país en cruceros, barcos, aviones, micros y autos y hasta aviones privados “mientras percibían un beneficio estatal”.
En su investigación detalla que el Estado, destina más de 10 mil millones de pesos mensuales a casi 160 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que no deberían percibirlo. Esto es más de 27 millones de dólares que, anualizado eleva esa cifra a unos 328 millones de dólares. Y afirmó que existe “descontrol en los planes sociales” desde hace 14 años. Durante esos años el país fue gobernado por Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y hasta el 10 de diciembre, Alberto Fernández.
“Desde 2009 a 2023- el Estado derivó subsidios millonarios a, por lo menos, a 211.977 personas que salieron del país mientras percibían un beneficio estatal”, sostuvo el fiscal federal y precisó: “De ese total, 159.919 corresponden al período 2020-2023″ y completó: “Reciben, todos los meses -a valor de octubre- $66.000, esto es la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil”, por cuatro horas de labores que realizan en una Unidad de Gestión. Esta puede depender de las cooperativas de trabajo de los movimientos sociales, intendencias, gobernaciones, ONG y hasta iglesias.
El 1° de noviembre, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) le envió un oficio dirigido a Tolosa Paz para ponerla al tanto de la investigación que impulsó. En su misiva también le reclamó a la funcionaria: “Le sugiero que, además de las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata en este caso, se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios”.
El escrito judicial fue enviado después que la integrante del gabinete de Fernández diera de baja a sólo 1.129 inscriptos en el Potenciar Trabajo por viajar, mientras cobraban el plan, según ella misma reconoció a Alemania, España, Francia, Holanda, Panamá, México, países árabes, Qatar -durante el mundial de fútbol en que Argentina se coronó campeón y Cuba. También a países limítrofes.
Marijuan solicitó que se investigue a las autoridades que no controlaron el cumplimiento del programa, además de la baja de quienes lo cobran e hizo un detallado análisis de esos movimientos: 817 viajaron en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 no se especificó. De los movimientos en avión 20.832 fueron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.
En la nueva investigación preliminar que realiza el equipo liderado por el fiscal especial, el interés se centra en la política y la utilización que gobernadores e intendentes podrían haber realizado, ya que de ellos también dependen Unidades de Gestión a través de las cuales el ministerio de Desarrollo Social destina millonarios subsidios para proyectos productivos en las que realizan 20 horas laborales los beneficiarios del Potenciar Trabajo. También para que barran calles y limpien plazas. De hecho, el antecesor de Tolosa Paz, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, anunció que los inscriptos al Potenciar Trabajo que solicitaban ser reorientados a otra Unidad de Gestión, porque, según denunciaron, eran obligados a asistir ir a marchas y piquetes por exigencias de dirigentes sociales, tanto oficialistas como de izquierda, iban a ser derivados a gobernaciones e intendencias cercanas a sus domicilios.
En medio de la denuncia judicial de Marijuan y del fuego cruzado en el que quedó Tolosa Paz, el ministro de Economía y candidato Presidencial de Unión por la Patria, tomo la decisión de transferir el Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social al de Trabajo. La medida le resta poder a los movimientos sociales que integran el frente gobernante ya que son ellos, a través de Emilio Pérsico, los que administran los $590.982 millones presupuestados para 2023 al programa Potenciar Trabajo.
La decisión de Massa quedó oficializada bajo el decreto 565/2023 y fue publicada en el Boletín Oficial, con la firma de Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y de las ministras Victoria Tolosa Paz y Raquel “Kelly” Olmos.
La medida comenzará a regir desde el 1° de enero de 2024, es decir, con un nuevo gobierno instalado en la Casa Rosada.
Ante el cuestionamiento de dar de baja apenas 1.129, contra las 159.919 solicitadas por Marijuan, Tolosa Paz se defendió señalando que no había tenido acceso a la denuncia fiscal.
El fiscal, no dudo en responder a través de un oficio judicial en el cual le comunicó a la funcionaria que “la denuncia que motivara el inicio de la causa nro. CFP 3749/2023 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 1 de esta ciudad se basó en un entrecruzamiento de datos ordenado de oficio por el suscripto sin mediar voluntad ni participación de su ministerio. El mismo fue efectuado por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) tomando, por un lado, el padrón de personas con planes Potenciar Trabajo VIGENTES que fue proporcionado por el organismo a su cargo -luego de reiterados reclamos de esta Unidad Fiscal- y, por otro lado, los registros de la Dirección Nacional de Migraciones”.
El fiscal señaló además que “como uno de los resultados de dicho estudio, conforme lo expuse en la denuncia penal, tenemos que 29.076 movimientos migratorios de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo se realizaron por distintas líneas aéreas, lo que demuestra indudablemente una capacidad económica distinta y opuesta a aquella que quiere proteger y paliar el aludido plan social”.
Marijuan también detalló, en mayúscula: “La nómina de todos los beneficiaros que viajaron en aviones y barcos para salir del país con sus respectivos DNI, no solo se encuentra a su alcance inmediato, sino que también está a disposición de la fiscalía federal y del juzgado federal desinsaculado para intervenir en el caso”. Se trata del juzgado federal de María Servini y el fiscal Franco Picardi.
El fiscal también acotó, “la Dirección Nacional de Migraciones proporcionó, además de la nómina de personas detectadas con movimientos migratorios en el entrecruzamiento, la lista de empresas aéreas y otros medios de trasporte utilizados”.
Llegado a ese punto, le dijo a la ministra y diputada nacional electa: “En tal sentido, y para que no pueda argumentarse un desconocimiento o ‘falta de notificación’, lo que es un absurdo porque, como ya dije, los datos le pertenecen, aun así, le remito junto al presente oficio las 4 bases de datos que nos fueran aportadas por el SINTYS como resultado del entrecruzamiento de datos solicitado exclusivamente por el suscripto”, dijo.
Infobae consultó a Tolosa Paz y a sus voceros sobre las medidas que tomaran en relación con la información aportada por el fiscal Marijuan, pero hasta el cierre de esta nota no respondieron. Hay quienes se preguntan también si desde la cartera social investigarán si beneficiarios del programa Potenciar Trabajo viajaron a Río de Janeiro para ver la final de la Copa Libertadores de América en la que se enfrentó Boca Juniors y Fluminense.