Espionaje ilegal: JxC en Diputados pidió el desafuero de Tailhade y que entregue su teléfono a la Justicia

Los diputados de Juntos por el Cambio solicitaron este martes el desafuero del oficialista Rodolfo Tailhade luego de que trascendieran chats que lo vinculan con Ariel Zanchetta, el ex policía que decía ser periodista, y se convirtió en el eje principal de la investigación por el espionaje a jueces de la Corte Suprema de Justicia.

La oposición también reclamó que el diputado kirchnerista entregue su teléfono a la Justicia y que la comisión Bicameral de Inteligencia abra una investigación formal. “Es inadmisible que un espía sea parte del Poder Legislativo”, señalaron a Infobae.

Durante la conferencia de prensa que encabezaron los jefes de bloque de Juntos por el Cambio - Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (Coalición Cívica)- alertaron por el peligro de la causa sobre las instituciones.

“La calidad de querellante la tiene cada uno de los afectados, nosotros queremos actuar con responsabilidad. No es cuestión de entrometer a la competencia electoral. Después del balotaje, la política argentina va a tener que levantar la mirada, no puede ser que a las instituciones la secuestren los servicios de inteligencia”, alertó Negri.

Además, Ritondo resaltó que “lo que estamos viendo es lo peor. Entre el 2016 y el 2023 hubo más de 1.906 espiados. Acá se trata de la desproporción de a dónde han llegado: de espiar ilegalmente en Argentina y utilizarlo para llevar un juicio político a la Corte Suprema y amedrentar a todos los testigos”.

A partir del análisis de los movimientos de Zanchetta y de sus dispositivos electrónicos, la Justicia determinó que era un agente “inorgánico” de la AFI que puso en la mira a muchos “objetivos”, a quienes les “investigó” distintos aspectos privados y laborales, como los sueldos que percibían, creencias religiosas, entorno familiar y hasta las personas con las que se relacionaban.

La Justicia todavía no determinó con certeza las motivaciones que tenía. Pero ordenó un allanamiento en la casa y las oficinas de Fabián “Conu” Rodríguez, uno de los directivos de la AFIP, que -según diálogos encontrados en los teléfonos de Zanchetta- le hacía “encargos” y le pagaba con pauta oficial. El procedimiento, a cargo de personal de Gendarmería, se hizo en la sede de esa repartición pública y en la casa del funcionario, en donde se secuestraron computadoras y documentos. Como no estaba, no se llevaron su celular, indicaron a Infobae fuentes del caso.

En el teléfono de Zanchetta también aparecen mensajes con Rodolfo Tailhade, que estaba agendado entre sus contactos. Entre esas conversaciones aparecen un link enviado por Zanchetta al legislador con los diálogos de los participantes del viaje a Lago Escondido, un reporte de causas contra la ex diputada Elisa Carrió y datos que le ofrece contra el senador del PRO Luis Juez.

Cerca de Tailhade, que fue director de Contrainteligencia de la AFI, explicaron a Infobae que el diputado ya se presentó ante la Justicia para entregar su teléfono. Argumentan que si bien recibía mensajes de Zanchetta, nunca le contestó.

De un análisis, aún parcial, de sus equipos electrónicos, se logró analizar 3.147 gigabytes -3,14 TB- de información contenida en la totalidad de los dispositivos enviados y en el celular SAMSUNG SM-A105M, aparecieron 53 videos, 1919 imágenes, 1629 contactos y 1632 audios, algunos de los cuales Zanchetta había borrado y que ahora salpican a más involucrados.

Más temprano, el oficialismo dio por terminada de manera abrupta la reunión de la comisión de Juicio Político para evitar que la oposición “montara un show”. El argumento que utilizaron fue que el encuentro había sido convocado al solo efecto de que los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti acudieran en persona a hacer su descargo antes las acusaciones, pero como no lo hicieron, los diputados del oficialismo se levantaron.

“La reunión era solo a ese efecto. La seriedad del Juicio Político en curso no da lugar a los shows preelectorales”, señaló la diputada oficialista Vanesa Siley a través de sus redes sociales. La oposición denunció que fue un intento de “proteger” a Tailhade e inmediatamente anunciaron que darían una conferencia de prensa a las 18.

La causa por el espionaje a los jueces se inició con dos focos. El primero que busca esclarecer las líneas creadas en Misiones a nombre del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que fueron el origen de la denuncia. A partir de allí se descubrió que esas líneas truchas habían tenido contacto con otra generada a nombre del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Con el curso de la investigación, apareció además otra línea a nombre del juez del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti. En el expediente hay más perjudicados, como la jueza federal de Misiones María Verónica Skanatta o el gobernador de esa provincia Alberto Herrera Ahuad.

El segundo que apunta a saber por qué hackearon al mismo tiempo a dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y a dos jueces que llevaban adelante el juicio contra CFK, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Esa pista llevó a la detención de un hacker misionero, Ezequiel Núñes Pinheiro, que aseguró haber sido contactado por Telegram por un desconocido para tomar el control de una lista de personas que él desconocía: entre ellos estaban varios jueces, el diputado Diego Santilli y el ex jefe de Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, cuyo teléfono hackeado expuso las conversaciones de Lago Escondido y sirvió para impulsar el juicio político a la Corte Suprema.

La investigación también llevó a la detención de Zanchetta, quien se dice periodista. Es que Zanchetta buscó los datos de los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ernesto Kreplak y de los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Además investigó a uno de los principales colaboradores de Rosatti, Silvio Robles, y foco de los impulsores del juicio político a la Corte. Precisamente, Robles se convirtió en querellante en esta causa al sostener: “la mencionada sucesión de hechos me lleva a presumir que la intromisión a mis datos personales no ha sido producto de una casualidad sino de un obrar criminal”.

El contenido del teléfono de Zanchetta disparó entonces una tercera causa anexa: la que investiga lo que apareció en sus dispositivos y revelan los detalles de una actividad de recolección de información, incluso de bases clandestinas, que apuntó contra políticos y dirigentes opositores. Y allí incluían detalles sobre su intimidad (opiniones políticas, creencias religiosas,acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales,vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales), y también sobre su entorno.