Desde el mes de abril, la Justicia argentina cuenta con la ubicación exacta y los antecedentes de José Ignacio Fernández Guaza, un ultraderechista acusado de ser el homicida de Arturo Ruiz, un joven estudiante asesinado en Madrid en 1977, durante una manifestación pro amnistía. Los abogados que representan a la familia de Ruiz en Argentina reclamaron la detención inmediata de Fernández Guaza ante la jueza federal María Servini, que tiene abierta una mega causa donde se investigan los crímenes del franquismo. Pero el arresto nunca se concretó por un debate jurídico sobre los crímenes de lesa humanidad.
Luego del asesinato de Ruiz, Fernández Guaza se fugó de España, e ingresó a la Argentina en 1978 con un pasaporte falso. Pasaron más de cuarenta años. Recién ahora, tras una investigación periodística realizada por el diario El País, el presunto homicida fue localizado en la localidad de Ingeniero Maschwitz, a unos 40 kilómetros de Buenos Aires. En una entrevista con ese medio, Fernández Guaza reconoció haber disparado contra Ruiz y reveló que huyó con la ayuda de “los servicios de inteligencia y autoridades españolas” para refugiarse, primero en Paraguay, y luego en Buenos Aires.
Con ese impulso, los abogados que representan a los hermanos de Ruiz esperan que se active la investigación local y Fernández Ruiz finalmente pueda ser detenido. “Nosotros pedimos su detención e indagatoria en abril. Aportamos numerosa información respecto del recorrido criminal desarrollado por Fernández Guaza, su vinculación con el aparato represivo del franquismo, y su radicación en Argentina. Dicha información la hemos obtenido de un meticuloso trabajo de investigación desarrollado por el historiador español Carlos Portomeñe”, explicó a Infobae el abogado Duilio Jorge Ramirez, que integra la defensa junto con Carlos Zamorano y Héctor Trajtemberg.
La jueza Servini le corrió traslado de ese pedido al fiscal Ramiro González, que consideró que la prueba aportada hasta ahora no era suficiente para acreditar la sistematicidad, un elemento central para catalogar al crimen de Arturo Ruiz como de lesa humanidad. “A partir de la documentación aportada hasta el momento, no se encuentra fehacientemente contextualizado de qué manera dicho homicidio formó parte del plan sistemático y generalizado planificado para aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno”, dice ese documento al que tuvo acceso Infobae.
En su dictamen, fechado el 19 de mayo pasado, el fiscal repasó las idas y vueltas de la investigación judicial en España, que hasta el día de hoy se niega a juzgar a Fernández Guaza por el crimen de Ruiz, y mencionó el sobreseimiento del presunto homicida, en enero de 2000, por prescripción.
Los hermanos de Arturo Ruiz siguen batallando en los tribunales españoles. En septiembre de este año, la Audiencia Nacional rechazó reanudar la investigación, pero sus abogados volvieron a presentar un recurso a raíz del voto, en minoría, del magistrado José Ricardo de Prada, quien subrayó que Fernández Guaza formaba parte de un “grupo criminal armado con conexiones con las Fuerzas de Seguridad del Estado” (Guerrilleros de Cristo Rey), que tenía la “intención de obstaculizar el tránsito” a la democracia y para evitarlo utilizaba el “terror” y la “violencia política sistemática” para la “supervivencia de la dictadura franquista”.
En Argentina, el expediente de Antonio Ruiz forma parte de la mega causa que investiga los crímenes ocurridos en España durante la dictadura de Francisco Franco. Ese expediente arrancó en abril de 2010, cuando Darío Rivas e Inés García Holgado se presentaron ante los tribunales de Comodoro Py. La acción penal luego fue impulsada por diversos colectivos y familiares de víctimas de la guerra civil y de la dictadura española. La jueza Servini aplicó lo que se conoce como justicia universal, que permite investigar delitos de lesa humanidad fuera del país en el que se cometieron, e investigó los crímenes del franquismo.
La causa sufrió un revés trascedente, en diciembre de 2021, cuando la Cámara Federal anuló el procesamiento del ex ministro español Rodolfo Martín Villa, quien está siendo juzgado por su responsabilidad en el hecho conocido como “los Sucesos de Vitoria”. El 3 de marzo de 1976, meses después de la muerte de Franco, cuatro mil trabajadores en huelga estaban reunidos en una iglesia de Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, celebrando una asamblea. Con la intención de desalojar el lugar, la Policía irrumpió y disparó contra la multitud causando cinco muertos y más de 150 heridos.
La jueza Servini acusó a Villa de haber ocupado “una posición preponderante en la estructura jerarquizada de poder” cuando ocurrieron los sucesos de Vitoria. En ese momento era ministro de Relaciones Sindicales, y luego fue designado como ministro del Interior cuando ocurrieron los hechos de los Sanfermines de Pamplona, el 8 de julio de 1978, en los que fuera asesinado Germán Rodríguez Saíz.
Al revocar el procesamiento de Villa, la Cámara Federal le ordenó a la jueza que determine el contexto de los crímenes para justificar la aplicación de la justicia universal. Esa decisión fue ratificada el año pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación, la máxima instancia penal en la Argentina.
Sin embargo, los abogados de la familia Ruiz en Buenos Aires siguen reclamando la detención de Fernández Guaza. En los últimos días hicieron una nueva presentación ante el juzgado de Servini. “Quizás sea la última oportunidad que tenga la justicia argentina de hacer justicia con el caso de Arturo y poder terminar con más de cuatro décadas de impunidad que viene padeciendo la familia Ruiz”, dijo el abogado Duilio Jorge Ramirez.