El Senado de la Nación retomará su actividad este miércoles 25 de octubre, cuando los senadores que integran la Comisión de Acuerdos den inicio a la reunión, convocada en un horario poco habitual: están citados a las 10 de la mañana, con el objetivo de tratar 81 pliegos.
La intención del kirchnerismo en el Senado era avanzar rápidamente con este tema. Tanto es así que la convocatoria se realizó en la previa a las elecciones generales del domingo 22 de octubre. Hasta ese momento, el oficialismo sólo sabía que había salido tercero en las PASO y tenía la expectativa de entrar en segundo lugar al balotaje. Por esos días, la posibilidad de perder senadores era concreta. Hoy sabe que en diciembre suma dos miembros más al bloque.
En medio de esa situación y aunque las expectativas cambiaron luego del resultado electoral, el kirchnerismo decidió de todas formas convocar a la Comisión de Acuerdos para dictaminar sobre 81 pliegos que envió el Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación. En total son 16 pliegos judiciales con destino en los juzgados de las provincias de Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 65 restantes son ascensos a diferentes categorías de la Cancillería de la Nación.
En el caso de los 16 pliegos para cubrir cargos en el Poder Judicial, hay dos que generan mayor atención por estar ligados a figuras del kirchnerismo. El primero de ellos es el de Juan Rafael Stinco, a quien se le atribuye cercanía con Axel Kicillof. El otro pliego señalado es el de María Laura Manin, funcionaria del Ministerio del Interior y de estrecha confianza del actual ministro Eduardo “Wado” De Pedro.
Entre el resto de los pliegos también se destaca el de la funcionaria judicial Ana María Cristina Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi -el hombre que por estos días está autorizando los allanamientos en las “cuevas” por el dólar paralelo- propuesta para el juzgado federal de Hurlingham.
Por último, otro pliego que genera discusión es el de Lucas Alberto Colla, quien fue fiscal en la localidad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz y es cercano al diputado Máximo Kirchner.
También integran la lista María Laura Manín, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de CABA, Arlindo Otto Kurtz, como fiscal ante el juzgado federal de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo de Posadas, Misiones y Mariano Romero como defensor público en Santiago del Estero.
Otros que deberán exponer son Tomás Puppio Zubiría, quien es propuesto como defensor público en Dolores, provincia de Buenos Aires, Carlos Guardia Mendonca, como camarista en sala especializada en defensa de la competencia de CABA, Gabriel Rey, como camarista porteño, Sebastián Rodrigo Ghersi, como juez en lo criminal y correccional de CABA, Ana Amaya, como jueza en lo comercial de CABA, Juan Rodríguez Ponte, como juez federal de Lomas de Zamora, Juan Stinco, como juez en lo contencioso administrativo federal, Juan Fernández, como camarista de Bahía Blanca, Marcela Somer, como jueza en lo civil de CABA, María Stupenengo como jueza en lo civil y comercial de CABA y Ana María Juan como jueza de Hurlingham.
Además, más de sesenta pliegos para ascensos en Cancillería entraron hace unos días y ya están listos para ser debatidos en la comisión, donde el oficialismo tiene mayoría. Por este motivo, en Juntos por el Cambio se encuentran en pleno análisis respecto de los apellidos que llegaron por parte del organismo que conduce el canciller Santiago Cafiero, pero alertan que “hay malestar en la línea de carrera”.
La última vez que la comisión de Acuerdos había tratado pliegos para nombrar embajadores fue en junio de 2022. En ese momento el interés del oficialismo estaba concentrado en los nombramientos de los pliegos de Oscar Laborde para Venezuela, Gabriel Fucks, para Ecuador y Pablo Vilas para Honduras.
Desde ese momento hasta este 25 de octubre, el oficialismo no trató más ascensos para los trabajadores del Palacio San Martín.
Los candidatos propuestos por el Ejecutivo involucran ascensos para promover a partir del 1 de enero 2024 a funcionarios a la categoría D -cónsules y consejeros de embajadas- y a la categoría D -ministro plenipotenciarios de segunda clase- categoría B -ministro plenipotenciario de primera clase- y categoría A, que es la de embajador plenipotenciario. La presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti habilitó su tratamiento.