En el mes de las elecciones, el Estado pasó a casi 4 mil empleados a planta permanente

En lo que va de octubre, el gobierno publicó 38 resoluciones en el Boletín Oficial anunciando concursos para cubrir 3,609 cargos vacantes de planta permanente en distintas áreas del Estado Nacional.

En el día de hoy, el Boletín Oficial publicó tres concursos para cubrir un total de 616 cargos vacantes en tres entidades distintas del Estado. Una de estas publicaciones fue la Resolución 459/2023, que busca cubrir 430 puestos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mientras que otra, la Resolución 454/2023, aprobó cubrir otras 177 vacantes en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Aunque estamos al día 20 del mes, el Boletín Oficial solo se publicó en los trece días hábiles que hubo. De esos trece días, solo hubo uno en el que no se publicó ninguna resolución de concurso para cubrir puestos de planta permanente.

Según un relevamiento de Infobae, la entidad que pidió cubrir la mayor cantidad de puestos fue el Ministerio de Desarrollo Social. El 12 de octubre, se publicaron dos resoluciones disponiendo un concurso para la cobertura de un total de 994 cargos vacantes. En segundo lugar quedó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cuando, el 4 de octubre, se publicaron dos resoluciones pidiendo la cobertura total de 728 vacantes. Le sigue el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas de El Palomar, que buscó cubrir 543 puestos a través de dos resoluciones publicadas con unos días de diferencia. En cuarto lugar quedó la resolución de hoy designando 430 puestos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, seguido por la Superintendencia de Servicios de Salud, que el 6 de octubre pidió un concurso para 268 vacantes. Recién después de la otra resolución de hoy, que aprobó cubrir otras 177 vacantes en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y una de ayer de 102 cargos en la Administración de Parques Nacionales, la cantidad de concursos en las distintas entidades públicas bajan a los doble dígitos por día.

Hubo otras agencias que concursaron puestos de planta permanente en lo que va del mes, entre ellas la Comisión Nacional de Valores (94 cargos), la Agencia Nacional de Seguridad, (90 cargos), el Instituto Nacional de Semillas (66 cargos), la Jefatura de Gabinete de Ministros (56 cargos), entre otras. Aunque durante el período electoral es normal que hayan subas en concursos y designaciones a planta permanente, desde las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el 13 de agosto pasado, se ha notado un ritmo acelerado en las asignaciones de cargos públicos.

Este fenómeno no sólo se limita a dependencias nacionales, sino que tiene su réplica en distintas provincias y municipios. Esta semana, Infobae divulgó que en Entre Ríos hubo más de 50 designaciones en el Estado provincial, entre ellas la del hijo del candidato a gobernador del Partido Justicialista, Tomás Bahl, designado en la planta permanente de la Legislatura provincial, con un sueldo de $650.000 mensuales.

Los llamados a concurso a pocos días de las elecciones presidenciales generales carecen de una congruencia legal dado el poco tiempo que hay para efectivamente cumplir con todos los requisitos de los mismos.

“Un concurso en 48 horas no se puede hacer, tiene reglas de tiempo”, contó Adelina Loianno, abogada y profesora constitucionalista en la Universidad de Buenos Aires. “No te dan los tiempos para hacer un concurso ahora, tenés que hacer la apertura, se tienen que inscribir, hay que establecer el jurado, y hay que tomar examen.”

Las mismas resoluciones que se publican en el Boletín Oficial incluyen un anexo con los requisitos con los que hay que cumplir para concursar. En la convocatoria interna del Hospital Posadas, donde se buscaban cubrir 543 puestos, entre ellos vacantes de técnicos de salud, asistentes de capacitación y referentes de soportes administrativos, el anexo indica que cualquier postulante debe primero cumplir con requisitos de admisión previos al concurso. Estos mismos incluyen la presentación y validación de documentación personal y antecedentes laborales.

Recién después de ese paso, comienza el proceso de selección entre los perfiles que fueron preaprobados. En este instante, una “Coordinación Concursal”, compuesta por seis profesionales integrantes del comité de selección, evaluará, según una puntuación basada en una grilla previamente confeccionada por el mismo, la documentación que fue presentada en el currículum del postulante. Sólo aquellos que reciban una calificación de al menos 60 puntos sobre 100 podrán acceder a la siguiente etapa del concurso.

Una vez superada esta etapa, el postulante deberá someterse a una evaluación técnica a través de un examen de una hora de duración, dispuesto por la Secretaría de Gestión y Empleo Público. El examen emplea el mismo puntaje que la etapa anterior. Una vez finalizadas estas dos etapas, faltan dos evaluaciones más: una entrevista laboral y una evaluación psicológica. En el cronograma que provee el anexo, el comité de selección advierte un transcurso tentativo de dos meses desde el momento de inscripción hasta la publicación de los resultados de los concursos, aunque la realidad demuestra que en muchos casos, concursos pueden tardar varios meses o incluso años en finalizarse– especialmente cuando la cantidad de vacantes a cubrir es mayor y cuando los cargos son técnicos y requieren de ciertas especialidades, como en el sector de salud.

Pero a pesar de haberse concluido el concurso, la designación no queda firme hasta que se resuelva cualquier impugnación que se haya realizado tras el anuncio del resultado.

“Cuando termina el concurso hay alguien quién ganó y alguien quién perdió. El que perdió te lo va a impugnar. El concurso recién se hace efectivo cuando resueltas todas las impugnaciones, se dicta el decreto de designación”, señaló Loianno.

Lo que en varios casos suele alargar aún más el proceso es la posibilidad de realizar una impugnación en la sede administrativa correspondiente y, en el caso de que en esa instancia falle, se puede impugnar en la Justicia, agregó Hernán Lombardia, abogado especialista en derecho administrativo.

“Más allá de los plazos que las propias normativas pueden establecer, tenés un tema ahí porque empezás a recorrer un tiempo que ya no se puede medir,” explicó. “Ya cumpliste un plazo largo del concurso naturalmente, más la impugnación administrativa, más la impugnación en la sede judicial, y ahí ya la impugnación en la sede judicial son plazos que se le escapan a la propia administración porque ya estamos hablando de otro poder.”

Esta semana, la diputada de San Luis Karina Bachey presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados solicitando al Ejecutivo que informe sobre la cantidad de pases a planta permanente que se realizaron en lo que va de 2023. En él, también pide información sobre la manera y los criterios bajo los cuales se realizaron esos pases de planta y que se detallen los ministerios y áreas del gobierno donde hubo designaciones.

Entre los fundamentos, la diputada sostuvo que, “como ha sido una constante en los últimos meses, el Boletín Oficial está repleto de designaciones, nombramientos, promociones y pases a planta permanente de empleados públicos nacionales.”

En las últimas semanas, el gobierno publicó un promedio de tres resoluciones por día. En varios casos, emitió más de una resolución por una misma designación. Así lo hizo el 4 de octubre, por ejemplo, cuando publicó dos resoluciones en un mismo día, buscando cubrir un total de 728 vacantes en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Mientras que la Resolución 421/2023 anunció 699 vacantes, la Resolución 423/2023 anunció las 29 restantes.

Este patrón de emitir más de una resolución por concurso dentro de una misma entidad no solo sucede en casos de coberturas masivas de vacantes. El 12 de octubre, el gobierno emitió dos resoluciones para cubrir un total de 56 cargos en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Mientras que la primera solicitaba la cobertura de tres cargos, la segunda anunció los 53 restantes.

Lo mismo pasó a escala aún menor cuando, el 10 de octubre, se publicaron dos resoluciones para cubrir un total de siete cargos dentro del Ministerio de Seguridad. En la primera, se solicitaba la cobertura de solamente un cargo, mientras que la segunda anunció la necesidad de cubrir seis vacantes más.

“Lo más interesante es que no haya información que salte a la vista. Lo mirás así nomás y decís que cumplió con todas las formalidades pero, ¿cuántas vacantes se generaron para que ahora surja la necesidad de golpe y que se tenga que abrir un concurso y que se tengan que resolver ya mismo? Ahí es donde está el juego,” comentó Lombardia al respecto.

En las últimas semanas, desde el espacio libertario de Javier Milei confirmaron que presentaron una medida cautelar ante la Justicia para frenar las contrataciones, licitaciones y designaciones que se vienen realizando desde el Gobierno Nacional. En la carta, Milei amenazó con denunciar al presidente Alberto Fernández por disponer de los recursos de una futura gestión –lo que está prohibido por ley– por las publicaciones de concursos y pases a planta permanente.

“Los resultados de esas elecciones, sin lugar a duda, dan cuenta de las altas probabilidades de resultar electo Presidente de la Nación y, por ende, ostentar la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional a partir del 10 de diciembre próximo”, señaló el economista. “La medida cautelar tiene por objeto evitar graves perjuicios al erario y a la administración que probablemente deba asumir luego de las próximas elecciones, mi legitimación para solicitarla es evidente”.

Desde un punto de vista legal, expertos explican que esta argumentación resultaría floja, y que el foco debería estar puesto en la naturaleza y legitimidad de los concursos presentados por cada uno de los postulantes que fueron designados en planta permanente.

“Creo que no va a llegar a nada si lo plantea como diciendo como que está utilizando recursos de una gestión futura porque, además, qué legitimación tiene si todavía no ganó las elecciones? Se puede impugnar este tema del ingreso, sí, pero no por ser candidato,” explicó Lombardía. “Cada persona que ingresó al empleo público de estas distintas modalidades va a tener un decreto de designación, y ahí va a decir por qué está ingresando esta persona. Habría que analizarlo caso por caso y si no tenemos las justificaciones que sí nos autoriza este decreto, esas relaciones son nulas por ley.”