El cuñado de Emilio Pérsico es funcionario nacional y gestionó subsidios para las cooperativas del Movimiento Evita que él mismo integró

La Coalición Cívica amplió su denuncia contra Emilio Pérsico y el Movimiento Evita por beneficiar con millonarios subsidios otorgados desde la función pública a las cooperativas vinculadas a esa organización que integra el Frente de Todos. En el escrito presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, incluyeron nuevos nombres de relevancia, entre ellos, Francisco Cubría, cuñado de Pérsico; funcionario en la Secretaría de Economía Social, que está bajo la órbita del dirigente y ex tesorero de la Cooperativa La Patriada, organización que recibió abultados convenios; Fernando “Chino” Navarro, funcionario en la Jefatura Gabinete de Ministros y dirigente del Evita; y su hijo Martín. Estos dos últimos, según los detalles brindados a la justicia por los dirigentes de Elisa Carrió, son titulares de una fundación y una cooperativa que también recibieron importantes sumas de dinero. En diálogo con Infobae, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario desmintió esos hechos y afirmó que “no hay ninguna ilegalidad en los hechos que ellos denuncian” y que “no hay discrecionalidad en la distribución de los recursos” otorgados desde el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz.

El legislador porteño Hernán Reyes le dijo a este medio: “Tenemos registro de los pagos realizados a las cooperativas, asociaciones, fundaciones y federaciones mediante convenios de financiamiento por un total de $17.854.976.107″ y aclara: “Considerando la fecha de cada uno de los convenios y actualizando por el índice de inflación, hemos actualizado el valor de esos convenios a agosto de 2023, resultando en más de 50 mil millones de pesos”.

Entre las beneficiarias figura con $214.550.000 La Patriada, cooperativa de la cual Cubría era tesorero, y la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA, organización de la que Pérsico era directivo y que ahora conduce Gildo Onorato, dirigente del Evita y secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Según sostienen los dirigentes de la Coalición Cívica, fue el propio hermano de la diputada Patricia Cubría, y pareja de Pérsico quien reconoció ante la Oficina Anticorrupción (OA) haber intervenido en los convenios que firmó la Secretaría de Economía Social con alguna de las cooperativas vinculadas al Movimiento Evita. Un hecho que para los denunciantes es “incompatible”, ya que Francisco Cubría no solo es pariente directo de uno de los líderes del Evita, sino que ostenta el cargo de coordinador de Fortalecimiento de la Economía Social y Popular de la Secretaría de Economía Social.

Pérsico por ejemplo, y a pedido de la propia Oficina Anticorrupción, debió excusarse de firmar convenios a favor de cooperativas de las cuales había formado parte o está vinculado.

Cubría, al hacer su descargo ante la Oficina Anticorrupción, afirmó: “He tomado intervención en algunos de los trámites correspondientes al otorgamiento de subsidios en el marco del Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo” (...) cabe mencionar que dichas intervenciones se han tomado en el marco de la Decisión Administrativa 723/2020, de acuerdo con las acciones correspondientes a la coordinación de fortalecimiento de la Economía Social y Popular bajo mi cargo, dependiente de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual tiene entre otras funciones la de facilitar la articulación y coordinación (...) no obstante mi rol de tesorero en la Cooperativa de Trabajo La Patriada informado (...), no he tenido que excusarme de intervenir en ningún caso relacionado con esa entidad, ni a ninguna otra, dado que no he verificado ninguna situación que ameritara mi actuación”.

En la presentación judicial se recuerda que: “Lo que respondió Francisco Cubría es que, aun habiendo sido tesorero de La Patriada hasta 2018, desde su asunción como funcionario en 2020, ha intervenido en los diferentes convenios de transferencias de subsidios a las cooperativas desde el programa Potenciar Trabajo. Entre ellas no excluye en su declaración a La Patriada” y le recuerdan a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa 2614/22, que “su declaración denota una falta absoluta de conocimiento de los extremos normativos de la Ley N° 25.188 de Ética Pública y los alcances del tipo penal de negociaciones incompatibles con la función pública y de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En el expediente, los denunciantes aseguran que desde la Secretaría de la Economía Social a las principales organizaciones sociales le fueron asignados $10.376.529.711,87 nominales o $30.815.537.778,43, actualizados. De ese total, El Movimiento Evita recibió el 55,1% de los beneficios.

A lo largo del escrito, se sostiene que cada uno de los denunciados encuadra desde su obrar en diferentes tipos penales, como defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

La denuncia judicial está firmada por los dirigentes de la Coalición Cívica Hernán Leandro Reyes, Héctor “Toty” Flores, María Fernanda Reyes, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Maricel Etchecoin Moro, Mariana Stilman, Mónica Edith Frade, Victoria Borrego y Rubén Manzi.

Los dirigentes de Carrió interpretan que parte del dinero de los subsidios que terminaron en las cooperativas del Evita habrían servido para financiar la campaña de Patricia Cubría, quien se enfrentó en las elecciones internas de Unión por la Patria al intendente de La Matanza, el peronista Fernando Espinoza. Su jefe de campaña fue Fernando “Chino” Navarro. Espinoza, que busca un nuevo mandato, fue el precandidato más votado en las elecciones PASO. En la interna del oficialista, además, superó a la diputada provincial por más de setenta mil sufragios.

“No se cometió ningún delito”

En la ampliación de la denuncia, la Coalición Cívica también incluyó los nombres de Fernando “Chino” Navarro, titular de la Fundación Conurbano, referente del Movimiento Evita y funcionario nacional y a su hijo Martín Navarro quien, según los denunciantes, es titular de la Cooperativa de Trabajo Misioneros de Francisco, asociada al Movimiento Evita. En diálogo con este medio, Fernando Navarro desmintió esta información y aseguró que su hijo es militante de esa organización social fundada por Pérsico y referenciada también en Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP, pero que de ninguna manera forma parte de la cooperativa de trabajo que recibió beneficios a través del programa Potenciar Trabajo.

Para la Coalición Cívica: “La situación del Chino Navarro es comprometida siempre que ha tenido una participación activa en la coordinación del Movimiento Evita. Es uno de sus principales referentes y hace de vocero en medios de comunicación. Cabe destacar que Navarro es actualmente funcionario del Estado nacional, más precisamente es Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

En concreto, los denunciantes sostienen que la Fundación Conurbano “recibió $214.550.000, un equivalente a $584.978.135,96$ a valor actual en convenios de este tipo”.

Los dirigentes alineados con Carrió afirman que lo mismo sucede con la cooperativa de trabajo Misioneros de Francisco que “recibió $100.000.000 que es equivalente a $171.959.722,14$ a valor actual”.

El legislador porteño Reyes sostiene que durante la gestión de Cambiemos esa cooperativa no celebró ningún convenio de transferencia de recursos.

Fernando Navarro, a lo largo de una entrevista concedida a este medio expresó: “La denuncia de la Coalición Cívica no aporta nada. Demuestra una falta de conocimiento de cómo funciona el programa Potenciar Trabajo. Han tomado a Emilio (Pérsico) y al Movimiento Evita como un punching ball para hacer política y sin aportar una sola prueba”.

Navarro aseguró que el dinero de los convenios del Potenciar Trabajo “no se les puede dar a cualquier entidad” y que “se entregan en etapas y si vos no cumpliste con los objetivos propuestos, que son auditados por los organismos de control del Ministerio de Desarrollo Social, que son funcionarios de carrera, no comisarios políticos, no les dan el segundo desembolso”.

-La Coalición Cívica asegura que hay incompatibilidad en el otorgamiento de los subsidios. Que ustedes están de los dos lados del mostrador.

-Lo que yo digo y sostengo es que no hay ninguna ilegalidad en los hechos que ellos denuncian. Pero eso lo va a determinar la Justicia.

El funcionario nacional y dirigente del Evita asegura que “no hay discrecionalidad en la distribución de los recursos” y que se han otorgado subsidios y convenios a municipios de la oposición, como Lanús, que tienen Unidades de Gestión.

-A usted también lo denunciaron.

-A mi me incorporan porque dicen que yo armé reuniones. Y que soy titular de la Fundación Conurbano. Nunca, nunca fui titular de la fundación, ni nunca la integré. Conozco a la Fundación Conurbano, pero nunca estuve vinculada a ella. El otro punto. Como secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario y Sergio Massa, se hace cargo del Ministerio de Economía, concentra tres ministerios. Por esa razón, agricultura familiar y el INAES quedan en el organigrama dependiente de mi Secretaría, por eso yo armé reuniones en las que se exponían los proyectos ¿eso es un delito? Es una locura pensar eso.

-En la denuncia también incluyen a su hijo Martín por ser responsable de la cooperativa de trabajo Misioneros de Francisco.

-Es falso. No integra ninguna cooperativa Misioneros de Francisco. Mi hijo, por una enfermedad de joven, se acercó mucho a la fe católica y tiene una relación militante con los Misioneros de Francisco, pero no integra ninguna cooperativa.