No hay un interés manifiesto en capturar a los principales integrantes de la banda, autoproclamada mapuche que, desde 2017 en adelante, ejecutó usurpaciones, atentados, agresiones y ataques armados en Villa Mascardi, un paraje hasta ese momento paradisíaco que está sobre la ruta 40, más cerca de Bariloche que de El Bolsón.
El lugar conserva el encanto paisajístico, aunque los daños en el patrimonio edilicio -que provocó la denominada Lafken Winkul Mapu- fueron irreversibles.
El 4 de octubre de 2022 la ex jueza federal Silvina Domínguez, quien conducía interinamente del Juzgado Federal de Bariloche, ordenó el desalojo de todos los predios sobre los que la misma agrupación había tomado posesión.
La demanda judicial ordenaba la detención de los hombres y mujeres que se encontraban en los terrenos allanados. El despliegue de efectivos policiales, integrantes del Comando Unificado de fuerzas, fue cinematográfico. Sin embargo, los hombres que conformaban el grupo, lograron huir hacia la montaña. Algo similar había pasado en un desalojo anterior ocurrido semanas después de su irrupción en los primeros predios tomados.
Sólo siete mujeres fueron detenidas durante la diligencia que ejecutó la Policía Federal Argentina, quienes permanecieron en el territorio acompañadas por algunos menores de edad. Desde entonces el paradero de los hombres que conforman la “comunidad” es incierto. Nadie los busca.
Del listado de prófugos y procesados, sólo una mujer que integra la Lafken Winkul Mapu fue ubicada 10 meses después en Bariloche. Se trata de Jéssica Bonefoi sobre quien pesaba un pedido de captura y rebeldía emitido por el Juzgado Federal.
El 11 de agosto pasado fue recapturada por la Policía de Río Negro, luego de evadir un control que mantenía la fuerza provincial en la zona sur de la ciudad patagónica. La mujer, cuya identidad figura en el extenso expediente que se tramita por el delito de usurpación de tierras de Parques Nacionales, goza del beneficio de prisión domiciliaria.
Cinco años de usurpaciones
El raid delictivo comenzó el 10 de noviembre de 2017 con la usurpación de dos lotes pertenecientes a Parques Nacionales. El intento frustrado de desalojo de esas tierras, en el marco del cual fue asesinado el mapuche Rafael Nahuel -cuyo juicio se encuentra en pleno desarrollo- dio lugar a un avance desenfrenado del grupo a otras propiedades.
Así vandalizaron y usurparon las instalaciones del ex hotel IOS -donde estaba prevista la instalación de la Escuela de Guardaparques- y la propiedad La Escondida, perteneciente al vecino Juan Greham y su esposa.
Luego siguieron con el lote perteneciente al Obispado de San Isidro y dos lotes pertenecientes a la Unión Personal Superior de Gas del Estado.
Otra cabaña afectada fue Los Radales, propiedad del actual presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Luis Dates, donde también incendiaron un puesto que Gendarmería Nacional había instalado en el lugar, de manera preventiva. Además avanzaron y dañaron La Cristalina, perteneciente al ex dirigente vecinal, Diego Frutos.
El Comando Unificado de fuerzas federales que conformó el Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene su presencia en el sitio para custodiar los lotes públicos que están en litigio. Sin embargo los vecinos que debieron dejar sus espacios aseguran que no tienen garantías para regresar. Además, dicen, “no tenemos donde, nos destruyeron todo”.
El gobierno nacional influyó sobre el juez federal Hugo Grecca para frenar los procesos judiciales, a instancias de la conformación de mesas de diálogo que servirían para “encontrar una solución alternativa a la problemática”.
Con el titular de la secretaría de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, como actor principal, el estado ofreció a los mapuches prófugos regresar a los predios que habían usurpado y de donde habían sido desalojados en 2022.
Además ofertó la construcción de viviendas para la residencia de la líder espiritual de la comunidad, la “machi” Betiana Colhuan, su familia y sus colaboradores, y un consultorio para asistir a sus “pacientes”. En el marco de la misma propuesta ofertó la entrega de otras 10 hectáreas de tierras públicas para la instalación del resto de los integrantes de la misma agrupación, además de otros beneficios que -al menos por ahora- no cumplió.
De lo prometido, sólo se efectivizó el regreso de la “machi” al sitio que denominan sagrado, a pesar de la resistencia de otras comunidades mapuches que niegan el valor espiritual de ese “rewe”, la estructura de madera que la Justicia Federal ordenó conservar. “Lo visita regularmente”, sostienen desde su entorno.
La villa de antaño
Los pobladores de Villa Mascardi reconocen que el desalojo de los predios usurpados no alteró el clima enrarecido del paraje turístico. Además anticiparon que “los mapuches tienen el aval del Gobierno actual para volver”.
Luis Dates, uno de los damnificados, estrena en octubre la conducción de la Junta Vecinal. “¿Para qué vamos a volver a Villa Mascardi si nos destruyeron todo lo que teníamos, sólo recuperamos la posesión de los lotes”, aseguró en diálogo con Infobae.
Ninguno de los damnificados volvió a reconstruir las viviendas afectadas y aseguran que el Gobierno no les da garantías para regresar e incluso funcionarios nacionales avalan el regreso de los mapuches a la villa turística. Dates dijo que “mientras este Gobierno siga acompañando a los violentos, no hay solución”.
Además, auguró un cambio en la conducción nacional para poner fin a los conflictos. “El único lugar donde deben estar estos violentos, es en la cárcel” sostuvo el poblador quien lamentó que sólo Patricia Bullrich, entre los candidatos a la Presidencia de la Nación, haya abordado la problemática de las usurpaciones en la Patagonia. “Para muchos parece un conflicto resuelto, pero mientras los violentos tengan respaldo y las víctimas seamos ignorados, el problema va a seguir” aseguró.
El antecesor en la dirigencia vecinal y dueño de otra de las viviendas dañadas, Diego Frutos, dijo que “no pudimos volver a Villa Mascardi porque sabemos que van a volver”. Acusó al Gobierno nacional de custodiar sólo los predios fiscales y de brindar garantías a los integrantes de la agrupación mapuche. “No tiene sentido poner un solo ladrillo, mientras los violentos sean protegidos por los gobernantes de turno” aseguró.
Los edificios públicos vandalizados por la agrupación fueron demolidos por una decisión judicial, debido al avanzado estado de deterioro que presentaban en sus cimientos. Los efectivos de las fuerzas federales aún custodian esos predios y la actividad turística en Villa Mascardi fue retornando de manera paulatina a las playas que baña el lago homónimo. Sin embargo para los pobladores “ya no es lo que era antes”. Y coinciden: “Queremos recuperar la magia y volver a vivir en paz”.