Luego que el oficialismo lograra aprobar en el Senado el pliego de Ana María Figueroa, el Gobierno Nacional publicó el decreto para que continúe siendo jueza por cinco años más.
“Nómbrase, por el término de CINCO (5) años a partir del 9 de agosto de 2023, VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL a la doctora Ana María FIGUEROA (D.N.I. Nº 4.677.857), quien oportunamente fue nombrada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para desempeñar dicho cargo mediante el Decreto N° 1896 del 21 de noviembre de 2011 y trasladada mediante el Decreto N° 143 del 4 de febrero de 2013″, reza el Decreto 502/2023 comunicado esta madrugada en el Boletín Oficial y que contó con las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Agustín Rossi y del ministro de Justicia, Martín Soria.
El jueves de la semana pasada, tras un doble empate en la votación, Claudia Ledesma Abdala —Presidenta provisional de la Cámara— fue quien definió para que el Senado aprobara el pliego de Figueroa. Con 70 senadores en sus bancas, el resultado de la votación fue de 35 a 35 —dos veces—. Ante esto, por reglamento tuvo que desempatar la santiagueña, que presidía la sesión ante la ausencia de Cristina Kirchner.
Tras la aprobación en la Cámara Alta, solo faltaba la publicación del decreto que firmó Alberto Fernández en la tarde de este martes.
La Corte Suprema de Justicia había definido que se debía jubilar de la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal de Justicia el pasado 9 de agosto cuando cumplió los 75 años de edad, el límite que fija la Constitución Nacional. Por eso el kirchnerismo buscaba aprobar el pliego antes de dicha fecha, sin embargo Juntos por el Cambio logró bloquear varios de los intentos que hizo el interbloque del Frente de Todos. Sin embargo, el oficialismo logró sumar a otros bloques, obtuvo el quórum y avanzó.
Figueroa tenía que resolver los expedientes “Los Sauces - Hotesur” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán en los que está involucrada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Justamente —tras la salida de la jueza— la Sala I de Casación resolvió reabrir ambas causas. Son dos expedientes que se habían cerrado en 2021 en los dos tribunales orales que tenían que hacer el juicio diciendo que no había delito. Apelaciones mediante, Casación, resolvió avanzar hacia juicio oral para que se resolviera allí.
Tras el cese de actividades de Figueroa notificado por la Corte Suprema, a principios de septiembre también se resolvió que la presidencia de la Cámara Federal de Casación quede en manos de Mariano Borinsky, la vicepresidencia de Daniel Petrone y la segunda presidencia de Diego Barroetaveña.
En este escenario judicial y tras la definición de Casación respecto a la reapertura de las dos causas citadas, la vicepresidenta de la Nación pidió que se declaren nulos los fallos de la Cámara Federal de Casación Penal que revocaron sus sobreseimientos y ordenaron que se hagan los juicios orales en las causas “Los Sauces-Hotesur” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán. La defensa de la ex presidenta planteó, entre otros argumentos, que las resoluciones fueron dictadas justamente sin la intervención de la jueza Ana María Figueroa, que fue cesanteada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por llegar a los 75 años —la edad máxima que establece la Constitución Nacional— sin contar con un nuevo acuerdo del Senado, que lo obtuvo la semana pasada.
El oficialismo en la Cámara Alta votó por el regreso de Figueroa y Alberto Fernández lo convalidó. La decisión sobre las apelaciones de los implicados en la causa del Memorádum será revisada por la Corte Suprema. El procurador del Tesoro Carlos Zannini está pidiendo el apartamiento de sus integrantes.
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