La Coalición Cívica amplió la denuncia contra Emilio Pérsico por beneficiar al Movimiento Evita desde el Estado

La Coalición Cívica (CC) amplió la denuncia contra el Movimiento Evita y su líder Emilio Pérsico por beneficiar, desde la función pública, a las cooperativas que pertenecen a la organización social oficialista.

La causa 2614/22 está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti e interviene el fiscal Eduardo Taiano. En el expediente se afirma que, desde la Secretaría de la Economía Social, a cargo de Pérsico, se habría derivado el 55% de los convenios del programa Potenciar Trabajo. Los dirigentes de la Coalición Cívica sostuvieron ante la magistrada: “Tenemos registro de los pagos realizados a las cooperativas, asociaciones, fundaciones y federaciones mediante los mencionados convenios de financiamiento por un total de $17.854.976.107″ y aclaran: “Considerando la fecha de cada uno de los convenios y actualizando por el índice de inflación, hemos actualizado el valor de esos convenios a agosto de 2023 resultando en más de 50 mil millones de pesos”.

Los referentes de Elisa Carrió identificaron que a las principales organizaciones sociales le fueron asignados $10.376.529.711,87 nominales o $30.815.537.778,43, actualizados. De ese total, El Movimiento Evita recibió el 55,1% de esos beneficios.

“La situación de Pérsico en la Secretaría de Economía Social transfiriendo plata a sus amigos del Movimiento Evita es insostenible”, le dijo a este medio el legislador porteño Hernán Reyes y recordó que las autoridades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización del INAES, tal se describe en la denuncia, deberían controlar los subsidios a las cooperativas de trabajo, pero no lo hicieron.

En el escrito se destaca que sus principales funcionarios son dirigentes del Movimiento Evita. Por esa razón, los califica de “estar de los dos lados del mostrador”. Por un lado, le otorgan los beneficios a federaciones y cooperativas de ese espacio sociopolítico y por otro, los reciben.

Reyes destaca que, a medida que siguen analizando la documentación oficial sobre esos convenios, “no paran de salir novedades que comprometen cada vez más la situación de Emilio Pérsico”. “Le exigimos a la Justicia que avance con el procesamiento urgente y a la Oficina Anticorrupción que corra al dirigente social y secretario del Estado de sus funciones para evitar que siga de los dos lados del mostrador”, agregó.

“No usar a los pobres”. Ese es el nombre del trabajo que la CC presentó en los tribunales de Comodoro Py, que está basado en los convenios que el Ministerio de Desarrollo Social firmó, a través de la secretaría a cargo de Pérsico, entre los años 2020 y 2022 con cooperativas de organizaciones sociales y otras Unidades de Gestión a través del programa Potenciar Trabajo.

“La distribución de los recursos son asignados con absoluta discrecionalidad por parte de la Secretaría de Economía Social. No existen criterios de evaluación de ninguna característica, como tampoco de priorización de planes de actividades por sobre otros o de distritos con condiciones de vulnerabilidad mayor que otros”, se puntualiza en el escrito judicial presentado en las últimas horas. Además, destaca: “Los planes de actividades son aprobados con posterioridad a la fijación del monto de los convenios, lo cual lo vuelve absolutamente irregular. Asimismo, la modalidad establecida del pago incluye que se paga el 50% del convenio por adelantado y el 50% restante a partir de la rendición del 70% de los gastos sobre el 50% pagado”.

La denuncia judicial está firmada por los dirigentes de la Coalición Cívica Hernán Leandro Reyes, Héctor “Toty” Flores, María Fernanda Reyes, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Maricel Etchecoin Moro, Mariana Stilman, Mónica Edith Frade, Victoria Borrego y Rubén Manzi.

En la presentación judicial los integrantes de la CC sostienen lo que adelantó Infobae: la mayoría de los convenios fueron firmados por Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social.

Los dirigentes de la CC aclaran que “la denuncia que hemos realizado no se enfoca en los titulares de los planes sociales sino en convenios de financiamiento que el Estado Nacional desde la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico, quien firma directamente con los representantes de las cooperativas, asociaciones y fundaciones, en gran proporción, integrantes del Movimiento Evita”.

A lo largo del escrito, se sostiene que cada uno de los denunciados encuadra desde su obrar en diferentes tipos penales, pero todos están vinculados por uno: la asociación ilícita. “La hipótesis que se sostiene es que entre los dirigentes de las cooperativas vinculadas al Movimiento Evita, desde la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, a cargo de Gildo Onorato, se busca hacerse con el dinero del Estado a través de los subsidios en cuestión y, para lograrlo, aprovechan que tengan en dos puestos de gran relevancia para dichas concesiones a dos miembros del movimiento como son Alexandre Roig, el titular del INAES, y Emilio Pérsico.

Se les acusa de los delitos de defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, incumplimiento de deberes a su cargo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

En la introducción de la investigación, los dirigentes de la CC explican que todos los datos utilizados para desarrollar el informe surgen de documentación pública “a la que hemos obtenido acceso a partir de un largo proceso de reclamos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Victoria Tolosa Paz”.

Allí, aseguran que “la información muestra cómo el programa Potenciar Trabajo fue cooptado por parte de organizaciones sociales y, particularmente, por el Movimiento Evita, para hacer su política territorial”. Y agregaron: “Están totalmente alejados del objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas o de reducir el impacto de la pobreza”.

En la ampliación de la denuncia los dirigentes que responden a Elisa Carrió opinan: “Lo que hemos notado es que, con el ingreso de las organizaciones sociales al Ministerio de Desarrollo Social, ha cambiado la lógica de este tipo de programas y se ha convertido en una repartición de los beneficiarios y de los convenios absolutamente discrecionales y que parece estar orientado al desarrollo político de las organizaciones. Ello sería consecuencia directa de la falta de controles adecuados en el programa y de tener funcionarios y personas relacionadas en ambos lados del mostrador, otorgando, recibiendo y controlando el dinero público”.

Con las planillas en las manos, el legislador porteño Hernán Reyes afirmó: “Las partidas presupuestarias del Potenciar Trabajo para los convenios a cooperativas fueron las únicas partidas con un aumento por encima de la inflación real acumulada en 2023. De hecho, aumentaron un 143,9% en lo que va del año, respecto de la partida sancionada por la ley del presupuesto. Están aumentando esa caja negra de la política que maneja Pérsico”.

La Coalición Cívica habilitó la página web de acceso público No usar a los pobres, para que cualquier persona que quiera chequear la información aportada a la Justicia o verificar las trasferencias que recibieron las cooperativas puedan hacerlo. De ese trabajo surge que la segunda organización que recibió más convenios -después del Evita- pero en un porcentaje muy inferior, fue el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), referenciado en Juan Grabois, con el 15,1%.

Lo siguen la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por el diputado nacional Juan Carlos Alderete, con el 10,5%; y las también oficialistas Somos Barrios de Pie, del funcionario Daniel Menéndez, con el 6,1%. Con el 3,7% de los convenios firmados recién aparece un movimiento social no oficialista, Libres del Sur, organización que forma parte de la Unidad Piquetera. Con el 3,6% le sigue la organización popular liderada por la cuestionada Milagro Sala en Jujuy, la Tupac Amaru.

El también oficialista Frente Popular Darío Santillán recibió el 1,7% de esos convenios. En el fondo de la tabla aparece el Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni, uno de los principales impulsores de las marchas y acampes frente al Ministerio de Desarrollo Social, con el 1,5% de los convenios del Potenciar Trabajo a través de sus unidades de gestión. Por último, el MST, con el 0,7%.

“Lo que hicieron con el programa Potenciar Trabajo es una vergüenza, decidieron financiar la política de expansión territorial de las organizaciones sociales con la impunidad de hacerlo con la plata del programa de empleabilidad e inclusión social”, interpretó Hernán Reyes. Y argumentó: “En la emergencia social que hay, con una pobreza que supera el 40%, que afecta a 18,6 millones de personas, desviar recursos con los programa de formación para el empleo es doblemente inmoral. Es un delito y es un escándalo moral”.