La detención y posterior liberación del puntero del peronismo platense, Julio Segundo Rigau, encontrado con 48 tarjetas de débito emitidas por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, abrió un sinfín de interrogantes que la justicia bonaerense empezó a explorar hasta que la causa fue cerrada. Sin embargo, el caso aún mantiene la atención de buena parte del sistema político de la provincia de Buenos Aires, más allá de la pertenencia política.
Hasta el momento no hubo pronunciamiento público de los principales bloques que integran la Cámara de Diputados. Ni el Frente de Todos (que integran desde La Cámpora, al Frente Renovador, pasando por Patria Grande y el PJ de los intendentes), ni Juntos (con representantes del PRO, UCR y Coalición Cívica). “Nadie va a salir a inmolarse”, advierten puertas adentro.
En el “organigrama” político, las miradas se posan sobre el concejal del Frente Renovador de La Plata, Facundo Albini. Al edil le endilgan relación con Rigau. Actualmente, Albini no cumple funciones en la Cámara de Diputados.
El concejal fue Director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa, según la declaración jurada presentada ante la Cámara de Diputados en 2018. Sin embargo en Diputados mencionan más al padre del concejal que al propio edil. Se trata de Claudio Albini, “histórico jefe de personal”, quien, según la información pública de la Cámara, se desempeñaba como subdirector del área de Personal. “A Facundo lo exponen porque es la cara visible”, cuenta un conocedor del entramado político legislativo en La Plata.
Fuentes legislativas deslizaron a Infobae que las contrataciones de las tarjetas que se le encontraron a Rigau “son viejas”. Es decir de la gestión anterior. El período 2015-2019 en la Cámara baja bonaerense estuvo bajo un acuerdo de gobernabilidad que implicó una presidencia rotativa entre Cambiemos (el PRO, puntualmente bajo la figura del ex diputado Manuel Mosca) y el Frente Renovador, el partido político de Sergio Massa.
Hoy la presidencia está a cargo del peronista Federico Otermín. Sin embargo, en la Cámara baja bonaerense impera desde el año 1999 un acuerdo de “doble firma”, en el que “el vicepresidente y el vicepresidente primero deberán visar los actos administrativos del presidente”, según establece el propio reglamento interno de la Cámara.
El vicepresidente de Diputados es Adrián Urrelli, del PRO, hoy jefe de campaña de Néstor Grindetti para la gobernación bonaerense y el Vicepresidente I es Carlos “Cuto” Moreno; cercano al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
“No tiene nada que ver que las tarjetas sean de la gestión anterior si es que así fuera; el proceso administrativo tiene que ser validado por las autoridades. A Rigau lo descubrieron ahora y ese tipo de contrataciones generalmente son a solicitud de los legisladores. En el medio está la Dirección de Personal, la Secretaría administrativa y las autoridades de Cámara”, asegura a este medio una fuente conocedora del proceso administrativo en la Cámara baja bonaerense. Desliza también que en algunas ocasiones los legisladores ni siquiera conocen a las personas por las que se requiere la contratación.
Quién pidió esos contratos que se tradujeron en la entrega y distribución de las tarjetas de débito, en nombre de quién -o para quién- reportaba realmente Rigau y desde cuándo funciona este mecanismo de “prestadores” es materia de una investigación que podría reactivarse si se le da lugar al pedido del Fiscal General Héctor Vogliolo que adelantó que apelará el fallo de la Cámara de Apelaciones que cerró la causa y liberó a Rigau con el voto de los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo.
Como dio cuenta Infobae, la fiscal Betina Lacky que había intervenido inicialmente en la investigación alcanzó a tomarle declaración a 16 de las 48 personas titulares de las tarjetas con las que Rigau extraía dinero del cajero del Banco Provincia de calle 54 esquina 7, a una cuadra de la Cámara baja. En los testimonios se desprendía que casi todos aseguraron que cumplían alguna función en la Legislatura, que lo conocían a Rigau y que le entregaban de manera voluntaria la tarjeta, algo que sorprendió a los investigadores. También coincidían -en su mayoría- que Rigau les devolvía el dinero y el ticket.
Poco y nada se ha expresado la política al respecto. Los dirigentes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, Javier Iguacel, y María Eugenia Talerico hicieron un reclamo ante la Procuración bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand -ex funcionario de la gestión de María Eugenia Vidal-. Allí reclaman ante el jefe de los fiscales que se inicie una Instrucción Penal Preparatoria para “investigar la posible comisión de delitos de acción pública de extrema gravedad que pueden estar sucediendo en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires”. Los denunciantes se mueven en una esfera nacional. El pedido no se replicó desde la provincia de Buenos Aires e incluso hizo ruido interno.
Ayer, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires y candidato a intendente de La Plata por UP, Julio Alak, fue consultado por el caso. “No conozco la resolución, ni me interesa”, dijo sobre el cierre de la causa. “Es un tema que está absolutamente fuera de mi pensamiento. No conozco a esa persona, no sé quién es”, agregó sobre “Chocolate” y planteó que “es un tema de la Legislatura de la provincia. Hay que preguntarle al presidente de la Cámara, a los presidentes de los bloques, a Maxi Abad. A los que han conducido la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires”. En esa respuesta, Alak nombró a Abad, quién es el presidente del Comité de la UCR en la provincia de Buenos Aires, jefe de bloque de Juntos e incluso compañero de lista de Talerico para la senaduría nacional por la provincia de Buenos Aires. Ambos forman parte de la lista de Patricia Bullrich.
En las últimas horas y tras la relevancia del caso circuló un sintético comunicado de los diputados del bloque La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo y Constanza Moragues que responden a Javier Milei. “Se expresa una profunda preocupación por el caso de Julio Segundo “Chocolate” Rigau, quien recientemente fue encontrado en un cajero del banco de la provincia de Buenos Aires haciendo reiteradas extracciones con tarjetas de débito de más de cuarenta ‘empleados’ de la Legislatura bonaerense. Es importante que la Justicia investigue el caso para llegar a quiénes organizan estas maniobras”, dice.
Por su parte, la Izquierda hará este viernes 29 una olla popular con menú de ñoquis en la puerta de la Cámara de Diputados. Además de pronunciarse por el caso de “Chocolate” también reclamarán por la realización de una sesión legislativa y denunciarán un acuerdo de discrecionalidad entre el PJ y Juntos.