A lo largo de un escrito de 18 carillas, los vecinos de Luján le solicitaron al juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, que no le otorgue a la Municipalidad otros 90 días de prórroga para que sigan arrojando residuos en el basural a cielo abierto de esa localidad bonaerense. El mismo magistrado ya había determinado, al darle curso positivo a un recurso de amparo presentado por la Asociación Civil Nuevo Ambiente, que la intendencia no debía arrojar en el mayor vertedero del país las 120 toneladas de residuos urbanos que a diario se generan en esa localidad.
La administración del intendente Leonardo Boto pidió tres meses de plazo para buscar un lugar en el cual disponer de los residuos urbanos, pero no lo hizo e incumple el mandato judicial. Por esa razón intenta conseguir una nueva prórroga.
La medida cautelar, emitida el 21 de abril de 2023, requería la disposición de residuos sólidos urbanos y peligrosos en un sitio alternativo, ambiental y legalmente apto para su recepción y tratamiento. Sin embargo, el intendente ahora argumenta cuestiones sociales y económicas que -dice- lo vuelven imposible de aplicar a la brevedad.
A lo largo de la presentación judicial, los vecinos que se ven perjudicados con el basural y la construcción, a dos kilómetros de allí de un relleno sanitario y una planta de tratamiento, en el denominado “Predio Sucre”, desnudan las verdaderas intenciones del Poder Ejecutivo Comunal y desacreditan los argumentos que esgrime la administración Boto.
“Venimos a poner en vuestro conocimiento, una vez más, que el Municipio de Luján no ha acreditado ninguna acción tendiente al cumplimiento de la orden dispuesta por su señoría y confirmada por Cámara de Apelaciones de San Martín de disponer los residuos sólidos urbanos y peligrosos en un sitio alternativo, ambiental y legalmente apto para su recepción y tratamiento”, le recordaron a Portocarrero Tezanos Pinto.
También precisaron: “Por el contrario, operado el vencimiento de la prórroga originalmente concedida por su señoría al Municipio para que cumpliera con la orden cautelar, intentó enmascarar su intención de incumplirla detrás de un nuevo pedido de prórroga, cuyo rechazo firme solicitamos”.
El jefe comunal le manifestó al juez federal de Mercedes que su administración ha impulsado a las áreas pertinentes para llevar a cabo todas las acciones necesarias para cumplir con la medida cautelar. Precisó que esto ha incluido la evaluación de plazos, costos y posibles consecuencias económicas, presupuestarias y legales relacionadas con la disposición final de los residuos sólidos urbanos. También se explicó que se han producido informes conjuntos de la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Desarrollo Productivo, donde se detallan las acciones tomadas hasta el momento.
Por otro lado, se destacó que se han realizado consultas y gestiones ante la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) en busca de información relevante para evaluar la posibilidad de cumplir con la medida judicial. Sin embargo, hasta la fecha y, según el texto presentado por la gestión municipal, el organismo CEAMSE no ha proporcionado respuesta directa al Municipio de Luján.
Sobre estos puntos, los vecinos de Luján fueron contundentes al asegurarle al juez que esas afirmaciones son “de falsedad manifiesta”.
“Si el Municipio no logró cumplir con la medida cautelar antes del vencimiento de la prórroga otorgada no fue por una imposibilidad real, sino porque no realizó ninguna clase de gestión útil y efectiva a esos efectos en casi cinco meses”, sostuvieron. Y añadieron: “El Municipio pudo haber cumplido desde el inicio y debió hacerlo, en lugar de presentar excusas falsas con el único fin de vaciar de contenido a la tutela cautelar otorgada”.
La falta de recursos económicos esgrimida por la intendencia de Boto ante el juez fue desacreditada por los vecinos con los siguientes datos: “El propio Municipio admitió en que, para el año en curso, cuenta con un abultado presupuesto de $790.106.316,33 anuales para la recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos, es decir $2.164.674,84 por día o $65.842.193,03 por mes”. También argumentaron: “Si le hubiese pedido cotización al CEAMSE, lo que no hizo (sino solo enviar correos vacíos de contenido a una dirección institucional genérica), sabría que disponer en su complejo ambiental le costaría menos de $630.000 diarios, lo que supone menos del 30% del presupuesto con el que cuenta según el presupuesto del año en curso”.
Por lo tanto, dicen los vecinos en la presentación judicial: “Comprobada la viabilidad objetiva de que el Municipio disponga los residuos sólidos urbanos en el CEAMSE, no existe ningún obstáculo (menos aún, uno económico) para que proceda en ese sentido”. También recuerdan que “en el informe presentado el CEAMSE afirmó de modo claro y contundente que ‘está en plenas condiciones para recibir y disponer los residuos sólidos urbanos no peligrosos que se generen en el Municipio de Luján’”.
En la foja número cinco, le explicaron al juez que, según los contratos concedidos a las dos empresas que realizan la recolección y disposición final de residuos urbanos al basural, Terminal Multipropósito y Usina ECO, esta última una cooperativa de trabajo, ambas “contrataciones vigentes prevén la posibilidad de que se realice el traslado de los residuos al CEAMSE en los términos originalmente acordados entre las partes, sin necesidad de modificar ningún aspecto. En otras palabras, el Municipio se encuentra en condiciones de exigirles a sus contratistas que transporten los residuos sólidos urbanos al complejo ambiental del CEAMSE sin alterar el precio contratado y, por lo tanto, sin implicar erogaciones mayores a las que ya está efectuando”.
Antes, esta tarea se realizaba con personal municipal. Ahora, en cambio, se abonan sumas considerables a cada una de las firmas.
Terminal Multipropósito resultó adjudicataria de la Licitación Pública N° 28/22 para el servicio de recolección, transporte, descarga de residuos domiciliarios y servicios especiales entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023, por la suma total de $254.400.000, lo que resulta en un total mensual de $21.200.000. También se le adjudicó la contratación de servicios especiales de recolección de residuos generales a requerimiento temporal o permanente por la suma diaria de $162.625 por camión.
Una situación muy similar sucede con Usina Eco. El Municipio aprobó sucesivas contrataciones directas con esa cooperativa, para la prestación de los servicios de recolección, contenerización, carga, transporte, descarga y disposición final de residuos, las últimas de ellas abarcando de enero a septiembre de 2023, por un total acumulado de $140.057.92011, lo que supone un promedio mensual estimado de $15.561.991,11. Además, se aprobó un “refuerzo” para los meses de abril a octubre de 2023 por $36.880.800 adicionales.
Como consecuencia de esto, afirman los vecinos, “el presupuesto con el que el Municipio cuenta para la gestión de los residuos sólidos urbanos para el período en curso sobra para disponer en el CEAMSE”. Y le dicen al juez: “Como podrá advertir, es absolutamente falso que disponer los residuos sólidos urbanos en el CEAMSE implique erogaciones adicionales que el Municipio no pueda asumir”. También denunciaron que: “Estos datos fueron ocultados por el Municipio, que, en cambio, acompañó un informe interno sin otra fuente que sus propias manifestaciones, que, como se acredita en este escrito, son falsas y se apartan de la verdad”.
Por estas razones, se sostiene en el escrito judicial: “Los ejemplos enumerados son una clara muestra de que nunca existió ni existe ningún obstáculo de índole presupuestario para que el Municipio cumpla con la medida cautelar ordenada hace ya cinco meses y con sus deberes específicos”.
Por otro lado, la presentación de rechazo al pedido de prórroga solicitada por el intendente Boto realizada por la Asociación Civil Nuevo Ambiente sostiene: “Es falso que la situación de las personas que realizan tareas de recuperación en el Basural a Cielo Abierto interfiera con el cumplimiento de la medida cautelar y los deberes específicos del Municipio en materia de gestión de residuos”.
Sin embargo, los vecinos entienden: “Si verdaderamente existiera alguna consideración por la situación de este grupo vulnerable (de familias), no se le permitiría trabajar en situación de absoluto riesgo sanitario en la llamada “zona de sacrificio” (por el lugar dónde se sigue arrojando residuos), entre camiones y maquinaria y densas columnas de humos tóxicos. Se procuraría, como mínimo, el establecimiento de una zona de transferencia provisoria para que, transitoriamente, realicen sus tareas de manera segura”.
Con objetividad, los denunciantes relatan: “Esta problemática, lejos de constituir un obstáculo al cumplimiento de los deberes del Municipio, es funcional a lo que las demandadas pretenden lograr, convirtiéndose la situación de los recuperadores -que continúa en absoluta precariedad- en una mera excusa para no hacer lo que su señoría ha ordenado y la ley manda sin que se haya propuesto ni exista actualmente un Plan de Inclusión Social (PISO) piso que provea ninguna clase de solución real”.
Por esas razones, los vecinos entienden, y así lo argumentaron, que “queda claro que el cumplimiento de la medida cautelar es posible” y por esa circunstancia le solicitan al juez federal de Mercedes que le exija a la Municipalidad de Luján “el cumplimiento de la medida ordenada hace cinco meses”.
El escrito de los vecinos de Luján presentado en el juzgado federal finaliza con una descripción del estado actual del Basural a Cielo Abierto (BCA).
“La irregularidad del manejo de los residuos peligrosos y patogénicos presentes en el BCA no se ha alterado durante el lapso de la prórroga concedida” por el magistrado “dado que el Municipio no ha arbitrado ningún medio para lograr el cumplimiento de lo ordenado por su señoría y el ordenamiento legal”, aclaran.
A párrafo seguido, le recuerdan al juez algo que conoce de primera mano. “Tanto es así que, recientemente, en el marco de la causa penal en trámite ante vuestro tribunal con motivo en los mismos hechos, se produjo un informe pericial y prestó declaración testimonial el Comisario Inspector del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (a cargo de dicho informe). El perito declaró que el vuelco de residuos peligrosos en el BCA no tiene ningún tipo de control y preguntado sobre si los residuos dispuestos en el BCA eran tratados mediante los procedimientos previstos por la reglamentación vigente, informó que ‘no, de ninguna manera’. Asimismo, consultado sobre cuáles serían los procesos de remediación más prontos a aplicarse en el BCA afirmó ‘que no se vuelquen más residuos en ese lugar. Que se eviten los incendios…’”.
Por lo expuesto, y por el peligro que significa para la población de Luján que se siga contaminando, los vecinos le solicitaron al magistrado que “rechace el pedido de prórroga peticionado por el Municipio e intime a las demandadas a cumplir inmediatamente con lo ordenado”.