Padre de un niño de 11 años y con toda una vida por delante, el pasado martes 12 de septiembre Matías Rosales (30) fue asesinado de una puñalada en el pecho en la ciudad de Oruro, Bolivia, por un hombre que aún se encuentra prófugo. Las autoridades judiciales bolivianas llevan adelante la investigación para determinar en qué circunstancias ocurrió el trágico episodio, al mismo tiempo que trabajan para encontrar al sospechoso que, en principio, sería de nacionalidad colombiana. A cuatro días del hecho, la Cancillería argentina guarda silencio. El Ministerio de Relaciones Exteriores que dirige Santiago Cafiero no ha elevado aún un reclamo diplomático con el fin de determinar si hubo negligencia por parte del sistema médico boliviano.
Mientras se desarrolla la investigación, que está a cargo de la fiscal Reynilda Callejas Silvestre, tanto Carina Cheuquepan, la madre de Matías, como Florencia, la novia de la víctima, sostuvieron en reiteradas oportunidades que el joven neuquino no recibió la atención médica necesaria por ser extranjero.
“Pasó media hora -del ataque a Matías- y llegó una camioneta de los bomberos. Todavía estaba vivo, tenía pulso. Lo suben a la camioneta pero nadie lo toca, nadie le chequeó los signos vitales. El hospital estaba a dos cuadras, llegaron en cinco minutos. No lo ingresaron porque decían que Matías estaba muerto. Y muere en la vereda del hospital. Salió un doctor a verlo pero tampoco lo revisa. Y Florencia le suplica ‘por favor, asístalo, éntrelo al hospital, por favor se lo pido’. Entonces él se agacha, le observa la pupila de uno de sus ojos y le dice ‘viste, tiene la pupila dilatada, está muerto’. Y ahí se da media vuelta y regresa al hospital”, contó este viernes Carina, en diálogo con radio La Red.
Minutos después del reportaje a Carina, la citada señal radial se comunicó con Florencia, pareja de Matías y con quien viajaba por Latinoamérica. Entre lágrimas, la mujer aseguró que “Matías tenía signos vitales cuando llegó al hospital”, pero aún así “no recibió asistencia en ningún momento”.
“El médico lo único que hizo fue mirarlo desde su punto, cuando yo le empiezo a gritar para preguntarle por qué no lo atendía, entra, busca un estetoscopio y me dice que él ya no lo iba a tocar”, recordó.
“Mi compañero se me murió en los brazos porque me negaron un teléfono. Los que estaban en la ambulancia nos dieron a entender de por qué estábamos acá, qué estábamos haciendo acá. Dándonos a entender que no somos de acá y no teníamos que estar en Oruro”, lamentó en otro tramo de la entrevista.
El silencio de la Cancillería argentina es más llamativo aun si se tiene en cuenta que, según un convenio que firmaron los gobiernos de Argentina y Bolivia el 4 de julio de 2023 —y al que accedió Infobae— , Rosales y cualquier ciudadano argentino deben tener garantizada la atención médica en el sistema de salud boliviano. Incluso el gobierno de Luis Arce se comprometió en el mencionado acuerdo a difundir de manera “constante y permanente” que los ciudadanos de nuestro país deben ser atendidos en los nosocomios bolivianos, recibiendo el mismo trato que los naturales de Bolivia obtienen en los hospitales del sistema público argentino. El entendimiento se encuentra vigente, y fue firmado por el canciller Santiago Cafiero y su par boliviano, Rogelio Mayta Mayta, durante el encuentro reciente que los países del MERCOSUR tuvieron en la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.
El acuerdo, a su vez, es la ratificación de una política que ambos países se comprometieron a poner en práctica en 2019. En aquella oportunidad, el ex secretario de Salud argentino, Adolfo Rubinstein, rubricó un entendimiento con el mismo contenido, junto a la entonces ministra Gabriela Montaño, ex funcionaria y dirigente de confianza de Evo Morales.
No obstante a ello, desde la cartera conducida por Santiago Cafiero hasta el momento no se elevó un reclamo diplomático formal al Gobierno boliviano.
Las tareas investigativas de este hecho no están siendo nada simples. Según pudo saber Infobae, las principales dificultades se presentan en la obtención de imágenes de las cámaras de seguridad privadas, que podrían ser determinantes para identificar al atacante. Ante este escenario adverso, las autoridades bolivianas le solicitaron a la pareja de Matías que permanezca al menos dos días más en el país, debido a que están buscando un perito especializado en la elaboración de identikits en otro departamento -en Oruro no hay- para que ella pueda compartir un retrato hablado del asesino.
De acuerdo a lo que confiaron fuentes consulares este sábado por la mañana a Infobae, la de ayer fue una jornada cargada de reuniones entre el cónsul en La Paz, Santiago Odobez, y el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, con la familia de la víctima -a la que asistieron en le trámite de obtener el certificado de defunción y poder ingresar a la morgue para verlo, así como con el coronel Lionel Valenzuela Pelaes, director de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen, y los representantes de la fiscalía, para interiorizarse del avance de la investigación.
Ésta podría arrojar novedades el próximo lunes, día en que el cónsul Odobez tiene planeado volar nuevamente hasta Oruro para continuar con los trámites restantes. Por su parte, la familia de Matías deberá definir en las próximas horas si presenta una solicitud para la inhumacion del cuerpo, en tanto que deberá barajar la eventual designación de un letrado para que siga la causa in situ cuando ellos hayan retornado a la Argentina.