Millonarias comisiones y giros a paraísos fiscales de la empresa argentina que le vendió ascensores al gobierno chavista

Marcos Ochoa trabajaba como enfermero en el hospital Victorino Santaella, en Los Teques, Venezuela, cuando sufrió un paro cardíaco. Necesitaba ayuda urgente, pero la atención médica se demoró aún estando dentro del hospital porque no había ascensores en funcionamiento para trasladarlo hasta el piso donde atendían las emergencias. Su corazón no resistió. Marcos murió esperando que llegara el único ascensor que funcionaba de los 18 disponibles en ese centro. Esta situación se repetía en casi todos los hospitales públicos de Venezuela, aseguraban sus compañeros cuando protestaron por su muerte, allá por octubre de 2015.

Este centro médico forma parte de la Red Hospitalaria Pública de Venezuela. La empresa argentina Ascensores Servas SA tenía que proveer, instalar y mantener más de 150 ascensores en 35 hospitales públicos, en el marco del fideicomiso bilateral acordado por los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner, para algunos centros de salud que formaban parte de esa red. Pero no todos los hospitales se beneficiaron con los elevadores comprometidos.

Servas SA fue una de las primeras beneficiarias de ese acuerdo con un contrato por USD 25 millones con el Ministerio de Salud venezolano firmado en 2005, una década antes del incidente de Marcos. También fue una de las primeras compañías argentinas que quedó bajo la lupa por supuestas irregularidades en el fideicomiso con Venezuela.

El ex embajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, dijo en abril de 2010 ante la Justicia que existía lo que denominó una “embajada paralela” que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Planificación y promovía millonarios negocios bilaterales, muchos de ellos sospechados de corrupción. Este fideicomiso movió USD 2500 millones durante más de una década y fue cerrado en 2016, tras la salida de Cristina Kirchner del gobierno, por múltiples sospechas de sobreprecios y contratos incumplidos.

Ante el juez federal Julián Ercolini, Sadous declaró que funcionarios le habían pedido a José Aizpún, accionista mayoritario de Servas, un soborno de entre el 15% y un 20% de sus contratos disfrazado de “comisiones”. Pero Aizpún negó la acusación ante la Justicia y el expediente judicial no prosperó por la falta de colaboración de las autoridades venezolanas, aunque aún sigue abierto.

Una alianza periodística liderada por Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), de la que participó Infobae, tuvo acceso a una filtración de decenas de reportes secretos de la Unidad de Información Financiera (UIF). Los informes secretos revelan que firmas vinculadas a Servas hicieron transferencias en concepto de comisiones a sociedades en paraísos fiscales. La unidad antilavado barajaba la hipótesis de que podrían haber encubierto sobornos para operar dentro del fideicomiso bilateral con Venezuela.

Dos informes confidenciales de la UIF, que fueron enviados por el organismo a los tribunales de Comodoro Py, revelan detalles hasta ahora desconocidos de los movimientos de fondos. El juez Ercolini envió distintos exhortos para pedir información clave para el avance del expediente, pero nunca tuvo respuesta de las autoridades venezolanas. La falta de respuesta de Caracas prácticamente bloqueó la investigación argentina porque el caso necesita que los datos de inteligencia financiera sean validados con información oficial para convertirse en pruebas. El expediente, sin embargo, sigue abierto.

Después de la denuncia del ex embajador Sadous, el gobierno kirchnerista lo dejó sin funciones hasta su retiro y, luego, lo denunció por falso testimonio. La Justicia sí avanzó con ese caso hasta llevarlo a juicio oral. Falleció en agosto del año pasado, lejos de la diplomacia y antes de que se terminara el proceso judicial en su contra.

Además del pago de comisiones a sociedades en paraísos fiscales, la UIF advirtió que transferencias realizadas desde sociedades extranjeras que el organismo vinculó a la familia Aizpún podrían ser parte de maniobras de evasión impositiva o “fuga de capitales”. Y recordó que la empresa argentina había omitido ingresar al país parte de sus ganancias por el comercio con compañías estatales venezolanas. Infobae se puso en contacto telefónicamente con la sede de Servas ubicada en el centro porteño, pero desde la empresa prefirieron no responder las preguntas enviadas.

La AFIP denunció a la empresa en noviembre de 2014 por “transgresión al Régimen Penal Cambiario” por 158 operaciones pendientes de regularización desde 2009, que implicaban casi USD 40 millones. El Banco Central le prohibió a la compañía efectuar operaciones de cambio sin su autorización previa, indicaron las autoridades del organismo tributario en documentos judiciales. Sin embargo, la empresa de ascensores no tiene actualmente investigación alguna en curso por esos fondos que habían sido señalados por AFIP, según fuentes judiciales consultadas por Infobae.

Al ritmo de los negocios venezolanos, los accionistas de Servas fueron multiplicando sus sociedades: los nombres de la familia Aizpún aparecen en distintas compañías abiertas en Argentina, Panamá y Estados Unidos, algunas de las cuáles permanecen activas, según los registros públicos consultados para esta investigación. Los últimos reportes de la UIF llegaron entre diciembre de 2014 y marzo de 2015, cuando la empresa compró dos inmuebles en el partido de La Matanza, partido en el que tiene su planta industrial de 40.000 m2.

Fundada hace 38 años, Servas se presenta en su sitio web como “el mayor fabricante de medios de elevación de Argentina”. Exportan ascensores a Chile, Uruguay, Brasil, Panamá y Estados Unidos. Y según le dijo su dueño al periodista Luis Majul en La Cornisa Radio en 2010, comenzaron a venderle ascensores a Venezuela en el 2002, al sector privado. “Recién en el año 2004, a partir de un convenio con Venezuela, comenzamos a desarrollar algunos trabajos, un fideicomiso, de carácter binacional, en un intercambio de petróleo por equipos que fue arreglado en un convenio en la Isla Margarita”, sostuvo Aizpún. En esa entrevista, el dueño de Servas señaló a empresas internacionales del rubro de ascensores como responsables de difundir información falsa sobre la situación económica de la firma argentina para perjudicarla en su expansión en el extranjero.

Lejos de verse afectados, los negocios de Servas con Venezuela prosperaron luego de que saliera a la luz el escándalo de la “embajada paralela”. Apenas un mes después de la acusación del ex embajador Sadous, en mayo de 2010, la compañía argentina consiguió un nuevo contrato por USD 9,5 millones, esta vez con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), para instalar y mantener 26 ascensores en sus edificios públicos, según los reportes. Entonces la empresa estatal era presidida por Rafael Ramírez, señalado dentro y fuera del país caribeño por presuntos hechos de corrupción.

Las ganancias de la compañía argentina se dispararon: entre septiembre de 2010 y marzo de 2012, registró USD 27 millones por ventas al exterior, la mayor parte bajo el concepto formal de “cobro anticipado de exportaciones”. Este era un beneficio de las firmas que operaban bajo el fideicomiso bilateral, que cobraban más de la mitad de los contratos por adelantado, antes de haber enviado la mercadería. Los activos de la compañía crecieron un 129% entre 2011 y 2012, según los balances analizados por expertos de UIF.

Los ganancias de Servas y los consecuentes movimientos de fondos en el sistema bancario internacional se acercaron a la versión de Sadous. Meses después de su declaración ante la Justicia, la empresa argentina comenzó a interactuar con sociedades offshore, que actuaron como sus representantes comerciales en distintos países. Les pagó un porcentaje de sus supuestas ganancias por un valor de USD 5,5 millones entre 2010 y 2012, lo que encendió alarmas en la UIF, según pudo reconstruir la alianza periodística a partir de los reportes secretos, registros públicos y filtraciones internacionales.

Servas firmó un contrato en noviembre de 2010 con Latam Business Consultants INC, registrada en las islas Saint Kitts & Nevis. La empresa argentina la nombró como su “agente de negocios” en Venezuela para representar y asistir en la comercialización de sus productos. Se estableció que Latam Business recibiría una comisión del 10% sobre el monto total de ventas, en el rango que había señalado Sadous. La compañía argentina envió transferencias entre septiembre y diciembre de 2011 por USD 1 millón a una cuenta bancaria de esta sociedad en la isla de Curazao, según los reportes.

¿Quién estaba detrás de esa empresa offshore? Servas había contratado a José Vicente “Chente” Amparán Croquer -representante de Latam Business Consultants- como su delegado comercial en Caracas, según consta en los Pandora Papers, la filtración de documentos liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El abogado venezolano fue, años después, acusado en Estados Unidos por la trama de lavado conocida como “Money Flight” que desvío y blanqueó de USD 1.200 millones provenientes de PDVSA. Actualmente permanece prófugo.

Hubo más movimientos en el Caribe. Servas firmó, un año después (diciembre de 2011), un contrato con la sociedad panameña Hi-Tech Equipments, a la que designó como su “agente de negocios” en ese país centroamericano, y le fijó una remuneración del 5% sobre el monto total de ventas. El representante de la offshore era José Ignacio Aizpún, según información de la UIF, hijo del principal accionista de la empresa de ascensores. Meses después llegaron las transferencias: la empresa argentina envió cerca de USD 3 millones a Hi-Tech y a Consultora Cima 64 (registrada en Panamá) bajo el concepto de “servicios empresariales, profesionales y técnicos”.

Una persona no identificada alertó a la UIF porque “los términos de los contratos resultan demasiado generales, por lo que no surge de manera clara y concreta qué servicios prestaron estas sociedades para resultar beneficiarias de tales transferencias”. Los expertos del organismo fueron más contundentes: “La estructuración de las operaciones de comercio exterior, cambiarias, y societarias, así como los porcentajes de remuneración (10% y 5%) de las actividades de las sociedades intermediarias de reciente constitución, radicadas en Panamá y Saint Kitts & Nevis, en conjunto con las transferencias enviadas a Curazao, no podemos descartar que correspondan al desvío de fondos para el pago de sobornos, sin perjuicio de su utilización con fines de planificación impositiva”.

El cumplimiento del contrato también quedó bajo la lupa. La cantidad de elevadores acordados con el Ministerio de Salud venezolano no estaban en funcionamiento ni en los hospitales ni en otros edificios públicos de ese país. Se había recibido en 2006, dos años después de haberse firmado el contrato, apenas un tercio de los ascensores pactados y muchos de ellos no habían sido instalados, según consta en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Salud de ese año, la última información pública disponible.

Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, contó a este equipo periodístico que algunos ascensores llegaron a los hospitales pero “con el tiempo empezaron a fallar” por la falta de mantenimiento. “Con los ascensores ocurrió lo mismo que con otros contratos del área de Salud que se firmaron con Argentina: se trajeron los equipos, pero muchos no se instalaron y, en el caso de los instalados, fallaban con el tiempo por no contar con mano de obra calificada para hacer los mantenimientos, ni menos con las piezas para hacer esas reparaciones”, explicó.

La provisión de los ascensores argentinos para el Estado venezolano terminó como un dolor de cabeza, coincidieron las fuentes consultadas en ese país. Sí prosperaron las ganancias de la empresa argentina. Servas expandió sus negocios sobre la base de sospechosas comisiones y operaciones en paraísos fiscales que todavía investiga la Justicia.

Esta investigación fue realizada por una alianza periodística liderada por Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con el apoyo del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Con la colaboración periodística de María Fernanda Sojo y Armando Altuve.