Elecciones 2023: cada candidato a presidente recibirá $258 millones del Estado para imprimir sus boletas

Cada una de las cinco fórmulas presidenciales que competirá en octubre recibirá casi $258 millones del Estado para la impresión de boletas en las elecciones del 22 de octubre, según informó hoy la Dirección Nacional Electoral (DINE) en el Boletín Oficial. Se trata de un aporte público que busca garantizar que la oferta electoral esté presente en el cuarto oscuro de los 17.000 establecimientos de votación en el país. Para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), cada candidato que competía por el sillón de Rivadavia había $104 millones para imprimir sus boletas. Los partidos chicos suelen depender de este subsidio para garantizar la impresión de un número de boletas que les alcance para cubrir las más de 100.000 mesas que habrá para emitir el voto en todo el territorio nacional. No así los grandes que suelen imprimir dos o tres padrones más para el reparto previo de Boletas entre la ciudadanía.

El mismo monto recibirán, además, para la impresión del tramo de la boleta correspondiente a la categoría de parlamentarios del Mercosur a nivel nacional, que va pegada a la presidencial. O sea que en total, cada frente oficializado para competir en los comicios generales por el premio mayor tendrá un subsidio de casi $517 millones para imprimir sus boletas.

Este es el monto que recibirán por igual Sergio Massa y Agustín Rossi de Unión por la Patria; Patricia Bullrich y Luis Petri, de Juntos por el Cambio; Javier Milei y Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza; Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, de Hacemos por Nuestro País; y Myriam Bregman y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad (FIT-U). A diferencia del aporte extraordinario de campaña, que tiene en cuenta los votos obtenidos en la anterior elección general para la misma categoría, los aportes son los mismos para los cinco frentes.

La cifra para cada agrupación oficializada a competir por el sillón de Rivadavia surge de los previsto en la ley de Financiamiento de Partido Políticos que establece un aporte estatal que le permita a cada fuerza o alianza política imprimir el equivalente a dos boletas y media por elector registrado en cada distrito, para cada categoría que corresponda. Tanto en el caso de los candidatos a presidente como a parlamentarios del Mercosur por distrito único, se toma el padrón nacional que incluye a 35.394.424 electores. El costo de impresión de referencia fijado por la DINE de cada boleta es $2,92, valor que debe multiplicarse por 2,5 boletas por la cantidad de electores.

En total, el desembolso que deberá hacer el Estado, a través de la DINE, asciende a $2.583 millones. Se suman al aporte extraordinario de campaña que hoy también dio a conocer la DINE y que asciende, para los cinco frentes que disputarán la presidencia, a $1.418 millones.

A este subsidio se agregará en los próximos días el aporte público que hará la DINE para la impresión de boletas de las restantes categorías nacionales: diputados, senadores en los ocho distritos que eligen representantes para la Cámara alta, y parlamentarios del Mercosur distritales (uno por cada provincia). Esos otros aportes se conocerán esta semana, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales.

En 2019 no se eligieron parlamentarios del Mercosur por decisión de Mauricio Macri que suspendió la votación de esa categoría. La elección de estos legisladores regionales fue eje de una polémica durante la campaña para las Primarias por el costo en dólares de sus viáticos. Argentina tiene una representación de 43 parlamentarios, de los cuales 19 se eligen en una lista nacional cuyos votos se suman como un distrito único, igual que la elección presidencial, y las bancas se distribuyen por sistema D’Hont.

Si bien las agrupaciones deben justificar luego el gasto en la impresión de boletas con las facturas correspondientes en sus informes de ingresos y gastos de campaña, muchas veces esa rendición termina siendo lábil. Es por eso que, en mayo, la Cámara Nacional Electoral dispuso extremar los controles sobre la rendición por parte de las agrupaciones políticas y sus distintas listas internas del gasto en impresión de boletas, solventadas con los fondos que les da el Estado para tal fin. El objetivo es evitar que parte de ese dinero se destine a otra finalidad.

En ese sentido, resolvió no solo pedirles que presenten las facturas respectivas —algo que ya venía haciendo la Justicia Electoral hasta ahora—, sino además poner a partir de estas elecciones la lupa también sobre las propias imprentas contratadas. Hasta ahora, el control efectuado por la Justicia Electoral de primera instancia y la Cámara recaía sobre la agrupación política o la lista interna de cada alianza electoral, y bastaba solo la factura de una imprenta en la rendición del gasto de las boletas pagadas con fondos públicos. Pero no siempre esas facturas eran genuinas o correspondían al gasto declarado.

En junio de 2022 el proyecto para implementar la boleta única papel en las elecciones nacionales - como la que ayer se usó en los comicios provinciales de Santa Fe - obtuvo media sanción en Diputados. La iniciativa fue impulsada por la oposición y rechazada por el bloque del Frente de Todos. Sin embargo, quedó desde entonces frenada en el Senado que preside Cristina Kirchner. Promovía el reemplazo del sistema actual de boleta partidaria, por una que muestra toda la oferta electoral de un distrito en una sola papeleta. El voto se hace marcando los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría.

Su aprobación implicaría un ahorro significativo en costos para el Estado y los partidos políticos, que también buscan imprimir juegos adicionales de boletas para repartir entre los ciudadanos antes de las elecciones, y asegurarse reposición en caso de robos de boletas.

Visualización: Andrés Snitcofsky