De Tucumán a Miami: la ruta del blanqueo de los empresarios argentinos que se hicieron millonarios con la venta de porotos a Venezuela

La empresa Paramérica SA, con base en Tucumán y especializada en legumbres, fue una de las que más creció de la mano de los negocios con Venezuela. Fundada en 1994, es la empresa insignia de Grupo Ruiz, holding tucumano con foco en la producción y exportación de porotos, limones, azúcar, entre otras unidades de negocios. Sus dueños, los hermanos Carlos, Diego y Marcelo Ruiz Juárez, aprovecharon las facilidades del fideicomiso bilateral firmado por Hugo Chávez y Néstor Kirchner en 2004, para exportar miles de toneladas de porotos negros y garbanzos a Venezuela, a cambio de petróleo. Las ventas llegaron a un punto máximo diez años después, cuando se volvieron alimentos indispensables en uno de los peores momentos de la crisis alimentaria venezolana.

La sintonía ideológica entre ambos países facilitó el negocio que quedó bajo la lupa de las autoridades por presunta corrupción. Tres organismos de control argentinos coincidieron en que la empresa exportó a empresas estatales venezolanas con sobreprecios, lo que hizo disparar sus ganancias en un 2.000% ese año. Embolsó, en promedio, unos USD 65 millones por año hasta 2016, cuando se cerró el fideicomiso tras la salida de Cristina Kirchner del gobierno. Una investigación liderada por Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), de la que participó Infobae, revela ahora distintas maniobras de los empresarios argentinos para el movimiento de supuestos fondos opacos, que terminaron con el blanqueo de los Ruiz Juárez ante la AFIP por USD 23 millones.

Cuatro reportes secretos de la Unidad de Información Financiera (UIF), que forman parte de la filtración “Un Fondo sin fondo” y a los que accedió Infobae, advirtieron sobre operaciones sospechosas vinculadas a Paramérica . Más allá de la exportación de alimentos, la empresa tucumana cobró otros USD 23,5 millones entre 2012 y 2014 por la prestación de supuestos servicios de consultoría y capacitación para Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Casi en simultáneo, otras compañías vinculadas a estos empresarios argentinos enviaron transferencias bancarias hacia sociedades offshore registradas en paraísos fiscales, cuyos beneficiarios finales se desconocen. La UIF identificó estos movimientos de dinero como un posible encubrimiento de pago de coimas.

Los hermanos Ruiz Juárez y su socio venezolano, Roberto Pocaterra, compraron al menos siete departamentos, dos yates y tres autos de lujo en Miami. También realizaron millonarias inversiones en Estados Unidos, Panamá y Uruguay. La vida de lujo que habían encontrado los empresarios tucumanos con estas exportaciones tenía una contracara dramática: la crisis alimentaria hacía estragos en Venezuela allá por 2014. Las imágenes de la gente agolpada frente a los supermercados, que racionaban la poca comida que había en el país, recorrían toda la región. A pesar de este contexto, empresarios de ambos países y funcionarios venezolanos se movieron sin pudor para hacer negocios con la venta de alimentos.

Hubo alertas de varios organismos de control de Argentina. Primero la AFIP y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) advirtieron que había sobreprecios en las ventas realizadas por Paramérica a empresas públicas venezolanas. También la UIF informó sobre posibles maniobras de lavado de dinero de la familia Ruiz Juárez, que luego se reforzaron cuando los hermanos se acogieron al sinceramiento fiscal en 2016 con fondos no declarados en el exterior. El juez federal Julián Ercolini reunió esas pruebas en una causa que investiga las maniobras realizadas por los dueños de Paramérica, desde los sobreprecios en las exportaciones a Venezuela hasta los millonarios movimientos de dinero en sus cuentas, indicaron fuentes judiciales.

Paramérica exportó a Venezuela miles de toneladas de frijoles, alubias y garbanzos, que llegaron a representar en 2014 el 75% de las ventas al exterior de la compañía. La SIGEN señaló que el país caribeño era su principal cliente pero, contra la lógica del mercado, los valores para ese país eran más caros. Un ejemplo: la empresa exportó 27.000 toneladas de poroto negro a Venezuela en 2014 pero, ese mismo año, la compañía le vendió a Brasil el mismo producto a un precio 35% menor, pese a que la cantidad fue menos de la mitad.

La mitad de las exportaciones a ese país registraron un precio del 70% por encima de los habituales, indicó la SIGEN. Estas diferencias motivaron que la AFIP abriera su “canal rojo” de la Aduana para observar estas transacciones, según surge de los documentos que revisó Infobae. La justicia actuó de oficio sobre esa auditoría de SIGEN, pero el caso tuvo una resolución exprés. Los hermanos Ruiz Juárez declararon que exportar a Venezuela era más riesgoso que otros mercados y así justificaron la diferencia de precio. A pedido del fiscal federal Germán Bincaz, la jueza María Verónica Straccia aceptó esa explicación y archivó el expediente. Pero las normas para las compañías que operaban bajo el fideicomiso bilateral estipulaban que éstas recibían el 60% de sus ventas por adelantado, incluso antes de que sus productos salieran de los puertos argentinos. El riesgo estaba cubierto.

Los reportes de la UIF, que ahora se hacen públicos con esta investigación, abrieron un segundo capítulo judicial por lo ocurrido específicamente en 2016, cuando Paramérica concentró la mayor cantidad de cobros dentro del fideicomiso bilateral. El juez Ercolini realizó distintas medidas de prueba en los últimos meses para comprobar la información de inteligencia financiera y, así, sumarla como evidencia a la causa, según reconstruyó este medio de fuentes judiciales.

Esta alianza periodística intercambió mensajes con Marcelo Ruiz Juárez, pero el socio de Paramérica respondió las preguntas con tres comunicados ya armados que sostenían que la compañía no había incurrido en irregularidades en sus operaciones con el fideicomiso bilateral y agregaban que la investigación judicial por sobreprecios ya había sido archivada, omitiendo la existencia del nuevo expediente antes mencionado.

Las nuevas pruebas aportadas por la UIF indican que Paramérica firmó tres contratos con PDVSA Agrícola, una filial de la petrolera estatal, por un total de USD 23,5 millones. Las autoridades se detuvieron en estos acuerdos, firmados entre 2012 y 2014, porque no fueron ventas de alimentos ni de maquinarias agrícolas, sino que la petrolera venezolana contrató a los argentinos para que supuestamente capacitaran a los venezolanos para usar sus aparatos. Por ejemplo, se firmó un acuerdo en marzo de 2014 para la “asistencia tecnológica para la producción agrícola y servicios de mecanización en el cultivo de caña de azúcar”, que implicaba un “intercambio tecnológico y capacitación de ingenieros y operarios venezolano durante 12 meses” por un total de USD 9,5 millones.

La UIF remarcó que “resulta de dificultosa comprobación la efectiva prestación” de esos servicios de consultoría, así como advirtió que era la primera vez que Paramérica brindaba este tipo de servicio. Las consultorías representaron un 35% del total de exportaciones facturadas por la compañía a empresas estatales venezolanas, indicó el organismo en unos de sus reportes confidenciales.

Los ingresos de Paramérica nunca dejaron de crecer en los años de estrechas relaciones entre el actual mandatario venezolano Nicolás Maduro y la ex presdienta Cristina Kirchner. Facturó un promedio anual de casi USD 5 millones entre 2010 y mediados de 2014, aunque ese número se multiplicó en los últimos dos años del fideicomiso, según los movimientos en el sistema bancario. La UIF indicó que la compañía recibió USD 130 millones entre octubre de 2014 y agosto de 2016 bajo el concepto de “cobro técnico de exportaciones a través del mecanismo financiero con Venezuela”. Ante las crecientes sospechas por corrupción, Mauricio Macri dispuso que se cancelara el fideicomiso bilateral entre ambos países.

Mientras las ganancias de Paramérica se acumulaban, la AFIP indicó que sociedades extranjeras vinculadas a los hermanos Ruiz Juárez hicieron desembolsos a empresas relacionadas a los negocios venezolanos sospechosos de encubrir sobornos. El organismo fiscal argentino impugnó pagos por USD 2,2 millones en concepto de “comisiones” entre 2013 y 2015, según consta en uno de los informes de la UIF. Los detalles de las transacciones remiten, por ejemplo, a “comisiones por prestación de servicio de asesoramiento para la proyección de proyecto global de producción de caraotas y otros granos en la República de Venezuela”.

Los fondos salieron de distintas cuentas bancarias que la UIF vinculó a los hermanos Ruiz Juárez. Servicios Agrícolas de Venezuela CA Corp, registrada en Panamá, emitió transferencias por 4.610 millones de pesos; Suministros Agrarios Orinoco CA, radicada en Venezuela, pagó 8.714 millones de pesos; Agro DB Inc Geo AC facturó otros $4.258 millones. La UIF no contó con información sobre los destinatarios de esos pagos que salieron desde estas sociedades.

Desde la compañía aclararon a Infobae en 2021 que “nunca pagaron comisiones” y que solían hacer desembolsos desde esas firmas antes mencionadas por la prestación de servicios de profesionales como ingenieros y de compañías que se dedicaban a tareas topográficas durante su operatoria en Venezuela. “Hoy te diría que no le volveríamos a vender a Venezuela porque todo lo que se ha generado después, nos perjudicó mucho. La exposición que hemos tenido ha sido tan negativa como injusta”, aseguraron.

El negocio de Paramérica con Venezuela se terminó cuando Mauricio Macri cerró el fideicomiso, pero el ex presidente tomó otra decisión que favoreció a los empresarios. Promovió en 2016 un sinceramiento fiscal para aquellos argentinos que tuvieran activos sin declarar fuera del país. Así, los hermanos Carlos, Diego y Alejandro Ruiz Juárez se acogieron al blanqueo, y a cambio de una multa baja, volvieron legítimos los bienes que habían sido adquiridos durante su luna de miel con el chavismo.

La fortuna que sinceraron los hermanos Ruiz Juárez ascendía a los USD 23 millones entre propiedades, inversiones financieras, cuentas bancarias, coches de lujos y yates, según detalló la UIF en el reporte secreto escrito en 2018. La mayoría de los bienes estaba a nombre de Diego Ruiz Juárez. Esta investigación periodística reconstruyó el detalle de esos bienes, que se ramifican por un puñado de países, a través de documentos públicos y de filtraciones periodísticas.

La sucursal de Paramérica en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, exteriorizó activos por USD 10 millones ante la AFIP, según los reportes. Otra firma que recibió la mayor parte de su capital es la panameña Grupoagro Trading Corp, que blanqueó USD 9,2 millones. Diego Ruiz Juárez compartía la sociedad con los venezolanos Tulio Hinestrosa y Roberto Pocaterra, empresarios ya conocidos para el chavismo porque hicieron negocios con la exportación de alimentos a través de la utilización de sociedades offshore que solían inflar precios para venderle al Estado venezolano, tal como reveló Armando.info en los Panama Papers. Esta empresa, que ya no está activa, fue propietaria de dos apartamentos en Panamá, según documentos oficiales.

Los Ruiz Juárez habrían manejado, además, USD 7 millones en Panamá, a través de distintas sociedades. Las autoridades advirtieron a ese país y a Estados Unidos sobre los movimientos financieros de este grupo. La UIF indicó que esos activos se podrían haber adquirido con fondos sospechados de corrupción en Venezuela y que, dichos contratos, habían sido firmados por Rodolfo Marco Torres, entonces ministro de Alimentación de ese país, un funcionario que había sido incorporado a la lista OFAC del Departamento del Tesoro “justamente por encontrarse vinculado a esquemas de corrupción en la importación de alimentos”. Torres continúa en funciones, ahora como ministro de Atención a las Aguas, pese al intento de la oposición de acusarlo en la Asamblea Nacional por la crisis alimentaria en 2016.

Las sociedades vinculadas a Diego Ruiz Juárez se expanden por otros países, como Panamá o Belice, y también por otros distritos de Estados Unidos, como Delaware, pero suelen terminar en las playas de Miami. Como puede verse con el apartamento de lujo de 250 m2 que compró en Sunny Isles, y valuado en USD 1,7 millones en los portales inmobiliarios. El piso está a nombre de Pidol Investments LLC, una de las sociedades del empresario, tal como consta en el registro del estado de Florida. Es apenas uno de los inmuebles que adquirió en estos últimos años.

Diego Ruiz Juárez compró coches de lujo para moverse por Miami: un Porsche Panamera 2015, otro Porsche Cayenne 2017 y una Chevrolet Suburban que todavía pertenecen al empresario, según información a la que accedió esta alianza periodística. La UIF, además, agregó que el empresario era dueño de embarcaciones, aunque no detallaron su valor ni sus características.

La expansión económica de los dueños de Paramérica llegó a Uruguay: la familia sinceró la sociedad Zampra International LTD, registrada en Belice, que sería propietaria de cuentas bancarias, inversiones financieras y una propiedad en el departamento de Maldonado por un total de USD 7 millones, según el relevamiento de la UIF. También se incluyó en el blanqueo la offshore Starglow Capital LTD, creada en las Islas Vírgenes Británicas, que tendría bienes similares en Uruguay por más de USD 2 millones, de acuerdo al informe de la UIF.

Pero más allá del patrimonio blanqueado en el exterior, los negocios del Grupo Ruiz se expandieron también en el norte del país. A su clásico negocio de la venta de automóviles Renault a través de concesionarias en Tucumán, la compañía le sumó otras sociedades de diferentes rubros, especialmente el agropecuario. Después de las millonarias ganancias que le reportaron sus negocios con empresas públicas venezolanas, la compañía argentina tuvo una expansión extraordinaria. Hoy cuenta con 20.000 hectáreas de campo, casi todas en la provincia de Salta. Estas nuevas adquisiciones también están bajo la lupa de la justicia, según fuentes de los Tribunales consultadas.

La compañía se expandió primero, desde 2016, al negocio de la producción y exportación de limones, que llevan las marcas de NoniLemon, Yatasto y Yánima, según explicó Marcelo Ruiz Juárez en una entrevista. Dos años más tarde, el Grupo Ruiz compró el ingenio San Isidro y se quedó con la explotación agrícola ganadera Anta del Plata. Con estas adquisiciones, la compañía se expandió también a la industria azucarera y hasta construyó su propia estación para que el ferrocarril Belgrano Cargas, pudiera trasladar sus productos hasta los puertos.

Por fuera del campo, las ganancias venezolanas también sustentaron el negocio de la construcción: Paramérica registró la marca Yerbabuena Residence, un lujoso condominio cerrado que se construyó en los últimos años en Tucumán. Paramérica se presenta ahora públicamente como un caso exitoso: empresarios argentinos que supieron aprovechar las oportunidades del mercado para expandirse. Pero el dinero venezolano, sospechado por corrupción, fue clave para el salto de esta compañía.

Esta investigación fue realizada por una alianza periodística liderada por Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Infobae y el sitio venezolano Tal Cual. Colaboración periodística de María Fernanda Sojo y Jesús Urbina.