Hugo Chávez atendió el teléfono mientras conducía “Aló Presidente”, el programa de TV para su tribuna. Del otro lado, un funcionario militar le contaba que, tal como le había ordenado, estaba expropiando el frigorífico Fricapeca ubicado en el estado de Zulia, Venezuela. La medida era clave -según el mandatario- para garantizar la seguridad alimentaria allá por febrero de 2007. Chávez miró fijo a la cámara y lanzó: “Miren, el acuerdo con Argentina es muy importante, vamos a montar laboratorios genéticos en este frigorífico. Esto se abandonó aquí mucho tiempo, los productores no tuvieron apoyo de ningún gobierno. Nosotros ahora queremos ayudarlos a todos”.
Tres años antes de este anuncio, Chávez había creado un fideicomiso bilateral con Argentina para vender combustibles de PDVSA a precios convenientes a cambio de alimentos y maquinarias enviados desde Buenos Aires, un negocio que llegó a mover USD 2.500 millones. La remodelación del frigorífico costó USD 7,8 millones que salieron de ese fondo binacional. La empresa estatal venezolana CVA Leander Carnes y Pescados SA contrató a Baldric SA, una firma argentina sin experiencia, que había sido creada apenas meses antes mediante testaferros, cuando en realidad el dueño era el empresario venezolano José Domingo Correia Leca.
Baldric SA fue contratada por el Estado chavista para suministrar y montar equipos frigoríficos, pero el proyecto demoró años para ponerse en funcionamiento y, un lustro después de ese contrato, en 2013, apenas funcionaba a menos del 20% de su capacidad. Una investigación periodística liderada por Transparencia Venezuela, y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), de la que participó Infobae, logró demostrar que parte del dinero nunca se invirtió en el frigorífico y, en cambio, fue directamente a las cuentas personales de Correia Leca.
Este empresario venezolano montó un entramado de sociedades en paraísos fiscales para mover los fondos y, años después, compró un centro comercial en Orlando, Estados Unidos, según pudo reconstruir esta investigación tras analizar informes secretos de la Unidad de Información Financiera (UIF), registros oficiales, documentos públicos y filtraciones periodísticas. A pesar de que la UIF, la AFIP, un banco y una financiera advirtieron sobre las maniobras sospechosas, la Justicia argentina archivó la investigación ante la falta de respuesta desde Venezuela.
De la Villa Zabaleta a Caracas
Cuando los inspectores de la AFIP tocaron la puerta de la casa de Walter Domingo Serrano, ubicada en la calle Agustin Magaldi al 2100 en los alrededores de la Villa Zabaleta, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, confirmaron sus sospechas. Este hombre que aparecía como presidente de Baldric SA era apenas un prestanombre. “Nunca escuché a Baldric, no tuve ningún tipo de relación con esta empresa”, le dijo a los agentes. Serrano declaró ser empleado en distintas firmas de limpieza y beneficiario de planes sociales, según la información oficial. Tampoco había escuchado hablar de Correia Leca, el empresario venezolano detrás de la maniobra. Serrano había sido designado presidente de Baldric en la asamblea de agosto de 2006, cuando sólo tenía 25 años. Según el sitio de información comercial Nosis, el mismo Correia Leca declaró como domicilio fiscal en la Argentina ese misma dirección de Serrano, en el asentamiento lindero con el Riachuelo.
La AFIP había hecho su primer Reporte de Operación Sospechosa (ROS) sobre Baldric en 2010, después de haber acumulado varios indicios sobre esta sociedad. Primero, los inspectores acudieron a su domicilio legal, en Ingeniero Enrique Butty 240, unas oficinas de alquiler temporario en el cuarto piso de una de las torres de Retiro, pero nadie conocía a la firma ni a sus accionistas. Las autoridades también constataron que, aún después de haber firmado un contrato millonario a través del fideicomiso bilateral con Venezuela, Baldric no tenía ni un empleado. Es más: verificaron que, antes de firmar el contrato, Correia Leca no había realizado exportación alguna.
Antes de llegar hasta la casa humilde de Serrano, los agentes habían hablado con Oscar Antico, el primer presidente de la sociedad, que confesó que tanto él como su madre (que figuraba como la vicepresidente de Baldric) habían prestado su identidad, como ya lo habían hecho con otras 40 sociedades argentinas. Cuando las autoridades argentinas y venezolanas gestionaron la operación comercial para hacer el giro desde el fideicomiso bilateral, en 2008, nunca verificaron la autenticidad de la empresa, sus actividades previas ni la trayectoria de sus directivos.
Los movimientos de fondos de Baldric también llamaron la atención de la UIF. Como anticipo del contrato, el banco estatal Bandes de Venezuela hizo dos giros por un total de USD 3,9 millones en diciembre de 2008 y febrero de 2009, según consta en el ROS elaborado por las autoridades argentinas. El empresario Correia Leca se movió rápido. Incluso antes de haber recibido la segunda transferencia, retiró USD 2 millones en efectivo, más de la mitad del dinero, de un banco en Buenos Aires. “No podemos determinar qué destino se les dio a esos fondos”, escribieron los investigadores.
Correia Leca había dejado cabos sueltos en el camino. La casa de cambio Alhec Tours había alertado a las autoridades en enero de 2009, después de una sospechosa visita del venezolano a sus oficinas en la Ciudad de Buenos Aires. Esta financiera estuvo involucrada en varios escándalos de corrupción ya que fue la favorita del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, para sacar dinero al exterior y también fue mencionada como la elegida por Julio Grondona en el expediente por el FIFA Gate.
El empresario venezolano se presentó en persona para abrir cuentas a nombre de Baldric “pretendiendo realizar dos transferencias a entidades financieras de Miami por un total de USD 2 millones”, indicaron desde Alhec, tal como consta en un ROS elaborado por la financiera. “Al ser consultado sobre el origen de los fondos, Correia Leca informó que correspondían a un contrato firmado entre Baldric y CVA Leander Carnes y Pescados SA”, agregaron. A raíz de esta información, los oficiales de la UIF entendieron este intento de mover los fondos a Estados Unidos como parte de una operación “no razonable” para el cumplimiento del contrato con Venezuela y que resultaba “carente de justificación económica”.
El Banco Macro, que emitió dos ROS, también advirtió sobre movimientos en las cuentas de Baldric. Sus saldos estaban en cero hasta firmar el contrato con la empresa pública venezolana. “De la visualización de los movimientos realizados por la empresa durante el semestre (diciembre de 2008 a junio de 2009) surge que, de los fondos recibidos hasta el momento, sólo ha aplicado al contrato alrededor del 25%, destinando el resto a atesoramiento en efectivo o como saldo en cuentas a la vista”, indicaron desde el banco argentino.
La UIF recopiló todos estos reportes en un informe que envió en 2017 a los tribunales de Comodoro Py, pero el expediente fue archivado en 2022, tras cinco años de investigación. La fiscalía consideró que era “imposible proceder” con la investigación ante la falta de respuesta de los exhortos enviados a las autoridades venezolanas, que requerían documentación sobre los involucrados en el expediente. Los datos de inteligencia financiera aportados por la UIF suelen ser clave para los investigadores, pero no puede sumarse como evidencia a un proceso judicial, que necesita valerse de la documentación oficial que, en este caso, está en Caracas.
Este equipo periodístico intentó contactarse con Correia Leca a través de las direcciones y los teléfonos de sus empresas en Venezuela, pero no fue posible ubicar al empresario. Tampoco respondió las consultas enviadas por correos electrónicos ni los mensajes por redes sociales.
¿Qué pasó con el frigorífico venezolano?
El Frigorífico Industrial de Carnes Perijá, conocido como Fricapeca, sí recibió las máquinas enviadas por “los argentinos”, según dijeron empleados a los periodistas venezolanos que participaron de esta investigación. Sin embargo, los consultados coincidieron en que la fábrica no estuvo en funcionamiento en el lustro posterior a la firma del contrato con Baldric, una situación que incluso reconocieron desde el gobierno de Venezuela.
El 26 de abril de 2013, el entonces ministro de Agricultura y Tierras venezolano, Yvan Gil, admitió durante una visita a las instalaciones en Machiques de Perijá que habían tenido varios retrasos. “El gobierno bolivariano se está comprometiendo a acelerar todos los trámites para la reactivación. Tenemos como meta que en cinco meses, el matadero comience a funcionar con un 25% de capacidad instalada”, dijo el ministro. Y agregó que esa reactivación sólo sería posible con la cooperación de Argentina, según consta en la gacetilla de prensa.
Las quejas por la paralización del frigorífico continuaron. Cumplido el plazo anunciado por el ministro y con la empresa paralizada, los trabajadores de Fricapeca y los vecinos del municipio de Machiques aseguraron que el retraso en los trabajos ponía en riesgo sus vidas. Alertaron que ante la inoperatividad del matadero, algunos productores de la zona empezaron a matar el ganado de manera clandestina, sin controles sanitarios.
En abril de 2014, el diputado Juan Bernardo Romero denunció presuntas irregularidades en el contrato con Baldric y pidió a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional iniciar una investigación. A su juicio, el contrato “violaba las normativas vigentes”. Entre los documentos que entregó a la Comisión, había fotos de la fachada del domicilio legal de la empresa en Argentina, que no se correspondía con una fabricante de maquinaria. La investigación en la Comisión de Contraloría, que entonces era dominada por el oficialismo, no avanzó.
Casi una década después, en mayo de 2023, Fricapeca aún no estaba funcionando a toda su capacidad, según constató esta alianza periodística cuando visitó el frigorífico. El frigorífico seguía en manos del Estado, pero fue concesionado a una empresa privada hace poco más de un año. Amira Álvarez, gerenta general de la planta recordó que, cuando su empresa recibió la administración, las instalaciones estaban en condiciones bastante precarias, con muchas áreas paradas.
La ruta del dinero
Tras retirar el dinero en Argentina, Correia Leca montó dos años más tarde una estructura legal mediante cuatro sociedades offshore registradas desde Hong Kong, pasando por la isla portuguesa de Funchal, conocida por sus ventajas fiscales, hasta llegar a Panamá. Pero detrás de toda esa trama aparecen como beneficiarios finales Correia Leca y su familiar, Joao de Leca Correia, según los documentos de Pandora Papers , una filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El empresario venezolano registró Full Sino Industrial Ltd en Hong Kong, que es manejada por Amalixos SGPS Unipessoal SA (Portugal) y que, a su vez, era controlada por el fideicomiso Slippery Overseas desde Panamá.
Correia Leca informó a las autoridades de Hong Kong que Full Sino Industrial había sido constituida para comprar bienes en China y venderlos en América Latina, una operatoria que luego repitieron muchos de los empresarios argentinos que participaron del fideicomiso bilateral con Venezuela. Era todo ganancia: una vez que obtenían los contratos, compraban los productos baratos en China para, inmediatamente después, venderlos con sobreprecios a las empresas venezolanas. El fideicomiso les aseguraba que, sin riesgo alguno, recibían un adelanto del 60% del contrato incluso antes de que la mercadería saliera rumbo a Caracas.
“Full Sino Industrial comprará maquinaria pesada (para el sector de la industria alimentaria y el sector del transporte) y la venderá en Sudamérica. No es posible determinar las cantidades exactas, ya que se trata de una actividad en curso”, explicó Correia Leca. El estudio de abogados de servicios offshore Asiaciti le preguntó en el formulario de debida diligencia por el origen del dinero que manejaría esta sociedad: “Los fondos transferidos a la empresa proceden de las actividades empresariales y comerciales de los beneficiarios finales concretamente en Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, en el sector de las materias primas y los productos alimenticios”, respondió Correia Leca antes de requerir la apertura de una cuenta bancaria.
La red de sociedades de Correia Leca también se extendió a Estados Unidos, el destino donde había querido invertir esos USD 2 millones desde Buenos Aires. El empresario venezolano compró en 2015 un pequeño centro comercial en Orlando, Florida, valorado en US$ 3,3 millones a nombre de la sociedad Bom Investments LLC, según consta en los registros públicos. Es una propiedad comercial donde funcionan cinco locales, desde una pinturería hasta una tienda de teléfonos celulares.
Correia Leca, el dueño de ese emprendimiento, sigue activo y sin consecuencias por las operatorias de Baldric. Mantiene tres sociedades vigentes en Estados Unidos, otras tantas en Portugal y Venezuela, según los registros revisados para esta investigación. Los vecinos de Machiques todavía esperan que la reactivación del frigorífico les dé trabajo y los saque de la pobreza. Correia Leca y los funcionarios que avalaron su contrato nunca han tenido que dar explicaciones ante la Justicia argentina ni venezolana.
Esta investigación fue realizada por una alianza periodística liderada por Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Infobae y el sitio venezolano Tal Cual. Colaboración periodística de María Fernanda Sojo y Jesús Urbina.