El testimonio fue clave. La autoridad que lo manifestó es irreprochable. Los dichos demuestran lo que ya se había corroborado en un allanamiento, tras la denuncia de los vecinos. En el basural a cielo abierto de la localidad bonaerense de Luján, el más grande del país, se vuelcan residuos patológicos, tóxicos, que contaminan y enferman a las personas.
Esas acciones, realizadas a diario y a la vista de las autoridades, violan la Ley 24.051 de Delitos Ambientales y la Municipalidad local permite el descontrol. La enumeración de hechos fue refrendada ante el juzgado federal de Mercedes, a cargo de Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, por Alberto Raúl Candia, licenciado en Química y Comisario Inspector de la Policía Federal a cargo del Departamento de Delitos Ambientales.
La exposición testimonial del especialista ante el magistrado a cargo de la causa penal 15.107/2023 que tiene como querellante a la vecina, empresaria y emprendedora Viviana Novelle, y a Martín Magram como abogado patrocinante, se realizó el pasado 7 de septiembre a las 10 de la mañana.
Los dichos del especialista de la Policía Federal, quien estuvo a cargo del allanamiento ordenado por la Justicia el 16 de junio pasado, fue un jalón más que se encaminaría a demostrar que las autoridades municipales, provinciales y de la Nación, habrían permitido que en ese predio, de unas 12 hectáreas, se violente la legislación de Delitos Ambientales, que define como residuo peligroso “a todo aquel que pueda causar un daño, directa o indirectamente, a los seres vivos, o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
El testimonio del comisario Candia
En la segunda foja de la declaración testimonial del comisario inspector Candia consta que el magistrado le preguntó por qué en el informe presentado en la causa penal se asegura que en el Basural a Cielo Abierto (BCA) de Luján se vuelcan sistemáticamente y de manera ilegal residuos peligrosos. El profesional respondió: “Porque no hay control de ningún tipo de nada, como ser el ingreso de camiones, etc”.
El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto quiso saber también “si en el ingreso al Basural a Cielo Abierto de Luján hay algún control Municipal”. El comisario inspector dijo que “no ha visto controles técnicos algunos, ni de ninguna otra especie en el basural”.
La comuna de Luján está a cargo del intendente de La Cámpora Leonardo Boto quien sigue arrojando residuos urbanos y peligrosos en el lugar por más que ya se venció la prórroga ordenada por el mismo magistrado en otra causa.
Uno de los factores que impacta de manera negativa en la zona y contamina el aire es la quema descontrolada de la basura. Por esa razón el magistrado le preguntó al comisario inspector Candia si “el cese de la quema de residuos impacta satisfactoriamente en el medio ambiente en el corto plazo” . Respondió: “Sin duda, que no se debería quemar nada”. Y aportó que “vio que había muchos focos espontáneos de incendio”.
Gasas con sangre y hasta un feto
El jefe de Delitos Ambientales de la PFA ratificó que en el allanamiento que encabezó en junio se encontraron “varias bolsas conteniendo restos patológicos, gasas y algodones con sangre, vías de suero, guantes, apósito, jeringas y pañales de adultos”, entre otros residuos que se generan en centros de salud y laboratorios. Estos por ley deben ser esterilizados (por ejemplo, con vapor) y desechados con recaudos especiales para evitar el contagio de enfermedades.
Lo que se encontró demuestra, no solo que el vertedero es un foco infeccioso y de contaminación -como denunció la querella- sino el riesgo que corren las familias que viven del basural. Personas que sin ninguna protección y en absoluta vulnerabilidad separan metales, cartones, vidrios y otros elementos para ser vendidos a los “galponeros”.
El informe sobre el allanamiento presentado en el expediente, y ahora ratificado por el comisario inspector Candia, detalla que se encontraron: “Objetos cortantes o punzantes, materiales descartables. Residuos orgánicos originados en quirófanos. Residuos provenientes de cultivos de laboratorio. Restos de animales producto de la investigación médica. Agentes quimioterápicos”.
Los inspectores también hallaron “bidones plásticos de cinco litros de diversas tintas; filtros de aceites de vehículos; envases de pintura de 30 litros”, en cantidades industriales.
También explicaron que en el vertedero había restos de mochilas de fumigación y envases de productos fitosanitarios. Y revelaron que las principales características de peligrosidad de estos residuos es que son “tóxicos agudos: sustancias o desechos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel”.
En la causa penal ya declaró Sergio Horacio Fernández, Subsecretario de Servicios Público de la Municipalidad de Luján desde el 2016 al 10 de diciembre de 2019. Su testimonio fue revelador y alarmante. Afirmó que en el basural ya se han encontrado “todo tipo de residuos, desde fetos humanos, una beba muerta con dos días de vida —según la autopsia—, animales muertos, residuos industriales de todo tipo, aceites combustibles, filtros de automotores”.
“No deben volcarse más residuos”
El juez federal de Mercedes también quiso saber si los residuos arrojados en el basural de Luján “son tratados mediante los procedimientos previstos por la reglamentación vigente”. Sobre ese punto, el comisario inspector Candia fue tajante, dijo: “No, de ninguna manera”.
-¿A su entender cuáles serían los procesos de remediación más prontas a aplicarse en el BCA de Luján?, le preguntó el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto.
-Como sugerencia indicaría que no se vuelquen más residuos en ese lugar. Que se eviten los incendios, con el fin de que los componentes peligrosos de la basura no se desperdiguen en el ambiente y que es un proceso difícil dado que es un proceso continuo de muchos años que produjo una acumulación desordenada de residuos de todo tipo por lo que una apreciación exacta en este momento es aventurada, pero que seguro lo que hay que dejar que hacer, como primera medida, es dejar de tirar residuos. Y que habría que hacer un estudio de aguas subterráneas y superficiales con el fin de saber si el basural y todos sus componentes afecta de una manera negativa al ambiente, respondió el perito de la PFA.
-¿Durante el allanamiento y las tareas de investigación llevadas a cabo en el BCA de Luján se ha observado la presencia de personas mayores y menores realizando recolección de materiales?, quiso saber el magistrado.
-Sí, se ha visto personas recolectando los residuos, pero no recuerdo exactamente si había menores. Las personas que he visto no tenían elementos de protección personales para estar allí.
Por último, el juez le preguntó al especialista “cuál sería el tratamiento a adoptarse para que la descomposición misma de los residuos, que produce numerosas emisiones, tales como gases de efecto invernadero, vapores ácidos, de compuestos azufrados, no provoque contaminación al medio ambiente”. El titular de Delitos Ambientales de la PFA recalcó: “Como dijo anteriormente se debe evitar la quema tanto accidental como intencional, dejándose de tirar residuos”.
El comisario inspector Candia también reforzó las denuncias de los vecinos de Luján: “Los lixiviados pueden contaminar las napas subterráneas cercanas al predio por la propia acumulación de todos estos elementos”. Y recodó que: “Había un arroyo cerca (del basural) del cual tomaron muestras”, y precisó que aún “se esperan los resultados para saber si está contaminada”.
Mientras avanza la causa penal por la contaminación del basural, el gobierno municipal pidió una nueva prórroga para mantener la disposición de residuos en el actual basural. Una medida cautelar, emitida el 21 de abril de 2023 por el mismo magistrado, requería el desecho de residuos sólidos urbanos y peligrosos en un sitio alternativo, ambiental y legalmente apto para su recepción y tratamiento. Sin embargo, el intendente argumenta cuestiones sociales y económicas que lo vuelven imposible de aplicar. Un hecho que los denunciantes en esa segunda causa refutarán para que el juez federal no autorice una nueva prórroga por 90 días.