Victoria Villarruel planea auditar las indemnizaciones del Estado a víctimas de la dictadura si Javier Milei llega a la Casa Rosada

De ganar las elecciones, la compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel, tiene entre sus planes impulsar una auditoría sobre las indemnizaciones que paga el Estado a las víctimas de la última dictadura militar. El modo en que se aplicará la medida no está definido, pero se impulsaría desde el Ministerio de Justicia, una de las tres carteras -junto a Defensa y Seguridad- que mantendrían rango ministerial, con las cuales la abogada y titular de una ONG que reivindica a las víctimas de las organizaciones guerrilleras durante los ‘70, tiene previsto colaborar activamente si La Libertad Avanza (LLA) se impone en los próximos comicios y se transforma en vicepresidenta.

“Victoria no quiere ni va a ser ser una figura decorativa, como el resto de los vices. Va a tener un rol importante en Justicia, Defensa y Seguridad”, enfatizaron en el entorno de la diputada nacional, miembro destacado de la fuerza de Milei, que ganó las elecciones primarias y figura como favorita en las encuestas hacia las Generales. Según revelaron, uno de sus planes, en un eventual gobierno de la fuerza de derecha, es revisar en detalle las indemnizaciones y pensiones que ya fueron entregadas a víctimas del terrorismo de Estado, así como aquellos casos que se encuentran bajo análisis.

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Las compensaciones económicas y pensiones están previstas por seis leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013, que se aplican sobre los desaparecidos de manera forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado; ex detenidos; nacidos o detenidos durante la privación de la libertad de sus madres, siempre que las detenciones fueran por razones políticas a disposición del Poder Ejecutivo o los tribunales militares. El organismo encargado de su ejecución es la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, que coordina con el Poder Judicial para obtener las pruebas necesarias para la acreditación de cada pedido de reparación, y que depende del Ministerio de Justicia, uno de los tres ámbitos sobre los cuales, según adelantó adelantó Milei, tendría fuerte injerencia Villarruel.

La examinación de los resarcimientos económicos es una propuesta que la abogada viene difundiendo y elaborando desde hace años, y que podría transformar en realidad si llegara al poder. En 2021, antes de obtener por primera vez una banca legislativa, explicó sus argumentos en una entrevista televisiva. “El curro de los derechos humanos sigue vigente. Consiste en una cantidad impresionante de indemnizaciones a personas detenidas, desaparecidas, que se exiliaron y a niños apropiados. Hubo víctimas de estas supuestas desapariciones que fueron indemnizadas, porque hay una ley que así lo dispone. Pero también hay personas que fueron asesinadas por los mismos montoneros, o que integraban Montoneros, sobre las cuales, para la historia oficial, el Estado es el responsable, y por lo tanto, el pueblo”, sostuvo en diálogo con la señal LN+.

En aquella argumentación, Villarruel mencionó casos de guerrilleros que fueron resarcidos tras ser asesinados por agentes de la propia organización en los llamados “juicios revolucionarios”; y aludió a aquellos miembros que se quitaron la vida. “Muchos se suicidaron usando una pastilla de cianuro, y los argentinos les pagamos una indemnizacion por una orden mesiánica que dieron (Mario) Firmenich, (Roberto) Perdía, (Fernando) Vaca Narvaja. Ninguno de nosotros es responsable de la muerte de estos jóvenes. Dentro de las indemnizaciones, cobraron personas que murieron poniendo bombas”, dijo.

De actitud impertérrita ante las críticas (“El que se enoja pierde”, es su lema), Villarruel conoció a Milei vía Twitter, en 2018. Trabaja desde los inicios de su carrera en temas de “memoria completa”, como se denominan en el ámbito académico, desde el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV), la organización no gubernamental que fundó en 2006 para “visibilizar las muertes provocadas por el accionar de organizaciones armadas argentinas durante la década del setenta” -según explica en su página web- y que subsiste por las regalías de los cuatro libros -dos de su autoría- que publicó durante los últimos 15 años: Los otros muertos; Los llaman... jóvenes idealistas; El terrorismo como crimen de lesa humanidad; y Amar al enemigo.

Su posición ideológica genera fuerte rechazo en el resto de los partidos, que la consideran una “negacionista” de los crímenes del terrorismo de Estado. Durante los últimos meses la cuestionaron por relativizar la cifra de 30.000 desaparecidos, por propiciar visitas de jóvenes al dictador Jorge Rafael Videla durante su arresto domiciliario, según el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el kirchnerista Horacio Pietragalla; y por figurar entre los contactos del genocida Miguel Etchecolatz, como reveló la abogada querellante en juicios de lesa humanidad, que trabajó en la causa sobre la desaparición de Jorge Julio López, Guadalupe Godoy.

En las cercanías de la diputada admiten que se entrevistó con el represor condenado por crímenes de lesa humanidad, pero agregan, como justificación, que también lo hizo con ex miembros de Montoneros, y no le dan mayor relevancia a esos encuentros. Alegan que el hecho de figurar en la agenda del ex director de Investigaciones de la policía bonaerense y mano derecha del general de brigada Ramón Camps no prueba que tuvieran una relación cercana. Y dicen que nunca participó como parte defensora de los represores en juicios de lesa humanidad, aunque sí reconocen que fue consultada, en tanto presidenta de una ONG especializada en estudios en “terrorismo y derechos humanos”, un hecho que consideran natural.

Convencida de sus ideas sobre los beneficiarios de las reparaciones estatales, después de ganar las PASO legislativas Villarruel volvió a exponer sus razones, pero dio un paso más al proponer como ejemplo de irregularidades el actual ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. “La historia de De Pedro es increíble”, dijo entonces, en una entrevista con radio Rivadavia. “Tanto la madre, Lucila Rébora, como su padre, Enrique de Pedro, murieron en combate. Sin embargo, fueron indemnizados por una ley que aplica para los desaparecidos. Es decir, que (el funcionario) cobró dos indemnizaciones como si sus padres hubieran sido desaparecidos”, enfatizó, y detalló los montos recibidos y las actividades de los familiares del titular de la cartera en la organización. El dirigente, mano derecha de Cristina Kirchner, decidió no contestar aquellas acusaciones.

El último capítulo de la controversia sobre las potenciales políticas de derechos humanos de un gobierno de Milei ocurrió ayer, cuando la ONG de Villarruel difundió una invitación a un encuentro en la Legislatura de la Ciudad, titulado “Homenaje a las víctimas del terrorismo”, que se concretará mañana a las 17, en el salón Dorado, con disertaciones de la propia Villarruel; de los familiares Lorenza Ferrari, Graciela Saraspe y Arturo Larrabure.

Apenas se conoció, la iniciativa generó una amplia polémica, a partir del rechazo de los partidos de izquierda, que convocaron a una movilización en el ingreso al edificio a la misma hora de la reunión, y del kirchnerismo a nivel local, así como de organismos de Derechos Humanos. “Milei prepara las condiciones para un indulto a los genocidas”, dijo el legislador del FIT Gabriel Solano, que preside la Comisión contra la Violencia. Mientras que su par Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, calificó el acto como “una reivindicación de la dictadura”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro envió una nota al vicepresidente del cuerpo, Emmanuel Ferrario, para expresar su “profunda preocupación”. “Esto pone en peligro acuerdos básicos alcanzados por la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria y contradice los posicionamientos históricos que cada año esta legislatura renueva en referencia a la última dictadura cívico militar”, dijo. Mientras que “Taty” Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, advirtió ante una consulta de la agencia Télam que LLA “quiere reinstalar la teoría de los dos demonios, algo inconcebible a 40 años de democracia”.

Por ahora, la cúpula del kirchnerismo no reaccionó ante las ideas de Villarruel. En cambio, se concentra en las propuestas económicas de Milei, desde la dolarización, al cierre del Banco Central y a la salida del bloque del Mercosur, entre otras iniciativas que ya se debaten rumbo a la primera vuelta electoral.

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