El oficialismo dictaminó hoy el proyecto de “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado” en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, a pesar del rechazo de Juntos por el Cambio, que criticó el proyecto por no incluir beneficios para quienes pagaron en tiempo y forma.
El bloque de Unión por la Patria hizo valer su mayoría en la comisión y también contó con el apoyo de representantes del interbloque Provincias Unidas. Sin embargo, si no logra sumar el respaldo del Interbloque Federal, que no hizo pública su postura ni participó de la comisión, enfrenta un panorama incierto en el recinto.
Juntos por el Cambio firmó un dictamen de rechazo y señaló que para tener éxito un blanqueo debe tener estabilidad, seguridad jurídica y un gobierno que genere confianza. La izquieda también adelantó que no acompañará la iniciativa.
El proyecto, impulsado por Sergio Massa, establece que se podrán “blanquear” tenencias de moneda nacional o extranjera en el país o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles e inmuebles. La iniciativa elaborada por el Palacio de Hacienda surge luego del acuerdo firmado en diciembre pasado entre la Argentina y Estados Unidos que establece un sistema de intercambio de información tributaria que permitirá a ambos países acceder a datos cruzados sobre operaciones realizadas por sus ciudadanos en los respectivos sistemas financieros.
“Es un nuevo parche que en este contexto solo beneficiaría a los que están en riesgo de ser descubiertos, por ejemplo, con activos en EE.UU. gracias al nuevo convenio de cooperación. Es un blanqueo para unos pocos. ¿Por qué no los encontramos? ¿Por qué le damos la posibilidad de entrar tan fácilmente?”, dijo la diputada del PRO Germana Figueroa Casas.
Otra novedad con respecto al proyecto que había sido presentado en mayo es que se eliminó la figura del “colaborador”, que obtendría un beneficio por brindar datos de patrimonios no declarados. Además, se establece que no podrán entrar al blanqueo las personas condenadas por delitos de “lesa humanidad” o por graves violaciones a los derechos humanos.
Lo recaudado por el impuesto especial se destinará en un 80% al Tesoro Nacional y el 20% restante a programas y proyectos que tengan como objeto financiar la construcción de viviendas en barrios populares y la realización de obras, entre ellas, las relacionadas con la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural.
Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto Carlos Heller destacó que la norma quedará vigente por un año por lo que el próximo gobierno, sea quien sea, “va a disponer de esta herramienta”.
En caso de ser aprobada por el Congreso, podrán ser “exteriorizados” sumas de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera; activos financieros en el país y en el exterior incluyendo criptoactivos; inmuebles en el país y en el exterior; muebles y bienes en el país y en el exterior.
Las alícuotas serán del 5% desde la entrada en vigencia y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos de la puesta en marcha del blanqueo; 10% para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo anterior y hasta transcurrido el plazo de 120 días; y 20%, para los bienes declarados desde el vencimiento del segundo plazo y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos.
Por otro lado, se establecerá un Régimen Simplificado con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional o extranjera por un monto que no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos tres años o un tope de hasta USD 50.000 (lo que sea menor). En el caso de que la persona no cuente con ingresos declarados, en los últimos tres años, el importe que se exteriorice no podrá superar el equivalente a USD 50.000. Además, quedarán excluidos de este régimen las personas que hayan quedado alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario.
Finalmente, desde el oficialismo pusieron especial énfasis en que no podrán disfrutar de este beneficio fiscal los funcionarios del gobierno nacional ni de las provincias, incluídos sus familiares.
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