En el marco de su plan para reorganizar el Estado en el caso de llegar a la Presidencial, el tema de la energía es uno de los puntos más importantes para el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, ya que es uno de los sectores que pretende modificar para reducir el gasto público, una de sus propuestas de campaña.
Si bien no piensa privatizar las empresas de servicios, sí plantea cambiar los contratos de convenio de trabajo con las distribuidoras de gas, agua y electricidad, para recalibrar el sistema de subsidios y que el costo no recaiga tanto en la factura que paga el consumidor.
En este proyecto trabaja, principalmente, Eduardo Rodríguez Chirillo, muy vinculado con el proceso de privatización de compañías estatales que se dio en la Argentina durante el gobierno de Carlos Menem, y con amplia trayectoria en cuestiones energéticas.
Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina y con un doctorado de la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, fue consultor de la Secretaría de Energía entre 1995 y 1996, cuando estaba bajo la órbita de Domingo Cavallo, y asesor del entonces Ministerio Nacional de Infraestructura y Vivienda, en 2001, a cargo de Carlos Bastos.
Además, fue gerente de asuntos regulatorios de Azurix, la firma que tenía la concesión del servicio de agua en gran parte de la provincia de Buenos Aires, antes de partir para España, donde continuó su carrera como director jurídico para Latinoamérica de Iberdrola, un conglomerado energético.
Hace algunas décadas, Rodríguez Chirillo escribió el libro “Privatización de la empresa pública y post privatización: análisis jurídico”, en el que aborda los aspectos generales para llevar adelante un proceso de esas características, los distintos modos para hacerlo, la legislación aplicable para ello y la experiencia en los países de la Comunidad Económica Europea.
Recientemente, Rodríguez Chirillo fue contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para asesorar a la actual Secretaría de Energía, a cargo de Flavia Royon, en cuestiones de “aprovechamientos hidroeléctricos concesionados de la Argentina”.
En esos contratos, a los que accedió Infobae, ya hablaba sobre la “quita gradual de subsidios a empresas y su reemplazo por subsidios a la demanda para los más necesitados, señales de precios adecuadas para la inversión, promoción de exportaciones firmes de largo plazo y de un plan de infraestructura de transporte de electricidad, gas y petróleo, mediante mecanismos de declaración de interés público y la convocatoria al sector privado”.
Esta tarea que realiza para el BID cuenta con una cláusula de confidencialidad que le impide al especialista divulgar información que puede ser considerada sensible, por lo que podría generar un conflicto de intereses la labor que realiza desde hace un tiempo para Milei.
De hecho, uno de los principales competidores del candidato presidencial, Sergio Massa, en su calidad de Ministro de Economía, integra la asamblea de gobernadores del organismo financiero como representante por la Argentina.
Además, la entidad, con sede en Washington DC, está presidida por Ilan Goldfajn, quien hasta noviembre del año pasado era el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que estaba a cargo de las negociaciones por la deuda.
En el marco de su viaje a Estados Unidos, Massa anunció este martes un financiamiento extra para este año de USD 1.385 millones, parte del cual será aportado por el BID, que consideró fundamental “para sumar reservas internacionales, pero también para financiar el desarrollo”.
Si bien cumple solamente el rol de asesor, Rodríguez Chirillo no es la única persona vinculada con ese banco de desarrollo que se suma al equipo de Milei: Guillermo Francos, que es director ejecutivo por Argentina y Haití, confirmó que en los próximos días renunciará a ese puesto para acompañar al libertario en su campaña.
De acuerdo con el plan de gobierno que presentó el propio candidato presidencial, en su eventual gestión la energía será un asunto central, ya que la considera “el motor indispensable para el crecimiento económico”, aunque también advierte que actualmente el sistema “se encuentra desinvertido, desfinanciado, ineficiente y con riesgos de colapso”.
Para el equipo de La Libertad Avanza, los subsidios a la oferta, es decir, directamente a las empresas, distorsionan la señal de precios que el mercado necesita para realizar el cálculo necesario para invertir, crecer y lograr un funcionamiento eficiente.
Por esta razón, una de las propuestas del grupo de especialistas abocados a este tema es el de eliminar los subsidios existentes, recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos para bajar el costo de las empresas, sin que esto se traduzca a un fuerte aumento en las tarifas.
Por el contrario, se buscará migrar hacia un esquema de subsidio a la demanda, es decir, a los usuarios, solamente para aquellas familias argentinas que lo requieran, y reformular los entes reguladores, como así también promover la ampliación de la infraestructura de transporte de los sistemas de electricidad, gas natural, y crudo, mediante mecanismos de declaración de interés público y la convocatoria al sector privado.
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