Basural de Luján: la Municipalidad sigue vertiendo residuos y contaminando el lugar a pesar de una orden judicial

El basural a cielo abierto de la localidad bonaerense de Luján, el más grande del país, sigue siendo punto de conflicto entre los vecinos de la localidad, afectados por la contaminación que genera y las autoridades nacionales y locales que incumplen una medida de la Justicia Federal al seguir recibiendo más de 120 toneladas de residuos diarios.

Sobre este punto, el 9 de agosto pasado, la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) le informó al juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezano Pintos que la intendencia a cargo de Leandro Boto puede “ejecutar las tareas de disposición final de residuos sólidos urbanos” en sus instalaciones “como ya lo hizo tiempo atrás a través de convenios particulares de carácter voluntario”.

La respuesta de la CEAMSE es un golpe a la administración local ya que hasta ahora insistía en que las autoridades de ese organismo supuestamente “no respondía” la requisitoria del municipio para saber si tenía capacidad operativa para recibir los residuos urbanos de Luján. En el escrito, firmado por Abel Enrique Marino, en representación de la CEAMSE, le recuerda al magistrado que “nuestros Complejos Ambientales no están configurados para la disposición final de residuos peligrosos”. La aclaración no es azarosa, un allanamiento al basural a cielo abierto de Luján ordenado por el magistrado determinó que, contra todas las normativas vigentes, en el vertedero se arrojan residuos patológicos y peligrosos. Hasta ahora la Municipalidad de Luján sostenía ante la justicia que debía seguir volcando los residuos en el vertedero porque no tenía otro lugar para hacerlo y por eso solicitaba prórroga.

En el documento, firmado por Abel Enrique Marino en representación de CEAMSE, se le recuerda al juez que “nuestros Complejos Ambientales no están diseñados para la disposición final de residuos peligrosos”.

Esta aclaración no es casual, ya que un allanamiento al vertedero a cielo abierto de Luján, ordenado por el juez, reveló que, en contra de las normativas vigentes, se arrojan residuos patológicos y peligrosos. Hasta el momento, la Municipalidad de Luján sostenía ante la Justicia que debía continuar vertiendo los residuos en el vertedero debido a la falta de alternativas y, por lo tanto, solicitaba una prórroga.

El miércoles pasado, 72 horas después de las elecciones PASO en las que Unión por la Patria fue derrotada por La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, junto al intendente Leonardo Boto, recorrió las obras del centro ambiental que se está construyendo en el predio “Sucre”, ubicado a unos dos kilómetros del vertedero, financiado con un crédito de 18 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La obra también es motivo de controversia, ya que emprendimientos de la zona como granjas orgánicas se ven afectados por la contaminación generada por la denominada “zona de sacrificio”, el área designada para la disposición de residuos, incluyendo los patológicos, tal como lo ha determinado la Justicia.

Cabandié, quien se mostró ante los medios de comunicación, manifestó: “Supervisamos y revisamos esta inmensa obra. Estamos contentos por el progreso logrado y se ha solucionado el problema del basural en un 50%”.

Las declaraciones del funcionario de Alberto Fernández fueron contradichas por los vecinos del lugar, quienes buscaban ser escuchados y dialogar con el ministro, pero este se negó a atenderlos.

Viviana Novelle, querellante en la causa penal que investiga la contaminación de las napas, el agua y el aire causada por el basural, deseaba interrogarlo sobre sus conocimientos técnicos que respaldaran su posición de supervisor en el lugar. Además, quería consultarle sobre los detalles del “informe preliminar” que se incorporó al expediente 15107/2023 el 8 de agosto y que investiga las violaciones a la Ley de Residuos Peligrosos, Ley número 24.051.

El Ministerio de Ambiente, a través de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental a cargo de Sergio Federovisky, retomó los trabajos de construcción del centro ambiental en el predio “Sucre”, lo que afecta a diversas sociedades, empresas y Pymes de la zona.

Las tareas se reanudaron después de tres meses, debido a una resolución de la Sala II de la Cámara General de San Martín que permitió continuar con los trabajos. Estos habían sido detenidos por el juez federal de primera instancia de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezano Pintos, al acceder a una medida cautelar en contra del proyecto.

Aunque la Cámara Federal de San Martín revocó la decisión del magistrado de detener la obra, que estaba afectando a emprendimientos privados, mantuvo la restricción sobre el vertido de residuos en el vertedero a cielo abierto, situación que persiste.

Los vecinos de Luján, que no fueron atendidos por Cabandié, intentaban informarle acerca de los detalles del allanamiento realizado por la Policía Federal en el basural. También querían compartir un extenso informe elaborado por los peritos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina.

En este informe se destaca que, aparte de los residuos sólidos urbanos, se hallaron “residuos patológicos como gasas y algodones con sangre, vías de sueros, guantes de látex, apósitos, jeringas, pañales de adultos, bidones de plástico de cinco litros con diversas tintas, filtros de aceite de vehículos, envases de pinturas de treinta litros, entre otros”. Estos residuos están tipificados en la ley 24.051 como peligrosos, por lo que deben tener una disposición final diferente. No deben ser arrojados en un lugar que cause contaminación y represente un riesgo para los habitantes de la zona.

El tema no es menor, un estudio determinó que alrededor de 180 personas, incluyendo niños, subsisten a partir del reciclaje en el vertedero de manera improvisada y sin protección. Solamente unas 24 están organizadas en cooperativas a través de un proyecto impulsado por el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y serán incorporadas al centro ambiental.

Durante el allanamiento también se verificó que: “La quema constante de residuos en condiciones descontroladas genera cenizas que, por sí mismas, constituyen un residuo peligroso. Las emisiones de humo resultantes de estos procesos de combustión incompleta contienen gases y vapores con compuestos orgánicos perjudiciales, incluyendo dioxinas, furanos y compuestos aromáticos heterocíclicos. Estas emisiones se convierten en vertidos de efluentes gaseosos no tratados que contienen residuos peligrosos.” El informe indica que los residuos peligrosos fueron “recientemente vertidos”.

El peritaje realizado por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal enfatiza: “Los desechos clínicos son el resultado de la atención médica brindada en hospitales, centros médicos y clínicas para la salud humana y animal.” También resalta que: “Estos materiales contienen organismos patógenos, virus, bacterias, microbios y sustancias tóxicas infecciosas.”

Este informe, ya incorporado al expediente penal, destaca que: “Las cenizas y los residuos no quemados se infiltran en el suelo y contaminan los recursos hídricos subterráneos.” Además, sostiene que: “Los contaminantes peligrosos, como metales pesados y productos químicos tóxicos, persisten en el suelo y el agua durante períodos prolongados, afectando negativamente la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos.”

El informe de la Policía Federal Argentina advierte: “La quema a cielo abierto de residuos peligrosos y urbanos tiene un impacto directo en la salud de las personas que viven cerca de estas áreas”, y señala que: “La inhalación de los contaminantes liberados puede ocasionar problemas respiratorios, alergias, asma y enfermedades más graves, como el cáncer”.

Los vecinos y productores de Luján, especialmente aquellos que colindan con el predio “Sucre”, deseaban comunicar al ministro Cabandié que en el folio número 52 del informe preliminar entregado al magistrado, los expertos de la Policía Federal Argentina concluyeron que: “El basural a cielo abierto de Luján no cumple con ninguna condición técnica de instalación y gestión que lo convierta en un relleno sanitario”, como sostienen las autoridades nacionales y municipales.

En el párrafo siguiente, los peritos escribieron: “Con las condiciones observadas, el basural a cielo abierto de Luján se convertiría en un foco de contaminación ambiental que podría generar riesgos sanitarios para la población en general, y en particular para las personas de bajos recursos que habitualmente recolectan materiales, denominados por los funcionarios municipales como ‘recuperadores urbanos’”.

Las autoridades, intencionadamente, cuando se expresan, lo hacen sobre la construcción de la planta de recuperación y el presunto relleno sanitario que, según las condiciones técnicas descritas en el recurso de amparo, no evitaría una nueva zona de contaminación y, como el juez de primera instancia entendió, perjudicaría a parte de la población cercana a la zona del relleno. Es decir, no es sostenible para todos, contradiciendo uno de los principales objetivos promovidos por las Naciones Unidas.

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