Crisis habitacional: hay 18 provincias que no tienen ley de ordenamiento territorial

ARA San Juan es uno de más de doscientos barrios populares en la provincia de Salta, ubicado a unas treinta cuadras del centro de la capital. Como en casi todo barrio popular, sus habitantes viven sobre calles sin pavimentar, en casas de ladrillo y chapa, con un acceso inexistente a servicios básicos como agua, gas y sistemas cloacales.

“Acá en Salta la crisis habitacional es tremenda”, dijo Luz Marina Luna, referente del lugar. “Por la condición geográfica del barrio, no hay chances de que pongamos ni siquiera mangueras clandestinas porque vivimos en cerros, entonces no hay posibilidad de que el agua suba”, agregó.

No es noticia que la Argentina actualmente atraviesa una crisis habitacional de múltiples dimensiones. Hoy, 1 de cada 3 hogares del país no cuenta con una vivienda adecuada, según un informe publicado en abril por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la ONG Techo y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Esto significa que más de 4 millones de hogares se encuentran con un déficit habitacional y requieren mejoras estructurales o directamente necesitan una vivienda nueva.

Pese a esta problemática que existe hace décadas, sólo seis jurisdicciones cuentan con una ley de ordenamiento territorial provincial: Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, La Rioja, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto significa que actualmente hay 18 jurisdicciones que no tienen ningún tipo de legislación que regule el desarrollo urbano en sus provincias. Hasta el momento, Argentina tampoco tiene una ley nacional que establezca una normativa generalizada.

El ordenamiento territorial se refiere a una serie de acciones transversales del Estado que tienen como objetivo central implementar una ocupación ordenada y un uso sostenible del territorio, manteniendo una buena calidad de vida para la población y asegurando la integración social de todos los sectores.

Salta es una de las 18 jurisdicciones que no tiene ningún tipo de legislación provincial de ordenamiento territorial. Como la mayor parte del noroeste argentino, la provincia tiene uno de los déficits habitacionales más altos del país, afectando a más de 72.000 familias, de acuerdo al INDEC.

En ARA San Juan, las 410 familias que viven allí tienen que caminar entre diez y quince cuadras para llegar a la parada de colectivo más cercana, mencionó Luna. Sólo cuenta con dos centros de salud, pero ninguno está ubicado dentro del barrio; el más cercano queda a treinta cuadras.

Entre 2010 y 2016, los principales aglomerados urbanos de la Argentina se expandieron hasta 1,5 veces respecto de su crecimiento poblacional –en muchos casos, sin una planificación territorial adecuada, de acuerdo al informe. Al no haber suficientes políticas de ordenamiento territorial en Argentina, y a medida que van creciendo zonas urbanas de manera no planificada, se producen ciudades sumamente deficientes y fragmentadas.

“Las distintas áreas que conforman la ciudad suelen estar funcional, social y físicamente desconectadas entre sí”, explicó María Victoria Boix, directora del programa Ciudades de CIPPEC. “Al crecer sin una planificación que oriente el desarrollo del territorio, la ciudad se expande para uso residencial en suelo mayormente rural, sin habilitación y sin acceso a infraestructura, servicios y equipamiento adecuado. Así, las personas suelen encontrar –de acuerdo a sus posibilidades– soluciones individuales para el acceso a servicios que son más costosas y, en general, más precarias e improvisadas”, añadió.

Cuando Luna habló con Infobae, su barrio llevaba 15 días sin acceso a agua. Como ARA San Juan está ubicado en un cerro, recibe agua potable semanalmente a través de camiones cisterna que van llenando los tachos de los vecinos. Cuando hay demoras en las entregas, la comunidad empieza a juntar agua de lluvia.

“En el mejor de los casos, si tenés unas chapas medianamente nuevas, vas a recibir un agua que te va a permitir bañarte o capaz lavar un poco de ropa,” comentó Luna.

Actualmente, Salta está pasando por una época de sequía. Como no llueve, la recolección de agua de lluvia no es una opción. Debido a esta escasez y la demora en la entrega a través de camiones cisterna, Luna tiene que sacrificar cosas, como por ejemplo bañarse antes de salir a trabajar.

Al ser fragmentadas estas ciudades, también se vuelven excluyentes. En estas áreas metropolitanas se ve un doble fenómeno de densificación y verticalización, esta segunda haciendo referencia a la construcción de inmuebles con más pisos que permiten un mayor provecho del espacio en áreas urbanas densamente pobladas.

“La densificación y verticalización de las áreas metropolitanas ocurren en un contexto global de mayor mercantilización del suelo urbano y de los inmuebles, que actúan como activos financieros y reservas de valor, relegando su función social para garantizar condiciones de vida adecuadas”, agregó Boix. “La verticalización no es mala per se, pero si no se utilizan herramientas para regular los precios del suelo y de los inmuebles, se generan procesos especulativos y de valorización inmobiliaria que excluyen a la población de menores recursos de los centros urbanos y, así, ciudades excluyentes”.

En otro estudio realizado por CIPPEC, se vio que entre 2006 y 2016 el 85 por ciento de la expansión urbana se dio principalmente para usos residenciales. De ese número, el 27 por ciento respondió a urbanizaciones cerradas, como barrios cerrados y countries, y el 9 por ciento a barrios informales.

“En los countries y los barrios privados es donde más obras de infraestructura hace la provincia y el municipio”, agregó Luna.

Luna dio el ejemplo del barrio La Almudena, ubicado a unos 14 kilómetros de ARA San Juan. El año pasado, la Municipalidad de Salta anunció un Plan de Erradicación de Calles de Tierra en diversos sectores de la ciudad. En marzo de este año, anunció que finalizó la primera etapa de pavimentación, remediando unos 1.200 metros lineales del acceso principal al barrio.

En ARA San Juan, en cambio, ninguna calle está pavimentada.

“Para hacer el arreglo de las calles nos organizamos nosotros y nos encargamos de armar cuadrillas de hombres y mujeres”, comentó Luna. “Nosotros somos los que rellenamos, los que cavamos y los que metemos piedras cuando se forman los surcos.”

La Constitución Nacional no sólo establece el derecho a la vivienda adecuada, sino que también contempla una serie de garantías vinculadas al acceso al hábitat. Para ello dicta que es competencia del Estado crear lineamientos para la planificación del territorio nacional y políticas que tiendan al desarrollo equilibrado entre provincias y regiones.

El Poder Ejecutivo Nacional descentraliza los programas habitacionales a los gobiernos provinciales a través del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). En cada provincia del país se encuentra un Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), cuya responsabilidad recae en la ejecución de la política de vivienda en su jurisdicción. Mientras que la IPV de Salta ofrece algunos programas para familias con un déficit habitacional, solamente otorga viviendas a familias con salarios muy por encima de la media provincial, de acuerdo a un informe publicado por la Universidad Católica de Salta.

“En los casos en que no hay leyes de ordenamiento territorial, se rigen por distintas normativas que, en muchos casos, se encuentran fuertemente desactualizadas o no brindan claridad acerca de cómo se piensa el desarrollo del territorio. El desafío está, además, en que no sólo las provincias que aún no las tienen sancionen sus leyes, sino que también lo hagan los municipios”, sostuvo Boix.

Aunque actualmente no existe una ley nacional de ordenamiento territorial, hay dos políticas vigentes: el Plan Nacional de Suelo Urbano y el Programa Nacional de Planificación y de Ordenamiento Territorial. También hay cinco provincias que se encuentran avanzando en la elaboración de proyectos de ley, mientras que en ocho otras hay procesos de trabajo en desarrollo, según el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. De todos modos, no tener una ley que parta del Estado debilita la coordinación entre los tres niveles del Estado.

“En los últimos 15 años ha habido un conjunto de proyectos que buscaron sancionar normativa en esta temática a nivel nacional”, mencionó Boix. “Lamentablemente, todos ellos han perdido estado parlamentario.”

La falta de sostenimiento de políticas públicas a largo plazo, muchas veces interrumpidas por cambios de gestión, también dificulta el establecimiento de un reglamento de desarrollo urbano a nivel nacional.

“Creemos que una planificación estratégica sólida, el desarrollo de capacidad estatal, la coordinación institucional, un enfoque colaborativo y, especialmente, voluntad política, son factores clave para superar las dificultades inherentes a los cambios de gestión y lograr sostener políticas públicas a largo plazo que permitan abordar esta problemática”, sumó Boix.

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