Luego de 35 días consecutivos de cortes de ruta en la provincia de Jujuy se vivió otra tarde de tensión este viernes 21 de julio en el ingreso a la localidad de Purmamarca, uno de los puntos más álgidos de las protestas contra la reforma de la Constitución que impulsó el gobernador Gerardo Morales. Allí, funcionarios de la comisión municipal y vecinos que están en desacuerdo con los piquetes intentaron liberar por sus propios medios el tránsito y chocaron contra los representantes de las comunidades indígenas que sostienen el reclamo.
Si bien las escenas no escalaron, hubo empujones y golpes de puño que derivaron en algunos rostros ensangrentados. Mientras los integrantes de las comunidades aseguran que van a resistir las protestas hasta que el gobierno provincial de marcha atrás con la reforma de la carta magna, vecinos y comerciantes empezaron levantarse contra el mecanismo de bloquear los caminos.
De fondo, el escenario es de diálogo quebrado entre los funcionarios del gobierno provincial y los referentes de las comunidades indígenas que rechazan la nueva Constitución.
El altercado se produjo cuando un grupo de hombres y mujeres se acercaron hasta la intersección de rutas nacionales 9 y 52, en el ingreso al pueblo conocido por su Cerro de siete colores, uno de los atractivos turísticos de referencia en el país. Allí permanece uno de los focos de resistencia más duros desde que se desató el conflicto. Entre los enfrentaron a los manifestantes se encontraban allegados a la comisión municipal, afín al oficialismo jujeño, quienes reprocharon el parate que significa para toda la comunidad el bloqueo de la ruta en plena temporada de invierno, una de las épocas más importantes para una localidad que vive del turismo.
El episodio no tuvo la magnitud de otros enfrentamientos que se dieron en el mismo sitio, aunque registró agresiones físicas entre integrantes del pueblo.
En las últimas horas, además, un grupo de comerciantes de la quebrada realizó una presentación judicial en contra de las comunidades que han sido identificadas en los cortes y le exigió a la justicia federal que libere las rutas. El planteo recayó en el juzgado federal con asiento en la provincia, a cargo del juez Eduardo Hansen, quien corrió traslado al Poder Ejecutivo Nacional, solicitando información, y le dio trámite así a la presentación. El gobierno de Morales tiene puestas sus expectativas en que finalmente el juez libere una orden para que las fuerzas nacionales despejen las rutas, algo que hasta el momento no sucedió.
Un mes de conflicto
La pelea entre el gobierno local y los referentes de las comunidades originarias se encuentran en un punto de no retorno. Quienes permanecen bloqueando las rutas, con diez piquetes diarios en distintos sitios estratégicos de Jujuy, se definen como el tercer Malón de La Paz, e insisten en que la nueva Constitución crea un marco para avanzar sobre la posesión de las tierras que habitan, dejándolos afuera de la explotación de recursos naturales, entre ellos, el litio.
El gobierno acusa a organizaciones sociales ajenas a la provincia, emparentadas con el kirchnerismo y la izquierda, de fomentar la protesta tergiversando el contenido de la reforma en la carta magna.
En una extensa carta, el gobernador Gerardo Morales los acusó de encabezar una nueva forma de golpe institucional, a través del caos. En su misiva, publicada en redes sociales, Morales incluso dijo que el gobierno nacional envió a Jujuy abogados, funcionarios y agentes de inteligencia para sostener las protestas.
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Opositores locales, como la diputada Carolina Moisés y el ex convencional constituyente, Carlos De Aparici, culpan al propio gobierno del conflicto, por haber apurado el tratamiento de la reforma constitucional. Si bien el llamado a la convención constituyente se aprobó en septiembre de 2022, el proyecto que contenía la letra de la reforma se conoció el primero de junio, y fue aprobado 15 días después. Ese período breve, consideran, hizo imposible la socialización de una reforma estructural del marco normativo de un Estado.
El propio gobierno reconoció que durante el tratamiento de la nueva legislación había dialogado con un centenar de comunidades indígenas, siendo casi 400 las que habitan Jujuy. Frente a ello, el gobernador invitó a las comunidades, en su totalidad, para que trabajen ellos mismos en una ley que regule el uso de la tierra, a partir de los nuevos principios que introduce la Constitución reformada. “Los comuneros estarían dispuestos antes de seguir pasando frío en los cortes”, indicaron ante la consulta de Infobae desde el piquete en Purmamarca. Sin embargo, la convocatoria no ha avanzado.
Causas judiciales
Mientras, el gobierno provincial ha sido riguroso en denunciar, a través de Fiscalía de Estado, cada incidente y la justicia local ha avanzado con detenciones, imputaciones y nuevas causas en las últimas semanas. Esto, a su vez, ha retroalimentado el escenario de tensión.
Hasta el momento, la justicia provincial avanza con casi un centenar de imputaciones por tres episodios clave en los 35 días que lleva el conflicto, desde que se aprobó la nueva Constitución.
El primero ocurrió el 17 de junio en Purmamarca, cuando la policía local intentó liberar el corte de ruta que hasta hoy sigue siendo uno de los más representantivos del reclamo de los originarios.
El segundo hecho se dio en la Legislatura, el 20 de junio, cuando la convención constituyente, presidida por el propio Gerardo Morales, juró la nueva Constitución y se produjeron serios incidentes, transmitidos en todo el país en tiempo real. Desde ese día, el gobernador radical sostiene que el kirchnerismo intentó e intenta hacer un golpe institucional en la provincia.
El tercer hecho que derivó en una causa judicial con detenciones ocurrió en el municipio de Humahuaca. Allí una manifestación se hizo presente durante una sesión del Concejo Deliberante. El gobierno denunció que los concejales recibieron presiones para aprobar una ordenanza repudiando la reforma constitucional. El propio Morales aseguró que una concejal del radicalismo sufrió un intento de homicidio.
Ese es el marco en el que la provincia de Jujuy permanece desde hace un mes.
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