Sigue el conflicto en Jujuy: detuvieron a 12 personas por sedición y sancionaron a cuatro policías por abuso de poder

34 imputaciones nuevas, 12 personas presas y 4 policías sancionados fue el saldo del vigésimo sexto día de protestas en la provincia de Jujuy, en donde comunidades originarias y organizaciones políticas rechazan la reforma de la Constitución local que impulsó el gobernador Gerardo Morales.

Mientras una decena de cortes de ruta diarios se mantienen en distintos puntos de Jujuy, los operativos de las últimas horas que derivaron en las nuevas detenciones generaron revuelo en el marco de una provincia con los ánimos caldeados.

A última hora del miércoles 12 de julio, el juez de control Rodolfo Fernández autorizó un pedido de la fiscalía para realizar una serie de allanamientos en la localidad de Humahuaca y en San Salvador de Jujuy, la capital de la provincia. Con esa orden la policía avanzó en operativos que finalizaron con la detención de 9 personas en Humahuaca, y 3 en la Capital, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

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Las primeras detenciones ocurridas en la ciudad de la quebrada jujeña derivan de un violento episodio que tuvo lugar el 1° de julio durante una sesión del Concejo Deliberante humahuaqueño, en la que el manifestantes reclamaron que se sancione el rechazo a la reforma de la Constitución. El gobierno de Morales denunció ese hecho, asegurando que los concejales fueron amenazados para votar una ordenanza repudiando la reforma. El mandatario local dijo que “hubo un intento de homicidio contra una concejal, la quisieron linchar”. De allí surgieron 22 imputaciones, y 9 manifestantes quedaron privados de su libertad, imputados por los delitos de sedición y abuso de autoridad.

En la Capital de Jujuy, en tanto, los operativos apuntaron contra otras 12 personas, de las cuáles tres quedaron detenidas. En este caso, se los acusa de los violentos hechos que se produjeron en la Legislatura local el 20 de junio, cuando los convencionales constituyentes, con Gerardo Morales a la cabeza, juraron la nueva Constitución.

Entre los detenidos aparece un docente de la Universidad Nacional de Jujuy, llamado Iván Blacutt, ex candidato del Frente de Izquierda en esa provincia. Según indicaron fuentes de la investigación, la justicia lo ubicó en algunos videos arrojando piedras contra la Legislatura. El diputado nacional de ese partido, Alejandro Vilca, reclamó su libertad y denunció que en las últimas horas se inició “una cacería” en la provincia.

Otra de las novedades de la jornada está relacionada con la detención de un abogado conocido en el foro jujeño, Alberto Nallar, quien fue registrado en una serie de videos expresándose en contra de la reforma de la Constitución y a favor de las protestas. Luego de analizar las grabaciones, los investigadores de las causas que se tramitan en la justicia local consideraron que incitó a la violencia colectiva (artículo 209 del Código Penal), llamó a un “alzamiento público” (artículo 212) y a un “motín” (artículo 230, inciso 2). Nallar se encuentra detenido.

El contexto en Jujuy es de una relación quebrada entre los dirigentes que encabezan las protestas y el gobierno, que defiende el proceso que terminó reformando la Constitución y denuncia en la Justicia local cada hecho nuevo que considera como delito, en el marco de una alteración general de la vida diaria de la sociedad jujeña.

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En ese contexto, se produjo un episodio confuso en un predio de la Universidad Nacional de Jujuy. Allí se encontraba sesionando el Consejo Superior de casa de altos estudios, el pasado 12 de julio, cuando cuatro policías de la provincia irrumpieron en el encuentro.

Si bien no existe una explicación oficial del motivo de esa incursión, fuentes del gobierno jujeño confiaron a Infobae que habían sido requeridos por el personal de seguridad de la propia Universidad, ante la presunción de que allí se estaban organizando nuevas protestas. Esta versión, sin embargo, fue desmentida en forma categórica por quienes estaban presentes en el episodio.

Un día después, el gobernador Gerardo Morales repudió la incursión de los uniformados de la fuerza local en jurisdicción de la Universidad, y promovió sanciones contra los policías. Se trata de dos hombres y dos mujeres, a quienes se les iniciaron sumarios administrativos.

El clima social en Jujuy, mientras tanto, continúa enrarecido. El gobierno local denuncia que quienes sostienen las protestas y los cortes de ruta son fundamentalmente dirigentes que responden al gobierno nacional. El gobernador Gerardo Morales afirmó que “los violentos que están en los cortes, que son de afuera, no las comunidades, son fascistas”.

Morales sostiene que las comunidades “han sido engañadas”, e insistió en que ninguno de los proyectos de explotación de litio que se desarrollan en la provincia “han salteado a las comunidades”.

“Este fin de semana el juez federal ya ordenó que se desaloje la ruta. Si no actúa la gendarmería va a actuar la Policía Federal”, indicó el gobernador.

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