Investigan incumplimientos en las obras de saneamiento del basural de Luján, para evitar un daño ambiental de incidencia colectiva

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), auditoría externa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anunció que “conformó el panel de investigación” para corroborar “los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales, directos e indirectos” relacionados con el proyecto de saneamiento del mayor vertedero a cielo abierto ubicado en la localidad bonaerense de Luján. El mentado proyecto, el cual constituye hoy una verdadera incógnita, prevé una planta de reciclado y apertura de un nuevo relleno sanitario, cuyas obras se realizan con un préstamo del BID de 18 millones de dólares.

El mismo fue denunciado por vecinos de ese municipio al verse afectado por el impacto ambiental que se producirá en el “predio sucre” donde se realiza la construcción, proceso penal de cuyos avances parecería empezar a confirmarse la hipótesis presentada ante la justicia.

Tal como adelantó Infobae, la obra fue paralizada por orden de la justicia federal al darle curso a una medida cautelar solicitada tanto por vecinos (Ignacio Francisco Uranga, Carlos Reyes Terrabusi y Viviana Karina Novelle, y 57 residentes de Luján) como por asociaciones civiles de reconocida trayectoria, ante “la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”.

El MICI informó, de manera oficial a través de su página web: “El 28 de junio de 2023 se conformó el panel de investigación, integrado por Kattya Araya, Coordinadora de la Fase; José Luis Rueda, como experto en el componente social y Gunãrs Platais, experto en los componentes ambientales de la investigación. Está previsto que la investigación finalice en marzo de 2024″.

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación es “la oficina independiente del Grupo BID que atiende los reclamos de daños causados a la población de la Región por proyectos financiados por alguna de las instituciones del Grupo debido al potencial incumplimiento de una o más de sus políticas operativas”, describe el propio organismo. Y destaca: “Esta independencia nos permite trabajar de forma imparcial y objetiva para buscar soluciones con todas las partes implicadas: las comunidades que alegan un impacto; el Grupo BID, como financiador de la operación; y el prestatario (empresa o gobierno) que ejecuta el proyecto”.

En el caso de la Argentina, la ejecución del proyecto está a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandie. También está involucrada la Municipalidad de Luján administrada por el intendente de La Cámpora, Leonardo Boto, responsable del basural a cielo abierto más grande del país. Recibe unas 120 toneladas diarias de residuos.

Una denuncia penal, que tramita de manera separada al reclamo realizado ante el MICI y a la medida cautelar, encontró que en el vertedero no solo se arrojan residuos urbanos, sino peligrosos y patológicos sin tratar en violación a la Ley 24.051 de Delitos Ambientales.

Entre otros elementos, los peritos de la Policía Federal Argentina, que realizó el allanamiento en el basural por orden del juez federal de Mercedes Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, hallaron “restos de sangre, algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales descartables”. También encontraron “residuos orgánicos originados en quirófano. Residuos provenientes de cultivos de laboratorio. Restos de animales producto de la investigación médica. Agentes quimioterápicos”.

Por esa razón, el magistrado le ordenó al intendente Boto que extreme “todas las medidas y recaudos necesarios relativos a la disposición final de residuos sólidos urbanos en el basural ”que depende de la Municipalidad“ controlando y almacenando debidamente los mismos, impidiéndose el ingreso y alojamiento indiscriminado de dicha clase de residuos patológicos en el predio, para evitar daños a la salud de las personas y el ambiente en general”.

A partir de la página 22 del documento del MICI titulado: “Recomendación para una verificación de la observancia y términos de referencia” sobre el “programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, identificado como “MICI-BID-AR-2022-0182″ se destacan las “verificaciones” que deberá realizar el panel de expertos que pueden viajar de Washington a la Argentina para corroborar en el terreno lo denunciado por los vecinos.

Entre esos ítems el MICI destaca:

-”Verificación de una adecuada identificación de impactos y medidas de mitigación sobre patrimonio histórico. Por otra parte, el MICI identificó indicios de incumplimiento por parte del Banco (por el BID) al no encontrar que se haya evaluado si este Proyecto generaría impactos negativos no mitigables sobre el Predio Sucre, específicamente, sobre la estación de tren con valor histórico”.

- El MICI encontró indicios de que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) identifica riesgos y potenciales impactos relacionados con líquidos lixiviados (…). El MICI considera que existe un indicio de incumplimiento por parte del BID a la hora de asegurarse de que el monitoreo se encuentra de conformidad con la legislación nacional y la buena práctica internacional”.

- Asimismo, el Estudio de Impacto Ambiental especifica que el basural a cielo abierto no cuenta con “una impermeabilización en su base” razón por la cual “los lixiviados se continuarán generando y migrando al subsuelo”. Por este hecho, el MICI también encontró que “existe un indicio de incumplimiento” por parte del Banco Interamericano de Desarrollo al otorgar el préstamo para el programa.

Entre otras de las razones para formar el panel de investigación y dar curso al reclamo de los vecinos y asociaciones civiles el MICI afirma que el mismo estudio de impacto ambiental presentado ante el BID “identificó que existe infiltración” de líquidos contaminantes que podrían poner en riesgo la “calidad de aguas subterráneas”, es decir contaminar las napas.

El informe oficial del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación destaca que el estudio de impacto ambiental “identifica que durante la construcción del Proyecto existe un riesgo de medio a alto relacionado con potenciales derrames de sustancias o residuos peligrosos, mientras que en la fase de operación se considera un riesgo medio”.

Kattya Araya, José Luis y Gunãrs Platais serán los que de aquí en más deberán investigar lo que el propio MICI señala como “posibles incumplimientos” que surgieron “de los alegatos presentados en la Solicitud” y que “el MICI encontró que podrían haber sido incumplidas algunas obligaciones del BID en relación con su Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias, en sus directivas, legislación y regulaciones nacionales” también “otros factores de riesgo” y “requisitos de evaluación ambiental”; también “supervisión y cumplimiento, hábitats naturales y sitios culturales, prevención y reducción de la contaminación”.

La tarea que deberá realizar el panel de investigación está prevista que finalice en el mes de marzo del año próximo. Para esa fecha, el gobierno nacional y el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estarán a cargo de otros funcionarios.

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