La Justicia encontró residuos peligrosos y patológicos en un allanamiento en el basural a cielo abierto de Luján

La Justicia encontró residuos peligrosos en el vertedero a cielo abierto de Luján y le ordenó al intendente de La Cámpora Leonardo Boto que extreme “todas las medidas y recaudos necesarios relativos a la disposición final de residuos sólidos urbanos en el basural” que depende de la Municipalidad “controlando y almacenando debidamente los mismos, impidiéndose el ingreso y alojamiento indiscriminado de dicha clase de residuos patológicos en el predio, para evitar daños a la salud de las personas y el ambiente en general”.

Durante el allanamiento se encontraron “varias bolsas conteniendo restos patológicos, gasas y algodones con sangre, vías de suero, guantes, apósito, jeringas y pañales de adultos”, entre otros residuos que se generan en centros de salud y laboratorios. Estos por ley deben ser esterilizados (por ejemplo, con vapor) y desechados con recaudos especiales para evitar el contagio de enfermedades.

Lo que se encontró demuestra, no solo que el vertedero es un foco infeccioso y de contaminación -como se denuncia en la causa penal que investiga el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto-; sino el riesgo que corren las familias que viven del basural. Personas que sin ninguna protección y en absoluta vulnerabilidad separan metales, cartones, vidrios y otros elementos para ser vendidos a los “galponeros”.

El mismo magistrado federal le ordenó “a la Señora Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar” que “disponga lo necesario para que por ante la división que corresponda se remitan las actuaciones encomendadas a ese organismo mediante oficio de fecha 2 de mayo del corriente respecto del control y fiscalización del Basural a Cielo Abierto de la localidad de Luján, a efectos de establecer si el mismo cumple con la exactitud necesaria y exigible, los presupuestos mínimos de protección ambiental que establece la legislación y reglamentación vigentes”.

El allanamiento al vertedero de Luján se realizó el 16 de junio pasado -tal como informó este medio- en el marco de las “actuaciones complementarias” derivadas de la causa penal 15.107/2023 que tiene como querellante a la vecina, empresaria y emprendedora Viviana Novelle, y a Martín Magram como abogado patrocinante.

Allí denuncian la posible violación de la Ley 24.051 de Delitos Ambientales, que define como residuo peligroso “a todo aquel que pueda causar un daño, directa o indirectamente, a los seres vivos, o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. La denuncia tiene por objeto tanto el volcamiento de residuos peligrosos como la eventual omisión de control de los funcionarios públicos competentes.

Los primeros informes que llegaron al juzgado federal de Mercedes por parte de los peritos del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) confirmarían el descontrol que existe en el vertedero y que las autoridades responsables no controlan, al menos de manera efectiva, lo que arrojan empresas privadas.

En el listado de “residuos patológicos” figuran: “Restos de sangre, algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales descartables. Residuos orgánicos originados en quirófano. Residuos provenientes de cultivos de laboratorio. Restos de animales producto de la investigación médica. Agentes quimioterápicos”.

En la propia página web de Presidencia de la Nación se describe qué se debe hacer con los residuos patológicos. En primer lugar, destaca que los establecimientos que los generan “tienen que cumplir con lo que dice la ley sobre los residuos peligrosos”. A párrafo seguido explica que: “Existen distintos tipos de tratamiento: desinfección con productos químicos, uso de microondas, incineración, etc”. Y exige que: “Deben almacenarse en bolsas y contenedores especiales para evitar la contaminación”. Descartarlos en un basural a cielo abierto exponiendo a los vecinos a enfermedades e infecciones no está contemplado.

Los peritos también tomaron unas 200 muestras de agua, tierra y aire para realizar análisis toxicológicos que aún están en proceso.

En la foja 76 de las “actuaciones complementarias” realizadas por la PFA por orden del magistrado -ver facsímil- los investigadores describen la lista detallada de lo observado en el procedimiento del que participaron los querellantes y sus propios especialistas: “Una bolsa roja que contenía en su interior gasa con residuos patógenos, algodones con sangre, vías de suero, guantes, apósitos, jeringas y pañales de adultos tanto en dichas bolsas como sueltos”.

Los inspectores también encontraron “bidones plásticos de cinco litros de diversas tintas; filtros de aceites de vehículos; envases de pintura de 30 litros”, en cantidades industriales.

También se hallaron restos de mochilas de fumigación y envases de productos fitosanitarios. Las principales características de peligrosidad de estos residuos es que son “tóxicos agudos: Sustancias o desechos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel”.

En el expediente ya se han incorporado testimonios de ex funcionarios, y análisis químicos privados que revelan la presencia de sustancias altamente tóxicas como estireno, vinilbenceno y plomo.

Se presume que entre los lugares afectados por la contaminación se halla la escuela rural de Open Door, ubicada entre el basural, más conocido como “La quema”, y la Estación Sucre, el lugar donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a cargo de Juan Cabandie, construye una planta de reciclado y un relleno sanitario con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que con los intereses llega a unos USD 18 millones.

El mismo magistrado ya paralizó la obra al darle curso a una medida cautelar solicitada en el marco del amparo ambiental interpuesto por vecinos del lugar, quienes se ven perjudicados y ante “la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”.

El juez también había prohibido que la Municipalidad siga arrojando los residuos urbanos en el vertedero, pero la intendencia solicitó una prórroga -otorgada por el magistrado- para hallar un lugar dónde llevar las 120 toneladas diarias que producen los habitantes del municipio.

El lugar más adecuado sería la CEAMSE, sin embargo, hasta ahora no se iniciaron los tramites para realizarlo a pesar de existir una ordenanza que permite realizar esa operación.

Como informó este medio, en la causa penal ya declaró Sergio Horacio Fernández, Subsecretario de Servicios Público de la Municipalidad de Luján desde el 2016 al 10 de diciembre de 2019. Su testimonio fue revelador y alarmante.

Afirmó que en el basural ya se han encontrado “todo tipo de residuos, desde fetos humanos, una beba muerta con dos días de vida —según la autopsia—, animales muertos, residuos industriales de todo tipo, aceites combustibles, filtros de automotores; de ello se ha dado intervención a la policía ecológica de la policía de la provincia de Buenos Aires, delegación San Martín”.

La contaminación que existe en el lugar y zonas aledañas al vertedero ya había sido reconocida por el ministro Cabandie durante un recorrido que realizó, junto a otros funcionarios, en la Estación Sucre: “En este basural se tiraban los escombros del conurbano, caballos, animales domésticos, residuos peligrosos, químicos”, dijo.

El allanamiento realizado hace menos de un mes demuestra que eso sigue sucediendo y que hasta ahora nadie pudo o quiso pararlo en violación expresa a las leyes nacionales que se deberían aplicar para evitar que se siga contaminando el medio ambiente y enfermen los vecinos.

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