Entre denuncias de fake news y campaña sucia, se calienta la recta final de las PASO en Santa Fe

En sintonía con la paridad que dan las encuestas a una semana de las elecciones internas, una resolución del Tribunal Electoral de Santa Fe puede leerse como un empate técnico entre los principales dos candidatos a la gobernación por el frente opositor “Unidos”, Carolina Losada y Maximiliano Pullaro.

A favor de la candidata se resolvió bajar algunas publicaciones que la difaman, pero no porque formen parte de una campaña sucia contra su persona o se trate de fake news, como denunció, sino por violar normas de transparencia al hacerse desde el anonimato y sin saber quiénes las financian o están detrás. Podría decirse que logró su objetivo, pero por razones distintas con las que argumentó.

Para casi todos los encuestadores hay una diferencia de pocos puntos entre los dos principales referentes que tendrá la PASO de la coalición opositora el próximo domingo, una diferencia que suele entrar en el pequeño margen que impide dar un pronóstico de confianza sobre el resultado que arrojarán las urnas.

De esa contienda entre dos radicales que responden al armado nacional de Patricia Bullrich (Losada) y Horacio Rodríguez Larreta (Pullaro) saldrá el candidato a gobernador que el 10 de setiembre pretende destronar al peronismo del gobierno de la provincia. La tercera candidata del espacio es la ex intendenta socialista de Rosario Mónica Fein, que se vio favorecida por esta pelea entre Losada y Pullaro y sumó algunos puntos en el último tramo de la campaña.

Del otro lado espera el precandidato del peronismo Marcelo Lewandowski, que hará en las PASO una vuelta previa en la que piensa imponerse claramente, en este caso con números amplios, a sus otros tres competidores internos dentro del frente “Juntos”. El desafío del senador nacional y ex periodista deportivo será en las generales, donde si quiere ganar deberá sumar más allá de las fronteras del peronismo.

En parte, Lewandowski podría verse favorecido por la inesperada disputa pública con la que se viene dando la interna en el frente rival, especialmente con declaraciones de fuerte tono por parte de Carolina Losada contra Maximiliano Pullaro, que este último siempre prefirió no contestar.

En el sector que acompaña al ex ministro de Seguridad de la provincia, prefieren hablar de “ataques de Losada” antes que de una “pelea” entre los dos, porque resaltan que nunca hubo “vuelto” a las graves acusaciones que hizo la actual senadora, que llegó a anticipar que no piensa trabajar en la general junto a su rival por diferencias éticas y morales.

Si esto pasa en la superficie de la campaña, no podía ser menos turbulento lo que ocurre en otros ámbitos menos visibles: desde denuncias por intentar quemar o destruir la cartelería pública del otro, hasta una campaña sucia por las redes sociales y plataformas virtuales en Google y Youtube, con fake news incluidas.

Creció tanto ese nivel de agresión que ambos candidatos llegaron a hacer denuncias formales. Primero Losada intimó por nota (el 13 de junio) a Google para que se frene una “maniobra espuria e ilegal” y se abstenga de publicar contenidos que cree forman parte de una campaña sucia que persigue desacreditarla con “afirmaciones falsas e injurias”, en medio de la campaña electoral. La nota alude a una “infame operación de desprestigio”.

Ante la falta de respuesta, el equipo de la candidata le pidió al Tribunal Electoral de Santa Fe que intervenga y ordene el cese de la publicación de esos contenidos. También reclamó que se identifique a quienes están detrás y conocer el origen de los fondos con los que se financian.

Como del lado de Losada insinúan que puede ser una acción de su rival interno, Pullaro hizo una presentación penal para conocer quiénes son los dueños de los dominios que publican esos contenidos contra la senadora e iniciar acciones penales y jurídicas.

Son varias las páginas en las que se publicaron estas notas consideradas agraviantes: la principal y a la única que alude el fallo del Tribunal Electoral es “La Provincial”, pero hay otras que se denominan La Voz de Santa Fe, Laburen ladris o El departamental.

En su dictamen, el Tribunal Electoral desestima que se trate de una campaña sucia o ilegal, y opina que el contenido de las publicaciones consideradas difamantes por Losada, “aún editadas, forman parte del núcleo de la libertad de expresión”.

Las publicaciones contienen un trabajo de compaginación de distintos fragmentos de notas y reportajes de Losada, a las que el tribunal considera “manifestaciones públicas no controvertidas y formuladas por una persona que, por sus actividades precisamente de carácter público, está expuesta a la crítica y esas críticas amparadas por la libertad de expresión”.

“Es un producto que no excede el marco del derecho de expresión, libre y sin censura previa, amparado por la Constitución Nacional”, dice el dictamen del Tribunal.

No obstante, considera que sí se vulneran otras reglas, desde el momento que no está claro el autor de las publicaciones ni quién las financia. El anunciante de las propagandas impugnadas se identificó en el Centro de Transparencia de Anuncios Políticos de Google como “La Provincial”, y está ubicado en Argentina, pero sin otra información disponible.

En este punto el TEP advierte que “puede corresponder a la probable actividad de uno o más agentes clandestinos, o bien actores políticos ocultos a cualquier contralor de sus obligaciones o responsabilidades económicas, financieras y políticas, lo cual vulnera el principio de transparencia electoral e impide conocer la autoría y financiamiento de los anuncios y cualquier respuesta o refutación dentro de un escenario de competencia limpia”.

La resolución electoral también señala que “el anonimato de las publicaciones impide la réplica, explicaciones y refutaciones. Si no se identifica el contendiente que lo difunde se lo desresponsabiliza de cualquier afirmación y en especial las que eventualmente quien se sienta afectado pueda considerar difamatorias y, también eventualmente, promover las acciones judiciales que estime pertinentes”.

En un punto de la resolución del Tribunal Electoral de Santa Fe se alude al “problema que acarrea la desregulación o liviana regulación de las redes sociales, especialmente cuando se trata de empresas que se limitan a la búsqueda y almacenamiento de información y que no producen información, lo cual parece vincularlas más a la libertad de comercio que a la libertad de expresión”.

Sostiene que la falta de conocimiento sobre la autoría de las publicaciones impacta en el financiamiento de las mismas, porque la ley impone a los partidos políticos presentar un informe detallado de los ingresos y egresos producidos en la campaña electoral, acompañado del origen y aplicación de fondos debidamente documentado.

“El requerimiento de información sobre los sistemas de financiamiento y regulación de las campañas electorales tiende a garantizar igualdad de los competidores, la limpieza y transparencia del proceso electoral y la neutralidad de los poderes públicos”, recuerda.

Señala que la falta de conocimiento del autor de las publicaciones impide el control del financiamiento y violenta la normativa que rige sobre transparencia de las campañas electorales y rendición de sus gastos.

En un mensaje que pareció dirigido a los protagonistas de esta contienda electoral interna, propicia que “la ciudadanía tiene derecho a elegir sus opciones electorales sobre la base de un debate público auténtico, que no se vea manipulado mediante mecanismos distorsivos. Los discursos injuriantes y las descalificaciones personales no se compadecen con las bases del sistema democrático puesto que inciden directamente en el grado de confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

Avanza sobre este punto al señalar que “las campañas electorales tendrían que interesarnos a todos y servir para promover una alta participación”, por lo que opina que “sería deseable que quienes se presenten como candidatos se esfuercen en hacer una campaña limpia, rigurosa con los datos, transparente y evitando la difamación”.

También exhorta a los candidatos a “celebrar un compromiso de propagar la educación digital a fin de lograr transparencia en la información política que permita un juego electoral limpio”.

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